A iniciativa del comisionado parlamentario carcelario, Juan Miguel Petit, la Ley de Presupuesto incluyó un artículo que mandata al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) -a través de su Dirección de Educación- a la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Cárceles. En ese marco, en los últimos meses esa cartera está coordinando acciones con los diversos actores implicados: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), entre otras. Dicho proceso fue presentado públicamente este martes y desde el gobierno se plantearon los lineamientos generales de elaboración del plan.
El director nacional de Educación del MEC, Gonzalo Baroni, habló de que Uruguay cuenta con un sistema carcelario “muy extenso”, tanto a nivel territorial como social, por lo que las experiencias educativas responden a la diversidad del propio sistema. Desde el gobierno se hizo énfasis en que se trata de un proceso que no viene de ahora y que el Estado desarrolla acciones desde hace años. El ministro Pablo da Silveira planteó que no existen intenciones “refundacionales”, pero sí de mejorar lo hecho. En concreto, habló de que las acciones educativas en el sistema carcelario no estaban “debidamente coordinadas” ni tampoco eran pensadas a partir de procesos de “planificación estratégica” o de evaluación.
En esa línea, el plan apuntará a “diseñar, desarrollar, monitorear y evaluar” una política pública que permita abordar “integralmente” el tema y garantizar la trayectoria educativa de los estudiantes, en tanto es considerada un “área fundamental del proceso de rehabilitación”, explicó Baroni. Según dijo, considerará tanto a la educación formal como a la no formal y al vínculo entre la educación y el mundo del trabajo, en el que la UTU será de especial importancia.
Baroni planteó algunos datos sobre la población privada de libertad que consideró “alarmantes”, como el hecho de que 23% cuenta con primaria incompleta, que otro 25% sólo llegó a completar primaria, y que únicamente 2% alcanzó a culminar el bachillerato. Además, sostuvo que 6% de los privados de libertad manifestó no saber leer y 25% dice hacerlo con dificultad, mientras que 11% no sabe escribir y otro 16% escribe con dificultad.
Lo hecho y por hacer
En ese sentido, Da Silveira señaló que no se ha hecho lo suficiente en la materia, con lo que también estuvo de acuerdo Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. Silva marcó que el creciente número de población carcelaria ilustra que “cuando el sistema tenía que actuar no cumplió” con su obligación y, si bien reconoció que se han desarrollado acciones educativas, dijo que “no son suficientes”.
Durante la presentación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mostró datos de 2018 que indican que entre los más de 10.000 privados de libertad, sólo 4.000 accedía a una propuesta educativa de la ANEP en cárceles y 100 estaban cursando formación terciaria. Consultado por la diaria, el presidente del Codicen informó que la ANEP hizo un relevamiento más reciente que muestra que en 2020 11.400 privados de libertad accedieron a alguna propuesta educativa, ya sea en el marco de la educación formal, en la que participan 5.500 internos, o de una oferta de los 95 talleres que también ofrece el organismo.
En diálogo con la diaria, el integrante del Codicen Juan Gabito planteó que debe considerarse que Uruguay cuenta con un número cercano a las 14.000 personas privadas de libertad, pero también que hay otras 14.000 que cumplen penas alternativas. Gabito coincidió con Silva en la falla del sistema educativo con esa población, pero agregó que “vuelve a fallar” cuando se observan las elevadas tasas de reincidencia con las que cuenta el país.
Para el consejero es necesario “cambiar radicalmente la mirada” sobre el tema y, por ejemplo, la educación no puede pensar en los privados de libertad “únicamente cuando están dentro de la cárcel”. Según valoró, debe saberse más sobre su trayecto previo y las acciones que seguirá desarrollando una vez que cumpla la condena, para lo que se debería coordinar con la Dirección Nacional del Liberado. Gabito señaló que la ANEP cuenta con un sistema de protección de trayectoria de los estudiantes, pero los sigue mientras están dentro del sistema formal. Por lo tanto, consideró que hay que idear un sistema por el que pueda acompañarse a la persona más allá de la institución en la que esté inserta y, para este caso concreto, “no sólo pensar en el preso cuando está preso”.
Por su parte, Silva adelantó que la ANEP está trabajando en la generación de un sistema de información que vaya en ese sentido. Además, mencionó que el organismo está elaborando propuestas educativas específicas para quienes están en cárceles, para lo que puede aprovecharse el desarrollo de las propuestas virtuales generadas por la pandemia. Al respecto, Silva declaró que los educadores que trabajan en esos contextos mencionan que estudiar en una cárcel implica “una situación muy compleja y diferente” a la de cualquier centro educativo. Por ejemplo, mencionó que algunas veces las actividades deben ser suspendidas por disposición de los propios centros de privación de libertad. “Se está trabajando para aprovechar la virtualidad y las posibilidades que ofrece también en coordinación con el Plan Ceibal”, sostuvo, y adelantó que se espera llegar con una propuesta concreta para el año que viene.