La Casa de Alicia volvió a convocar a diferentes profesionales para un conversatorio en el ciclo 2018 de “Inclusión educativa: una construcción colectiva (experiencias de inclusión de alumnos con discapacidad en Uruguay)”. El protocolo de inclusión educativa de personas con discapacidad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Ley General de Educación, la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es la normativa sobre la que se pueden basar las instituciones para reflexionar y actuar en cuanto a la inclusión de todos los jóvenes. Sobre cómo se reflejan estas reglas en las actitudes cotidianas de diferentes espacios educativos giró la conversación de este martes, que convocó a cerca de 100 personas.
Laura Grassi, docente del Consejo de Formación en Educación (CFE); Valentina Delgado, docente del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República; y Eduardo Sívori, asesor en discapacidad del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), moderados por Jorge Méndez (de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura), fueron los encargados de presentar sus opiniones y conversar en un salón lleno de personas que también asistieron a la presentación de la revista Impresiones educativas (ver recuadro).
La pregunta disparadora fue “¿Cómo consideran que estas normativas vigentes en inclusión de personas con discapacidad se vivencian en las propuestas educativas de sus instituciones?”. Sívori comentó que la incorporación de la normativa es “bastante conflictiva, porque por un lado hay una aceptación intelectual, ya que nadie dice que las personas con discapacidad no tienen derecho al trabajo, hay un discurso políticamente correcto instalado. Pero, por otra parte, se ve cierta ambivalencia que se traduce en las actitudes. Todo el mundo se sensibiliza, pero no todo el mundo se compromete con la situación”.
Ante esto el Inefop intenta “concientizar, tratando de hacer entender que el colectivo de personas con discapacidad son parte de la población objetivo del Inefop y no una población objetivo aparte” y, “cuando esa actitud no da resultado”, comienzan a “aplicar la norma, aparece el protocolo de inclusión educativa arriba de la mesa y desde ahí se maneja”.
A su turno, Delgado señaló que en el ISEF las normativas hacen carne en un protocolo propio, en el que se establece “cómo encarar la situación de una persona con discapacidad dentro del ISEF. Para elaborarlo se tomó como antecedente principal el protocolo del MEC y también el de la Facultad de Psicología”.
Impresiones educativas
El martes también fue el lanzamiento de la revista Impresiones educativas, del Centro de Recursos para Estudiantes Sordos (Cereso) del Consejo de Educación Secundaria. La publicación se encuentra en línea y su objetivo es reunir buenas prácticas docentes de inclusión. Una de las coordinadoras del centro aseguró en la presentación que la meta es “democratizar el conocimiento y sistematizar las prácticas que damos a lo largo y ancho del país, en los 25 liceos con un total de 140 estudiantes a nivel nacional que están en proceso de inclusión”. La convocatoria quedó abierta para “todos aquellos que entiendan que pueden aportar y socializar lo que se hace a nivel de una institución que tenga que ver con gestión o con una práctica que pueda vehiculizar el conocimiento para todos los estudiantes”.
Grassi hizo suyas las palabras de sus compañeros panelistas y resaltó que la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad (18.651) no está reglamentada, por lo que “cualquier cosa, cualquier práctica es válida. Reflexionando sobre qué implica la no reglamentación con un conjunto de estudiantes de formación docente pensamos que es una violentación a estos sujetos, porque si no lo reglamentan podemos atajarnos al decir que no estamos preparados”. Méndez discrepó con este punto y comentó que “la ley promulgada es válida más allá de su reglamentación; obviamente, al no estar reglamentada se limita el alcance, pero la ley está y la gente se tiene que hacer cargo”.
No sólo es acceso
La pregunta que marcó la otra mitad del conversatorio fue: “¿Qué papel juega la organización en la trayectoria educativa de los estudiantes con discapacidad?”. Para introducir el tema, Méndez citó al académico Mel Ainscow: “La inclusión no significa sólo el acceso al centro educativo, implica acceder, participar y también tener logros”. Sobre esto aclaró que “hoy por hoy muchas de estas normativas se limitan al acceso, que ha crecido un montón, pero hay que ver si las trayectorias son valiosas”.
En palabras de Grassi, el rol fundamental de la organización se juega en la gestión: “Poder reconocer que hay diferentes potenciales en los diferentes recursos humanos de la organización es muy importante, habilitar esos diferentes recursos y sus movilidades es una forma de trabajar la inclusión de forma transversal”.
Sívori puntualizó que Inefop “es una organización dentro de lo no formal, con el objetivo de la capacitación laboral. Nuestro trabajo es contribuir con la persona con discapacidad en edad de trabajar en su proceso hacia la vida activa, tratando de democratizar el acceso al conocimiento y a la formación profesional, ambos con un principio de generar la igualdad de oportunidades a través de políticas de igualdad”.
Desde su trabajo en ISEF, Delgado reflexionó: “El centro educativo está en medio entre quienes lo habitan y el diseño de las normativas. En ese sentido, hay que visualizar cómo se materializan algunas formas de exclusión en base a un modelo referenciado ideal (varón, adulto y sin discapacidad). Muchas veces nos encontramos con que los propios sistemas educativos producimos la exclusión. Deberíamos poner sobre la mesa, en los centros educativos, la discusión sobre el concepto de inclusión, desde dónde lo queremos abordar y cuánto estamos dispuestos a transformar más allá del acceso”.