La historia de los congresos nacionales de educación comenzó en 2006, cuando el recientemente instalado primer gobierno del Frente Amplio (FA) resolvió convocar a la primera de esas instancias, que llevó el nombre de Julio Castro, reconocido maestro y pedagogo. El Primer Congreso Nacional de Educación marcó el inicio de las relaciones entre el FA como gobierno y los gremios y organizaciones sociales de la educación. Si bien en una primera instancia la convocatoria fue bien recibida, varias organizaciones plantearon su disconformidad cuando se conoció el contenido de la Ley General de Educación que impulsó el gobierno y aprobó el Parlamento en 2008, porque entendieron que no tenía en cuenta buena parte de las resoluciones del congreso realizado meses antes.

Por ejemplo, el Primer Congreso Nacional de Educación proclamó a la autonomía como un principio rector de la educación pública en todos los niveles, para “preservarla” de intereses político-partidarios, religiosos y económicos, especialmente de “los organismos internacionales de crédito”. Para el congreso, la autonomía jurídica implicaba “dotar a un ente del grado máximo de descentralización respecto al poder central del Estado”, o sea, “otorgarles a los entes de enseñanza plenas potestades para autodeterminarse en las esferas: administrativa, de gobierno, técnico-docente y financiera”.

En suma, se resolvió que la autonomía de gobierno debía ser acompañada por el cogobierno, en el que deberían participar todos los actores involucrados en la educación, que deberían ser los encargados de definir las políticas educativas “con independencia del gobierno del momento, a través de mecanismos democráticos de participación”. En 2006, el congreso planteó como modelo a imitar para un Sistema Nacional de Educación (SNE) la estructura de gobierno que tiene la Universidad de la República (Udelar), con un Consejo Directivo Central y consejos desconcentrados que tendrían una autonomía similar a la que tienen las facultades de la Udelar. Por lo tanto, se resolvió también rechazar que las autoridades de la educación sean designadas por el Poder Ejecutivo.

Además, se planteó la necesidad de la institucionalización del Congreso Nacional de Educación como encargado de elaborar las políticas educativas, evaluarlas y hacer un balance. Si bien el congreso fue reconocido en la ley, siguió teniendo un carácter estrictamente consultivo, lo que generó rechazo en parte del movimiento social.

Otros temas

En aquel momento fueron 15 los ejes temáticos sobre los que se discutió, y, más allá de la institucionalidad, también se abordaron otras temáticas. Por ejemplo, se definió que el rol de la educación es “transmitir a las generaciones futuras el conocimiento acumulado por la sociedad hasta el momento actual, promover la reconstrucción del mismo y la creación de nuevo conocimiento, así como orientar el uso que la sociedad le dé al mismo”. Por ese motivo, el congreso consideró “inaceptable” que se les asignara a las instituciones educativas únicamente el rol de insertar a las personas en el mundo del trabajo.

En materia de presupuesto educativo, en las resoluciones del primer congreso quedó planteada la meta de llegar como mínimo a 6% del Producto Interno Bruto de inversión en el sector.

Acerca de la formación docente, el congreso planteó la necesidad de que tuviera carácter universitario y de que su institucionalidad tuviera en cuenta los principios de autonomía, cogobierno, libertad de cátedra y opinión, y la provisión por concurso de los cargos docentes. En suma, se propuso también crear un consejo autónomo y cogobernado en la estructura del SNE, que coordinara con la Udelar “en un plano de igualdad política”. Aunque con parte de sus integrantes nombrados por el poder político y sin cogobierno pero con participación de profesores y estudiantes, tiempo después esta inquietud fue recogida con la creación del Consejo de Formación en Educación, en el marco de la Administración Nacional de Educación Pública.

Ya con la Ley General de Educación en vigencia y con menos expectativas de las organizaciones sociales vinculadas a la educación, en 2013 se realizó el Segundo Congreso Nacional de Educación, que llevó el nombre de Reina Reyes, también maestra y pedagoga. En esa oportunidad fueron cinco los ejes en discusión y en buena medida se reconocieron y reivindicaron las resoluciones adoptadas en el primer congreso, por lo que se solicitó que se elaborara una nueva ley de educación que recogiera los principios de autonomía y cogobierno para todo el sistema educativo.