A partir de la práctica, educadores hacen aportes y propuestas para pensar las políticas dirigidas a adolescentes

A partir del análisis del programa Jóvenes en Red, actualmente ejecutado desde el Instituto Nacional de la Juventud (Inju), Diego Silva Balerio y Carmen Rodríguez publicaron un libro en el que reflexionan sobre las prácticas de los educadores en ese contexto. Los autores de Adolecer lo común interpelan la responsabilidad institucional en el ejercicio del derecho a la educación de los adolescentes uruguayos, público objetivo del programa. Según plantean, el libro aborda políticas y prácticas que tienen la responsabilidad de poner en relación a los adolescentes con “lo común”, término con el que se refieren a sus derechos, en un sentido práctico, o, en un plano más filosófico, aquello “inapropiable” e “inexpropiable”. Más en profundidad, sostienen que “lo común es aquello con lo que el mundo adulto recibe (debiera) a los recién llegados. Común no es en este sentido algo a lo que se accede sino que se trata de un principio político, de una premisa. Como principio filosófico-político, común se halla contiguo a lo justo y remite también a un actuar en común.

El libro parte de que las políticas se vuelven prácticas. En el caso de la educación, y en particular de la de los adolescentes, se plantea que las prácticas suelen quedar en una “caja negra” o, en otras palabras, en “una zona de oscuridad, de la que poco se habla, poco se la hace hablar, y en general se la excluye de los análisis políticos, la evaluación y el diseño de las políticas”. “Muchas veces las prácticas son una entelequia, algo que no merece ser pensado, porque ‘es trabajo directo’, y no califica para sentarse en la mesa del diseño de la política”, se agrega en la publicación.

En suma, los autores plantean siete principios generales que deberían organizar las prácticas socioeducativas, y la primera es “evitar provocar daño a los adolescentes”, seguida por la de “no tomar decisiones por ellos y sin ellos”. Otra de las pautas es evitar caer en prejuicios, estigmatizaciones y decisiones arbitrarias, y en su lugar optar por escuchar sin juzgar, intentar comprender las veces que sea necesario, informar, discutir y promover que el adolescente tome las mejores decisiones posibles. También se sostiene que no debe “valer todo” ni justificarse cada cosa que hace el adolescente, y, al mismo tiempo, hay que respetar su intimidad; “necesitamos información para hacer el trabajo, pero no necesito saberlo todo, evitemos incentivar el chisme y la descalificación”, se agrega. Otra de las pautas es la de insistir en proponerle alternativas a los jóvenes y sostener la oferta educativa, sumado a que se promuevan mejores condiciones para el desempeño profesional de los educadores, mediante “espacios para pensar, formarse y producir sobre las prácticas”.

Como la integración social de los jóvenes es un logro que no pueden atribuirse los educadores por sí solos, a partir de Jacques Rancière se propone “una forma menos arrogante” para posicionarse. Se trata de “generar las condiciones para que los sujetos de la educación se expongan a múltiples y diversas experiencias sociales, culturales y económicas en las que puedan encontrar”, mientras que los educadores se limitan a “contribuir a identificar señas, trayectos, relatos que configuren experiencias de participación social”.

Aportes a la política

En el apartado final del libro se señalan algunas ideas “para pensar las coordenadas que organicen las prácticas desde las políticas”. Por ejemplo, se sostiene que la cooperación debe ser el principio organizador de las políticas públicas en la materia, y que la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) deben “construir trabajo conjunto para tramar las condiciones de articulación de las políticas socioeducativas”, que son definidas como configuraciones híbridas. Al respecto, agregan que la competencia y la vocación de dominio “de nada han servido para crear escenarios de confianza y coherencia”. Por su parte, sostienen que una planificación estratégica de un proyecto político de “restitución de lo común” será posible únicamente si se establecen objetivos “claros y realizables”. “Lamentablemente, sobreviven prácticas donde la disponibilidad de recursos económicos, y el poder de decisión producen programas sociales y educativos con una delimitación precaria del problema sobre el que se quiere intervenir”, agregan. En suma, los autores proponen reducir el número de programas y, al mismo tiempo, incrementar la diversidad de adolescentes que participan en ellos. Al respecto, señalan que actualmente Uruguay tiene más de 130 programas educativos de atención, y más de un tercio de ellos están dirigidos a menos de 500 personas. Según sostienen, “parece razonable diseñar programas que tengan una batería amplia de estrategias y herramientas de apoyo, dirigidos a un conjunto amplio y heterogéneo de adolescentes”.

Otra de las propuestas es la creación de una “currícula básica y común para el trabajo con adolescentes”, que sirva como “vía de estabilización y regulación de las prácticas socioeducativas”. Según señalan, de esa forma se podría “definir con claridad qué saberes debe dominar un adolescente en la actualidad”, sin importar el espacio institucional o formato del que se trate. En relación con los mecanismos de evaluación y de acreditación de saberes, los autores entienden que deben estar a cargo de organismos independientes para “flexibilizar las formas, metodologías, modalidades de transmisión y mediación”.

Además, indican la necesidad de “potenciar el trabajo, las becas y pasantías laborales”, además de promover una mayor inserción en el mercado formal y dar mayor énfasis a las estrategias asociativas y la formación profesional. Con respecto a este tema, agregan que se requiere “construir herramientas de intermediación entre los adolescentes y el trabajo, reconociendo la potencia para la adquisición de saberes valiosos”. Finalmente, plantean que para lograr una mayor profesionalización de los educadores se requiere “establecer funciones pedagógicas claras, mecanismos de evaluación”, y “promover las formaciones en educación”.

Como conclusión, Rodríguez y Silva Balerio hablan de su convicción acerca de que “la tarea de la política consiste en producir la oferta”, lo que debe ser “común a todos, y definitivamente parar de culpabilizar y responsabilizar a los adolescentes por cómo son, por lo que hacen, por lo que no pueden, por lo que no quieren”. “No es nihilista aquel que dice que el problema no son los adolescentes, es un principio político, y las prácticas que operan bajo estas coordenadas son las que insisten y persisten en desatar espacios institucionales abiertos para instalar la circulación de lo común entre los que están en crecimiento y por ahora adolecen lo común”, reflexionan.