El proyecto de ley que propone crear un registro de niños en edad escolar con trastorno de déficit atencional e hiperactividad (TDAH) y que plantea crear escuelas especiales para que concurran estos niños generó varias reacciones de rechazo. Al Grupo de Trabajo por la Educación Inclusiva (GTEI) se sumaron la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía (AUPP) y la filial uruguaya de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP Uruguay). En ambos casos, las organizaciones recuerdan que desde 1990 se promueve a nivel internacional la educación inclusiva, y mencionan la normativa uruguaya que se ha aprobado en este sentido, como la Ley General de Educación, que obliga al Estado a garantizar la educación para todos a lo largo de la vida, y el Protocolo de Actuación para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Centros Educativos.

En un comunicado de su comisión directiva, la AUPP expresa “preocupación” ante el proyecto del diputado colorado Jorge Schusman, y señala: “Apoyamos firmemente que la escuela es un espacio donde se aprende a convivir. Adoptar un enfoque de educación inclusiva es un desafío ético además de profesional; es compartir la responsabilidad de un proyecto educativo que no sólo transmite aprendizajes conceptuales y procedimentales, sino también actitudinales, promoviendo una sociedad más inclusiva”, y exhorta a “realizar las consultas pertinentes a los y las protagonistas de la educación”.

Por su parte, la OMEP Uruguay advierte que el contenido del proyecto “contraviene derechos, acuerdos y aportes de distintas disciplinas científicas y colectivos profesionales”. “Hace ya más de 20 años que a nivel mundial se promueve la Educación Inclusiva, en el marco de la Educación para Todos a lo largo de toda la vida, de manera de superar el modelo anterior que este proyecto propone restaurar con un enfoque ya superado”. Aseguran que Uruguay “viene transitando desde tiempo atrás por sucesivos avances por un camino ascendente en relación al paradigma de atención y educación a las personas con discapacidad”, por lo que sostienen que el proyecto “resulta inapropiado y regresivo”.

Recuerdan que el Estado uruguayo “asumió el compromiso de eliminar paulatinamente las escuelas especiales”, y promover otras formas de atención y educación, como los centros de recursos y el diseño universal de aprendizaje. De todas formas, señalan que “el camino que viene recorriendo nuestro país en relación al tema, aun reconociendo avances, merece ser profundizado y dotado de mayores recursos presupuestales”.

Además, opinan que no es pertinente la creación de un registro de niños en edad escolar con TDAH, porque es importante considerar “los cuidados que se deben tener al realizar diagnósticos” en la primera infancia, “en tanto producen efectos en la construcción de la subjetividad, en cómo se integra el niño o niña a la sociedad, en las formas de relacionarse, en los lugares que los otros les adjudican”. En el caso del TDAH señalan que hay “discusiones abiertas en el ámbito científico”, por lo que es importante “ampliar la mirada integrando los aspectos sociales y culturales”.

Sin quórum

Si bien el proyecto de ley está en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, en la comisión del Senado el tema se trató tangencialmente, ya que el lunes representantes del GTEI concurrieron a presentar su visión sobre el tema de la educación inclusiva, invitados por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, que entendió que era necesario que la Comisión de Educación “maneje los conceptos básicos para entender el nuevo paradigma”. El grupo aprovechó la instancia para “levantar las alertas en relación al proyecto”, y plantear las principales preocupaciones que tienen con respecto a la implementación de la educación inclusiva.

Según Sanguinetti, se mencionó que “no está claro cómo hacer las denuncias” cuando en un centro educativo se rechaza a un niño por su discapacidad, se plantearon las dificultades que existen por la falta de datos en el sistema educativo sobre estudiantes con discapacidad y la falta de capacitación de los docentes en estrategias como el diseño universal de aprendizajes. El grupo también señaló que la escolaridad compartida, es decir que los niños con discapacidad vayan unos días a escuelas comunes y otros a especiales, atenta contra la inclusión, y opinaron que la transformación de escuelas especiales en centros de recursos “no está dando los resultados esperados”.