El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) denunció a mediados de julio el cierre del colegio privado Creciendo, ubicado en Peñarol. Allí asistían alrededor de 80 niños en educación inicial y primaria, y trabajaban 12 personas. Según Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep, el colegio incurría en irregularidades desde 2015: “Por incumplimiento de derechos laborales, falta de pago de salarios, falta de complementos salariales como la antigüedad o el seguro de salud por licencia por enfermedad, aguinaldos no pagos... todos los años estábamos en el Ministerio de Trabajo”, graficó.

El colegio está embargado y va a ser rematado, y a mediados de julio los trabajadores se enteraron de que la dueña había vaciado completamente el local. Recién el martes la dueña comunicó el cierre a algunos de los trabajadores, sin notificar o dar información sobre los adeudos salariales o el pago de despidos. “Parte de su esquema de negocios tenía que ver con la variable del incumplimiento”, afirmó el dirigente sindical.

Desde el 20 de julio hasta este jueves la dueña del colegio fue citada tres veces a audiencias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) solicitadas por el Sintep, pero no concurrió a ninguna.

Por la falta de respuestas, los trabajadores resolvieron comenzar un proceso judicial por deudas laborales y daños y perjuicios, y reclaman el pago del salario adeudado, el aguinaldo y la indemnización por despido. Sommaruga advirtió que el MTSS “tiene un problema al no tener herramientas para hacer cumplir los emplazamientos”.

Además de la demanda judicial, desde el sindicato se está estudiando la posibilidad de apelar al fondo de garantía de créditos laborales que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social, creado por ley en 2018, para cobrar los adeudos.

A su vez, el Sintep también se comunicó con las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria para advertir de “la desprolijidad” de los dueños del colegio y para que se reclamara la habilitación de los pases y la documentación de los alumnos, de forma de facilitar la continuidad educativa de los estudiantes en otros centros.

Pocitos Day School

En junio cerró Pocitos Day School, una institución con cerca de 250 estudiantes y más de 100 trabajadores, y si bien en ese caso hubo instancias tripartitas tras discutir sobre las liquidaciones de los despidos, la institución “no tuvo voluntad de pago de lo que faltaba de salarios o despidos”, señaló Sommaruga.

En este caso los trabajadores también iniciaron una demanda judicial por el pago de las deudas y por despido abusivo. El dirigente informó que aunque la empresa había anunciado que se presentaría a concurso, no lo pudo hacer por no cumplir con los requerimientos contables.

En perspectiva

Para Sommaruga, la pandemia y las dificultades que enfrentaron algunas instituciones educativas privadas puso a la vista debilidades del sector, que a su entender tienen que ver con “un descontrol y una falta de regularización”, que amerita, a su juicio, “rediscutir y actualizar la política pública en relación a la enseñanza privada”. Se refiere principalmente a la ordenanza 14, aprobada por la Administración Nacional de Educación Pública en 1994, que es la que regula la habilitación y el funcionamiento de los centros educativos privados.

Para el dirigente esa normativa “es anacrónica e ineficaz para regular la actividad”, y advirtió que si no se actualiza “esto va a seguir pasando”, en relación a los cierres abruptos de los centros educativos en la mitad del año.

Planteó cuatro preguntas para pensar cambios a la regulación. “¿Cualquier persona puede abrir un colegio en cualquier momento?”. Sugirió revisar “las condiciones de acceso a la habilitación”, ya que los centros educativos “reciben subvenciones estatales”, tal como establece el artículo 69 de la Constitución. Indicó que en 2014 se llegó a un pico de 346 colegios privados, después de unos diez años de creación de más de 60 instituciones “sin que la matrícula creciera al mismo ritmo”, y señaló que “para la cantidad de estudiantes que hay son muchos colegios”.

En segundo término preguntó si debe “recibir el mismo tratamiento un colegio con fines de lucro que uno sin fines de lucro”, y cuestionó que hoy no hay diferencias desde el Estado en ese sentido. La tercera interrogante fue “¿quién controla económicamente la inversión multimillonaria que hace el Estado en la enseñanza privada?”, añadiendo que sólo por IVA e IRAE la renuncia fiscal es de entre 6.500 y 7.000 millones de pesos anuales, a lo que se debe sumar también la exoneración de aportes patronales y el no pago de impuestos municipales. “¿No será hora de que el Estado haga auditorías sobre las instituciones privadas? La situación de descontrol económico en el Pocitos Day School y también en el Creciendo tienen que ver con que el Estado deja hacer”, cuestionó Sommaruga.

Por último, consideró que las irregularidades con los trabajadores “deben ser sancionadas”; en el sindicato han pensado en mecanismos para que quede registrada “la trazabilidad” de las instituciones educativas y que una eventual acumulación de irregularidades pueda derivar en la pérdida de la habilitación.