En esta breve nota presentamos algunas ideas básicas sobre tres temas que debieran ser discutidos a escala nacional. Ellas se refieren al futuro desarrollo de la educación terciaria, por tanto a la formación avanzada de los uruguayos y, en consecuencia, a uno de los ingredientes fundamentales del desarrollo autónomo y de la mejor utilización de nuestros recursos materiales y humanos.

A pesar de los títulos de cada uno de los temas, estos no son eminentemente jurídicos, por más que algunos deban acabar en futuras leyes o decretos. Lo importante es dar una visión actualizada de las temáticas que no son nuevas y que merecen un enfoque respetuoso de nuestras tradiciones, aunque adaptado a las actuales situaciones culturales, sociales y económicas.

Coordinación del sistema terciario

Empezamos por lo que nunca hemos hecho a pesar de que nos lo planteamos varias veces. En el marco del artículo 202 de la Constitución (“La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza”), la Universidad de la República (Udelar) debería promover la elaboración de una auténtica ley de coordinación de todo el sistema público de educación; en particular, elaborar junto con los otros organismos involucrados una propuesta sobre la coordinación del sistema terciario y superior. Estas leyes deberían simultáneamente incrementar la autonomía de los poderes políticos y formalizar formas de coordinación entre los entes y con las autoridades en materia educativa y cultural, así como dar definiciones claras de las distintas opciones de educación terciaria y sus complementaciones.

La situación real al día de hoy es que estos procesos no avanzan porque faltan discusiones generales sobre las necesidades en materia de formación post educación media, se carece de proyectos institucionales que sienten las bases para el desarrollo y la consolidación de nuevas instituciones, faltan ideas y pioneros que hagan carne de las nuevas iniciativas. La dinámica de crear organismos autónomos, no sólo del Poder Ejecutivo sino también entre ellos, ha llevado a una yuxtaposición de instituciones sin diferencias claras en cuanto a sus finalidades y complementaciones. Esto ha sido favorecido por las interpretaciones doctrinarias jurídicas de la Constitución de la República en relación con la autonomía de estos organismos.

Igualmente grave es que las creaciones se hacen sin que en los hechos haya verdadera autonomía y participación de los directamente interesados, manteniendo el discurso de los años 50 pero permitiendo funcionamientos que en nada los respetan. Nuestra institución ha tomado buenas resoluciones generales consensuadas en cuya elaboración participamos activamente. Ha llegado la hora de concretarlas y elaborar posiciones sobre estos problemas en la certeza de que aparecerán temas neurálgicos de nuestras concepciones del pasado.

Sobre la base de esas concepciones, y de los acuerdos iniciales existentes, se debe continuar e incrementar las políticas de coordinación estrecha con la Administración Nacional de Educación Pública, en particular con el Consejo de Formación en Educación y el Consejo de Educación Técnico Profesional, avanzar en los contactos con la nueva Universidad Tecnológica y promover vigorosamente el desarrollo de carreras terciarias en esos organismos y programas que cuenten con el aporte de las distintas instituciones a partir del respeto y el reconocimiento de diferentes acumulaciones y fuentes de saber. Se debe optimizar recursos humanos y materiales y tender puentes, ya que poco aportan las estructuras endogámicas.

Estructura y gobierno de la Udelar

Las varias veces que se comenzó a discutir la modificación de la Ley Orgánica se hizo sobre la base de elaborar un nuevo articulado y con la intención de corregir aspectos puntuales de esta: integración del Consejo Directivo Central (CDC), condiciones para ocupar uno u otro cargo, etcétera. La estructura misma de la institución prácticamente nunca estuvo en discusión. Los planteos incluidos en el llamado Plan Maggiolo, de 1967, son materia de veneración, pero débilmente tomados como bandera transformadora.

Por ello la discusión de la estructura y el gobierno debe tomar un rumbo totalmente distinto, a pesar de que en su curso aparecerán, como ya fue expresado, temas neurálgicos de nuestras concepciones del pasado. La actual ley, concebida en muchos de sus aspectos en la década de 1930, que consolidaba algunas de las características estructurales de la ley universitaria de 1908 y que se terminó de aprobar en 1958, responde a otros tiempos sociales, culturales y del conocimiento. No se puede elaborar una nueva concepción de la institución sin analizar los cambios que se produjeron desde entonces, que son de diverso tipo. Sin ser exhaustivos –y sin enfatizar en los cambios mundiales que se han procesado en política, economía, ciencia y tecnología–, mencionamos dos que quizá sean los fundamentales: los cambios producidos en nuestra sociedad y sus universitarios sobre las formas de informarse y tomar resoluciones, y los cambios y transformaciones en nuestra propia institución (crecimiento en todos los rubros, nuevas disciplinas y carreras, interdisciplina, cambios en las formas organizativas, etcétera).

Para analizar esos cambios y sus consecuencias debemos formar equipos multidisciplinarios que aporten visiones diversas para concebir la nueva carta orgánica que refuerce el rol de la Udelar como un actor importante en el desarrollo de capacidades productivas y de bienestar social con independencia económica, política y cultural. Todo ello debiera dar origen a discusiones que busquen soluciones aceptables para las diversas posiciones que aparecerán respecto de las nuevas estructuras académicas, de gobierno y de gestión. También contribuirá a dar respuesta a algunos de los asuntos sentidos como urgentes: integración del CDC, formas de elección de todos los cuerpos, condiciones para ser rector, decano y para integrar los cuerpos colegiados.

La estructura académica universitaria sigue siendo, en gran medida, un conjunto de facultades que actúan de manera bastante inconexa. La autonomía y el cogobierno han jugado un papel importante en permitir un desarrollo de la institución que no quedara atado a los avatares del gobierno de turno. Sin desconocer las transformaciones ya concretadas, que son muchas e importantes, convendría impulsar junto a la actualización de la legislación, un funcionamiento más ágil, flexible y descentralizado, con estructuras intermedias que reúnan varios servicios y en las cuales se puedan delegar atribuciones que hoy se concentran en el CDC.

La Udelar, en diálogo con el conjunto de la sociedad, reafirmando sus principios, debe tomar la iniciativa de la reflexión, el debate de ideas y nuevos mecanismos que permitan concretar las transformaciones con el ritmo y la profundidad requeridos, así como la capacidad para anticipar un futuro especialmente desafiante.

El justo equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos lograr a la luz de las circunstancias políticas será parte de la táctica posterior.

El derecho a la educación superior

La declaración final de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, realizada en junio de este año en Córdoba, refrendó con firmeza el postulado de la educación superior como un bien público y social, y como un derecho humano universal a ser garantizado por los estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento son aspectos estratégicos y esenciales para poder garantizar los derechos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, el desarrollo integral de las personas y los países. Comprometida con estas concepciones (e impulsándolas en organismos nacionales e internacionales), la Udelar ha mantenido como una de sus metas principales la multiplicación del acceso efectivo a la enseñanza avanzada, intentando favorecer la apropiación, generación y aplicación de conocimiento, propendiendo a asegurar la igualdad de oportunidades sin distinción o discriminación alguna. Desde la Comisión Sectorial de Enseñanza, las facultades, servicios y centros del interior del país, se vienen desarrollando diversos programas y líneas de acción tendientes a ampliar y respaldar el ingreso, la permanencia y el egreso, a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a implementar nuevos planes de estudio ajustados a la Ordenanza de Estudios de Grado, a consagrar la equidad social y geográfica, así como a profundizar las políticas de inclusión.

La matrícula de ingreso a la Udelar tiene un crecimiento de 5% por año (en términos absolutos, una cifra cercana a los 20.000 en 2018), y puede distinguirse positivamente la relación de estudiantes pertenecientes a los dos quintiles de menores ingresos. Por nombrar solamente una de las políticas de acción afirmativa en curso, el camino institucional impulsado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y desarrollado por las comisiones sectoriales de Enseñanza y Extensión en coordinación con los servicios y el Instituto Nacional de Rehabilitación ha permitido pasar de seis estudiantes universitarios privados de libertad en 2016 a 15 en 2017 y a 52 aspirantes en 2018, además de involucrar un centenar de docentes y tutores.

Más allá de los avances concretados, el proceso de democratización (notoriamente aún insuficiente), requiere de una atención permanente, contemplando de manera integral varios elementos, entre ellos: el creciente estado de masividad (recursos humanos y materiales insuficientes para atender el deseable aumento de la matriculación), las características de la nueva población estudiantil, la necesidad de un adecuado equilibrio entre el fortalecimiento de la formación básica y las políticas de diversificación y flexibilización curricular, las dificultades propias del tránsito entre los ciclos de enseñanza media superior y la universitaria. En este último sentido, y de manera complementaria a la articulación institucional dentro del Sistema Nacional de Educación, consideramos imprescindible generar espacios de trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de ambos ciclos, que fomenten el mutuo aprendizaje de experiencias y buenas prácticas, potenciando de esa manera una estrecha coordinación entre los actores directamente involucrados.

A comienzos de 2015, la Udelar propició el proyecto transversal “Acceso democrático a la enseñanza superior de calidad”, que además de contener varias líneas vinculadas con los aspectos ya mencionados, incluía propuestas para la reducción de cursos y carreras con cupos, la implementación de nuevos turnos de clases y un proyecto de fortalecimiento significativo del sistema de becas de Bienestar Universitario, complementario al Fondo de Solidaridad. Los principales beneficiarios de estas políticas serían los estudiantes que trabajan y, fundamentalmente, los de menores recursos o quienes se encuentran en situación de algún tipo de vulnerabilidad. Estos planes quedaron truncados debido a que la Ley de Presupuesto Nacional no asignó recursos en ese sentido.

La amplitud de los desafíos planteados por consagrar el derecho a la educación y lograr que incluya a sectores sociales que hoy no acceden a ella requiere no solamente el trabajo de las instituciones educativas nacionales, sino fundamentalmente el compromiso del Estado uruguayo en su conjunto.

Roberto Markarian es rector de la Universidad de la República y Fernando Peláez es prorrector de Enseñanza de la Udelar.