El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Presidencia de la República publicó este martes su informe actualizado con “consideraciones para el incremento de la presencialidad en centros educativos”, que pretende contribuir “a la comprensión de la situación global y de la necesidad de la presencialidad en los centros educativos, así como a despejar temores que puedan interferir”.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) estaba a la espera del informe, en vistas de resolver la flexibilización del protocolo sanitario para poder aumentar la presencialidad en las escuelas, un planteo que vienen haciendo familias, científicos y docentes. El Consejo Directivo Central (Codicen) podría tomar medidas en este sentido esta tarde.

Respecto de la dinámica de la covid-19 en menores de 10-12 años, el informe reafirma que los niños “se contagian y enferman de COVID 19 en menos proporción que los adultos. Cuando lo hacen, se presentan con mayor frecuencia como casos leves o asintomáticos. Son excepcionales los casos graves, de hecho, mucho menos frecuentes que otras enfermedades que, sin embargo, no han motivado el cierre escolar”.

Además recuerdan que tanto en Uruguay como en el resto del mundo los contagios en niños se producen generalmente a través del contacto con un adulto, y que los niños “no son grandes transmisores”, sino que “se ubican fundamentalmente al final de las cadenas, lo que orienta a que no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad. Los niños rara vez son el caso índice y excepcionalmente causan brotes”.

El informe también detalla los efectos colaterales de la no concurrencia a los centros educativos, y destacan la malnutrición, fallas en los aprendizajes, deserción educativa, estrés de educadores y de padres, menor cuidado de niños, mayores costos económicos para las familias, ausentismo de trabajadores esenciales, mayor violencia y explotación infantil, aislamiento social, entre otros. “Los efectos adversos del cierre escolar son indudables en la salud física y mental de los niños y de sus cuidadores”, menciona, y enfatiza: “La falta de educación afecta mayormente y en forma desproporcionada a niños vulnerables de contexto desfavorecido”.

Algo constatado en períodos de vacaciones y de desastres naturales se corroboró durante la pandemia, indica el documento, en relación a que el distanciamiento social es “un factor de riesgo probado para el estrés y abuso infantil”. “A la pérdida laboral, el cuidado de los niños por cierres educativos se suma la inseguridad económica, alimentaria y de vivienda. Los cierres educativos aumentan las desigualdades y resienten los sistemas de protección a la infancia, donde los maestros, junto al sistema sanitario, cumplen un rol clave”, valora.

El cierre de escuelas como una medida poco efectiva

Por otra parte, el informe del GACH presenta experiencias y evidencia que coinciden en que el cierre de las escuelas como medida aislada “no mostró efectividad en el control de la enfermedad, y que tanto la capacidad de transmisión de los menores de 10-12 años como la frecuencia de aparición de brotes escolares es baja”. Los investigadores señalan que a esta altura del año hay ejemplos de países con situaciones epidemiológicas “mucho más complicadas y con muchos más casos de Covid 19 que en Uruguay”, donde se ha retomado la presencialidad completa, y recuerdan que las aperturas parciales que realizó el sistema educativo uruguayo en junio “no impactaron en la curva epidémica, o sea, no condicionaron un aumento del número de casos en la población”.

Incluso, afirma el informe, cuando se debió cerrar centros educativos por casos positivos o brotes “no se constató contagio de niños a personal de los centros, y en la gran mayoría los casos índices adquirieron la infección fuera de los centros educativos (en general en ámbitos familiares)”.

En síntesis, el GACH considera que ante la evidencia generada hasta el momento “parece claro que el riesgo de daño por no acceder a las clases presenciales es mayor al de un eventual contagio por concurrir a la escuela”, y afirma: “Las escuelas más que contribuir a la transmisión del COVID-19 reflejan la transmisión comunitaria. Los datos recopilados a nivel mundial han demostrado que las escuelas pueden reabrir de manera segura cuando la transmisión comunitaria es baja, y que incluso en lugares con transmisión comunitaria en aumento, los brotes en las escuelas fueron poco frecuentes en especial si se tomaban precauciones para reducir la transmisión”.

Por último, considera que la disminución del distanciamiento físico dentro de las aulas de 1,5 a un metro “es eventualmente factible en la medida que se refuercen las otras medidas de intervención no farmacológicas. El reintegro de la presencialidad plena requiere de la adecuada gestión de riesgo por los actores involucrados y la sociedad toda”. Como medidas alternativas al distanciamiento el presidente del Codicen, Robert Silva, manejó la posibilidad de que el uso de tapabocas sea obligatorio también para los niños mayores a seis años, que la ventilación en los salones sea permanente y que aumenten las actividades al aire libre.

El informe, con fecha del 9 de noviembre, fue elaborado por los pediatras Mónica Pujadas y Gabriel González, así como por los coordinadores generales del GACH, Rafael Radi y Henry Cohen.

Consejera de Primaria solicita “un plan claro y consensuado” hacia la presencialidad plena

Con base en un informe elaborado por la pediatra epidemióloga Mónica Pujadas y en el comunicado emitido el viernes por la Sociedad Uruguaya de Pediatría que plantea la necesidad de incrementar la presencialidad en los centros educativos, la consejera de Educación Inicial y Primaria Gabriela Verde elevó un escrito al Codicen para que, en lo que queda del año, se destinen “los ahorros generados por el cierre de escuelas para garantizar la presencialidad plena”.

También propone solicitar al Poder Ejecutivo el incremento del presupuesto educativo: “Un mensaje adicional que se vincule a situaciones de emergencias que mitiguen los efectos negativos sobre los aprendizajes”.

Además de los recursos, solicita que se elabore “un plan claro y consensuado” para avanzar hacia la presencialidad plena. En este sentido propone que el Codicen, en coordinación con las autoridades sanitarias, suspenda la aplicación del metro y medio de distanciamiento físico establecido en el protocolo en las zonas cuya situación epidemiológica lo permita, que se implementen acciones específicas para los niños que pertenecen a grupos de riesgo, que se adecúe GURI y GURI Familia para ser un medio de comunicación con las familias respecto de la situación de cada centro y que se den mayores recursos para la desinfección de los centros escolares.

“Las maestras y maestros en las escuelas deben contar con la autorización escrita de Codicen para organizar sus grupos en las aulas con una distancia menor al metro y medio estipulado actualmente por protocolo”, finaliza su pedido.

Informe del GACH

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