Aprender mejor. Políticas públicas para el desarrollo de habilidades es una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que presenta evidencia de las políticas aplicadas en materia de educación en América Latina y el Caribe para definir cuáles son las que, en materia de costo-beneficio, resulta más conveniente aplicar. El enfoque de la publicación parte de la definición de las habilidades como “capacidades que aumentan la productividad de los individuos”, y las clasifica en habilidades socioemocionales, cognitivas y académicas. La publicación enfatiza en el hecho de que las habilidades “son sumamente maleables a lo largo del ciclo de vida” y que “a cualquier edad hay principios básicos necesarios para un aprendizaje efectivo. En particular, la actividad debe estar ajustada al nivel de quien aprende y debe ser importante y relevante para esta persona. Además, el aprendizaje debe construirse en base a los conocimientos previos de quien aprende y debe perfeccionarse con una práctica intensa”.

El texto afirma que los niveles de educación “han aumentado sostenidamente en la región desde comienzos del siglo XX”, y grafica señalando que los años de educación “aumentaron de prácticamente cero a comienzos del siglo XX a nueve años en la actualidad”. Pero si bien reconoce dicho avance, menciona que el resto del mundo también avanzó. “Por lo tanto, a pesar de los importantes avances logrados, la región ha sido incapaz de alcanzar a los países con niveles similares de desarrollo en términos de años de educación y aprendizaje”. Indica que sólo 30% de los alumnos de cuarto año de la región “alcanza un estándar mínimo de habilidades matemáticas básicas”, mientras que 95% de los estudiantes de Estados Unidos de ese año lo hacen y 66% de los niños de “países con niveles similares de matriculación escolar y desarrollo superan ese nivel mínimo para ese grado y esa materia”.

La publicación considera que el presupuesto destinado a la educación en la región “no es el único problema, ni tampoco el principal”. “Actualmente, la región destina en promedio 3 puntos porcentuales más de su Producto Interno Bruto (PIB) a la educación que hace 25 años en promedio” y destinan “la misma parte de su PIB que los países desarrollados (cerca de 5% del PIB)”. El documento también registra el gasto que hacen las familias en la educación: en promedio, según la publicación, un hogar de América Latina y el Caribe destina cerca de 7% de su presupuesto a gastos educativos, de acuerdo a encuestas de ingresos y gastos de los hogares. La cifra es superior a la de Estados Unidos, donde se gasta en promedio 6% del presupuesto por hogar. En parte, la diferencia se explica, sugiere el libro, porque el porcentaje de estudiantes de la región que asiste a escuelas y liceos privados es cercano a 22%, mientras que en Estados Unidos baja a 8%.

Por otro lado, la investigación cuantifica los retornos de la educación, mencionando que cada año adicional de educación en la región se traduce en un aumento promedio de 9,6% del salario real.

Desde esta perspectiva se considera que se necesita “un mejor gasto para mejorar la calidad de las interacciones en el hogar y en la escuela, ayudando a los alumnos a evitar conductas de riesgo y a completar más años de estudios, así como para crear un entorno de negocios más favorable que fomente el aprendizaje en el lugar de trabajo”. Los investigadores remiten al sitio web www.iadb.org/skillsbank, donde se presenta evidencia sobre las distintas políticas educativas aplicadas y sus resultados.

Alto costo y relativo efecto

El trabajo compara distintas políticas aplicadas en función del gasto que suponen y del efecto en el que redundan en la escuela primaria. Un conjunto de acciones, que “requieren considerables recursos”, son la reducción del tamaño de clase, la extensión de la jornada escolar y el incremento de los años de educación de los maestros. Reducir el número de alumnos por clase, menciona la publicación, “no sólo requiere más maestros y más aulas, sino que también suele implicar la contratación de más personal de apoyo, como directores y maestros especializados”. La investigación estandarizó los resultados de las evaluaciones para mostrar los efectos de disminuir la cantidad de estudiantes por clase, de 25 a 20 alumnos. “En promedio, reducir el tamaño de la clase de 25 a 20 alumnos incrementa el aprendizaje en 6 puntos. La evidencia muestra que los efectos varían, y oscilan entre un efecto negativo de 1 punto de aprendizaje en una evaluación en Estados Unidos y un efecto positivo de 18 puntos de aprendizaje en Bolivia”, menciona el libro, que concluye que la combinación de las estimaciones de los efectos y costos “sugiere que el costo por punto de aprendizaje de esta política ascendería a 47 dólares”.

La extensión de la jornada escolar de cuatro a siete horas generó, según la evidencia recolectada en el estudio, una mejora promedio del aprendizaje de cuatro puntos, pero surge que el costo estimado de la medida por punto de aprendizaje generado asciende, según la publicación, a 210 dólares, “una cifra extremadamente alta”. En este punto los autores aclaran que extender la jornada escolar “podría generar otros beneficios para las familias, entre ellos liberar el tiempo de los padres, que puede transformarse en más horas dedicadas al mercado laboral y proporcionar un entorno seguro para los niños. Por lo tanto, una evaluación global de esta intervención debería considerar el valor monetario de estos beneficios adicionales. No obstante, desde la perspectiva del desarrollo de habilidades, extender la jornada escolar puede no ser una política costo-efectiva”.

La tercera medida costosa analizada fue aumentar la cantidad de años de formación de los maestros, pero, a diferencia de las otras medidas, en esta la evidencia recogida mediante cuatro evaluaciones “sugiere que esta intervención tuvo un efecto nulo en el aprendizaje”.

Bajo costo y alto efecto

El documento también analiza políticas y acciones educativas con bajo costo y efecto considerable en los aprendizajes, y menciona el tracking (o políticas de separación de estudiantes según distintas características), el presupuesto para materiales, los planes de clases, incentivos no monetarios y tecnología guiada con tiempo adicional.

En relación al tracking, el documento cita evaluaciones implementadas en Kenia e India que determinaron mejoras del aprendizaje de entre 8 y 14 puntos de aprendizaje; en Kenia se dividió a los alumnos de primer grado en dos grupos sobre la base de su desempeño académico y en India se reagrupó a estudiantes de distintos grados con desempeño académico similar. “Estas intervenciones requieren un costo mínimo porque básicamente requieren evaluar a los alumnos y luego asignarlos a diferentes secciones”, señala el estudio, aunque aclara que las intervenciones de tracking “deberían analizarse con suma cautela, debido a su potencial para aumentar la segregación y perpetuar las inequidades entre los estudiantes”.

Sobre el presupuesto para materiales, de las cuatro evaluaciones presentadas –en Gambia, Kenia, India e Indonesia– se destaca que el aumento en el aprendizaje fue de entre 2 y 11 puntos, con costos por alumno bajos e insumos como cuadernos y lápices que se entregaban. Otra medida estudiada es la provisión de planes de clases a maestros, en base a seis evaluaciones realizadas en Brasil, Chile, Estados Unidos e Inglaterra, que registraron efectos positivos de entre uno y 21 puntos de aprendizaje, con distintas propuestas; una proporcionaba ejercicios personalizados a los alumnos a partir de una prueba diagnóstica, otra entregaba materiales a los maestros para que reflexionaran sobre sus prácticas, y otras difundían planes de clases con ejercicios y guías específicas por asignatura entre los docentes.

Los incentivos no monetarios a los alumnos presentados en la investigación consisten en mecanismos de motivación, por ejemplo, reuniones entre alumnos y padres en las que se presentan estadísticas sobre los ingresos promedios de personas con distintos niveles de educación o torneos entre escuelas en relación a la cantidad de libros leídos por alumno. En estos casos, las experiencias muestran aumentos de entre 6 y 20 puntos de aprendizaje. El último caso estudiado de políticas de bajo costo y alto impacto son las intervenciones de tecnología guiada con tiempo adicional, sesiones semanales de uso de computadoras para resolver ejercicios, particularmente en espacios libres dentro de la jornada escolar o como actividades extracurriculares, muestran efectos positivos que oscilan entre 12 y 25 puntos de aprendizaje.