El sábado 29, el día antes de la asunción de Luis Lacalle Pou, la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) reunió a su Mesa Representativa Federal, con delegados de las más de 30 filiales de todo el país, para adoptar una posición sobre el anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) que enviará el gobierno al Parlamento la próxima semana. En una declaración que emitió ese órgano, el gremio considera que el texto propuesto por el presidente “incorpora al debate parlamentario transformaciones regresivas en temáticas de enorme importancia para el país”, por lo que los maestros se declararon en preconflicto, a la espera del articulado definitivo que finalmente envíe el Poder Ejecutivo, y que incorporará los cambios que se discuten dentro de la coalición de gobierno.

En particular sobre los cambios en materia educativa, la FUM-TEP considera que las modificaciones que prevé el anteproyecto “afectan la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), pues se traslada al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la elaboración del Plan de Política Educativa Nacional y se subordina al Codicen de la ANEP a ejecutarlo”, cuestiona que se desmantelan los consejos desconcentrados y elimina a los consejeros electos por los docentes.

También señalan que las condiciones laborales propuestas “abonan al desprestigio de los maestros y de los funcionarios no docentes. Además, no se contaría con las suficientes garantías frente a la simultaneidad de estatutos y a criterios que facultan a los directores de centro a conformar sus planteles”, y critican que el anteproyecto “segmenta al Sistema Educativo, debilitando espacios que aportan una mirada sistémica y participativa, imprescindible para preservar el valor de lo público frente a una concepción privatizadora”.

De todas formas, el sindicato valora que en las reuniones que tuvieron sus representantes con las autoridades del gobierno “se nos dio la razón en tres de los conceptos debatidos: importancia de respetar la autonomía de los entes de Educación Pública, garantizar el título de Maestro para todos los cargos, reconocimiento del título universitario”, y reclama “que estos compromisos queden plasmados en el proyecto definitivo”.

Por esto, la federación anuncia su rechazo al anteproyecto y que se declara en preconflicto, “puesto que se trata de un anteproyecto, y se evaluará el conflicto en función del contenido final de la Ley que se presente al Parlamento”, adoptando un camino distinto al de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que ya se declaró en conflicto y anunció movilizaciones.