Con el respaldo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), su filial más grande, la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES) de Montevideo, presentó este martes una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) por “hechos gravísimos” relacionados con “persecución y represión antisindical” por parte de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). Según la denuncia, las acciones de la administración violan normas uruguayas e internacionales, entre ellas el artículo 57 de la Constitución, que refiere al derecho a huelga.

Emiliano Mandacen, presidente de la filial, señaló a la diaria que decidieron presentar esta denuncia porque hay “una persecución sindical que está tomando ribetes muy agudos”. Según informó a la diaria el presidente de la Inddhh, Juan Faroppa, la denuncia ya pasó a los equipos técnicos para que la analicen y está previsto que el Consejo Directivo del organismo la trate el martes próximo.

El sindicalista sostuvo que les parece “importante” colocar estos temas “tanto en la órbita nacional como en la internacional” porque es una “práctica constante” que han tenido las jerarquías de la educación en lo que refiere a “violentar los derechos más mínimos de la ley de fueros sindicales”. A su vez, aseguró que la DGES está llevando adelante una “cacería” a todo aquel profesor que esté agremiado.

Por otro lado, Mandacen dijo que “a la brevedad” tienen previsto presentar otra denuncia porque se están “vulnerando las carteleras sindicales” que hay en los liceos. “Tenemos varias denuncias de que se arrancan materiales de las carteleras sindicales, lo que está terminantemente prohibido. Vamos a seguir estudiando situaciones y vamos a tratar de seguir documentando y denunciando todo este tipo de atropellos, donde se vulneran derechos básicos como el de reunión y la libertad de expresión”, afirmó.

Asimismo, opinó que se está avanzando hacia un concepto “restrictivo” de la laicidad, cuando “los centros educativos deben ser un centro de debate ciudadano con los temas neurálgicos que involucran a toda la sociedad”. “Me parece que estamos yendo por un mal camino”, agregó.

Te vas

En la denuncia, a la que tuvo acceso la diaria, ADES se refiere a tres hechos concretos. El primero fue cuando la dirección del liceo 29, de Villa Muñoz, prohibió realizar una reunión del núcleo sindical tanto dentro como en la puerta del centro educativo, apelando a una “orden directa” de la DGES y argumentando la aplicación de la ley urgente consideración (LUC). Dicha prohibición se realizó mediante un mensaje de WhatsApp enviado por la directora del liceo a una profesora afiliada al sindicato. Dicho mensaje decía: “De acuerdo a lo recién comunicado desde Inspección General, días de paro no pueden realizarse reuniones gremiales dentro o frente al liceo, para garantizar el derecho al trabajo de los que asistan. Sí podrán realizar dicha reunión cualquier otro día de actividad normal en el liceo, comunicándolo con la mayor antelación posible”.

En el marco del paro llevado adelante el 18 de noviembre, los profesores sindicalizados convocaron a una reunión para hablar sobre los “problemas” de cara a la elección de horas -que se está llevando adelante- y para analizar cuestiones pedagógicas del centro, pero no pudieron hacerlo.

Según explicó a la diaria el presidente de ADES en su momento, la actuación de la titular de la DGES, Jenifer Cherro, fue “muy grave” porque la orden oral no estaba asentada en ninguna documentación, ni en el parte diario del liceo, por lo tanto, “violentó cualquier normativa laboral”. Asimismo, Mandacen indicó que se ignoró la normativa vigente y que la DGES “logró colocarse a la derecha de la LUC”, ya que la norma plantea que no se puede obstaculizar el normal ingreso de profesores ni de estudiantes al centro educativo.

Según ADES, esa decisión es de “neto corte antijurídico y arbitrario” por haber “violentado los derechos básicos de la más primigenia organización social sustentada en algún valor democrático”, como el derecho de reunión para la consideración de los temas de su interés. El sindicato entiende que sin ese derecho “resulta imposible el reconocimiento y práctica de uno de los derechos de mayor protección jurídica” como la libertad sindical.

No entrás

El segundo hecho denunciado refiere a cuando la dirección de un liceo no dejó al hoy electo consejero docente, Julián Mazzoni, ingresar a ese centro educativo porque tenía la “orden” de la Inspección de “no permitir la entrada” del entonces postulante al Consejo Directivo Central (Codicen) por la lista 11 de Fenapes, bajo el lema de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza.

El 8 de setiembre, mediante una resolución de la Administración Nacional de Educación Pública, se autorizó a todos los integrantes de las listas de candidatos a miembros del Codicen a ingresar a los centros educativos durante los meses de setiembre y octubre para llevar adelante la campaña rumbo a las elecciones de consejeros del 30 de octubre. La misiva, firmada por Robert Silva, presidente de dicho organismo, indicaba que en “ningún caso” la presencia de un candidato podía “suponer la suspensión del dictado de clases, ni interferir con el normal funcionamiento de los centros educativos”, algo que no pasaba con la presencia de Mazzoni, según Fenapes.

En ese sentido, ADES informó a la Inddhh que le “consta” que es una “orientación que se dio [desde Secundaria] hacia varias direcciones” de liceos. “Este episodio no sólo violenta una resolución de Codicen, sino que constituyó una intervención institucional tendiente a perjudicar a un candidato, lo cual, obviamente, redundaría a favor de otros. Hecho que por su naturaleza e intencionalidad no puede ser definido sino como gravísimo”, apuntaron. En suma, aludieron a que dicho “temperamento de claro corte ideológico” generó “daños irreversibles” a docentes y organizaciones sindicales y entienden que las autoridades incurrieron en proselitismo.

Faltás

ADES también denuncia que cuando las autoridades de la educación convocaron a la cúpula del sindicato a la Comisión de Elección-Designación de Horas (Coded) de Montevideo, al finalizar la instancia bipartita del 24 de noviembre, los delegados de la organización sindical solicitaron constancias para no sufrir descuentos salariales, pero la Dirección de Gestión y Soporte se negó.

ADES plantea que la instancia bipartita fue “investida” de las “responsabilidades inherentes” al proceso de elección de horas en Secundaria por resolución de las autoridades, “por lo que siempre se ha procedido a justificar las inasistencias de los docentes por el cumplimiento de dicha responsabilidad, al amparo de lo dispuesto por el artículo 70.12 del estatuto del funcionario docente”. A su vez, señalaron que la “no justificación” de las inasistencias generadas por dicha actividad violenta el “concepto de promoción” de la actividad sindical establecido en el artículo 57 de la Constitución.

Para los docentes agremiados, resulta “francamente increíble” que en una reunión en la que se definen condiciones laborales “y que además cumple objetivamente función administrativa, no se justifique la inasistencia de los delegados a la misma”. “Evidentemente, la finalidad de dicha medida no puede ser otra que la del desestímulo, así como poner obstáculo a la participación de los trabajadores docentes”, establecieron.

Por último, ADES expuso ante la Inddhh que se está en presencia “no sólo de una total injerencia en la actividad sindical”, sino que además “se cercena” su libre ejercicio. “No basta con el reconocimiento del sindicato, sino que el mismo se vuelve virtual ante la restricción de sus facilidades de actuación, si se desconocen derechos básicos como el de poder reunirse o el de poder contar con las franquicias necesarias para el desarrollo normal de las actividades sindicales”, concluyeron.