En su paraninfo, la Universidad de la República (Udelar) convocó a las principales autoridades de la educación para exponer sobre las políticas para la formación docente de carácter universitaria, cuya posibilidad quedó establecida una vez aprobada la ley de urgente consideración en 2020. No obstante, la aceleración del proceso se dio después del referéndum del 27 de marzo, en el que se había impugnado dicha disposición.

Por ejemplo, esta semana, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) nombró a los integrantes del Consejo Consultivo no vinculante que se pronunciará sobre si las carreras de formación de educadores que se postulen pueden dar títulos universitarios, se dicten o no en universidades. Además, la reglamentación del artículo 198 de la LUC se había aprobado en diciembre de 2020 mediante el Decreto 358, que definió que para integrar ese consejo sean designadas tres personas por el Poder Ejecutivo y un cargo para las universidades privadas, otro para la Udelar y otro para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

María Ester Mancebo, doctora en Ciencias Humanas y profesora de Políticas Públicas y Políticas Educativas en la Facultad de Ciencias Sociales, fue elegida por la casa de estudios terciaria pública para que sea la titular de ese puesto en el consejo, en el que tiene como suplente al profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Pablo Martinis.

Mancebo también fue la moderadora de la mesa de este jueves por la mañana, que ofició de apertura de las dos jornadas de reflexión que organiza la Udelar y que se extenderán hasta el viernes. El rector Rodrigo Arim señaló que crear el carácter universitario a las carreras de formación docente “es saldar una deuda histórica”, pero apuntó que su reconocimiento “no puede ser un acto pasivo”.

En suma, apuntó que para la Udelar, la formación en educación es “inseparable de atributos como la generación de conocimiento”: “No podemos hablar de formación universitaria encapsulada en sí misma”, expuso, y añadió que dicha formación presupone generar espacios y circuitos abiertos receptivos, capaces de vincular a actores de otros sistemas, instituciones y que puedan renovarse a sí mismos a partir de esos intercambios.

Asimismo, señaló que hay que generar “lógicas de acuerdo”. A modo de ejemplo, planteó la necesidad de que sea menos burocrático que un egresado de profesorado pueda revalidar materias en la universidad para tener una mayor formación académica, y viceversa. A su vez, sostuvo que la autonomía establecida en la Ley Orgánica de la Udelar es la “búsqueda de acuerdos a largo plazo, que trascienda a los actores y los humores de las autoridades de turno”.

Por su parte, el titular del MEC, Pablo da Silveira, planteó que el mecanismo establecido en la LUC “es una solución muy adaptada a las reglas de juego y a la institucionalidad del Uruguay, que son peculiares y tienen características diferentes de lo que se encuentra en otros países”. En ese marco, se refirió a la autonomía que tienen la ANEP y la Udelar, que no dependen del Poder Ejecutivo estrictamente, más allá de que en la ANEP el gobierno designa a tres de los cinco integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen).

Todos de acuerdo

Da Silveira indicó que “todos” están de acuerdo con que hay que avanzar hacia una formación docente de carácter universitario y pidió no olvidar que el Frente Amplio hizo tres intentos para crear una institución universitaria de formación docente.

Por un lado, rememoró lo establecido en el capítulo XII de la Ley General de Educación de 2008, que era la creación de Instituto Universitario de Educación, en la que se definía a la formación en educación como terciaria y con características universitarias. Por otro lado, apuntó hacia la creación de una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada, cuyos proyectos de creación establecían que la formación de profesionales de la educación se daría a través del desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Ambos proyectos naufragaron y quedaron por el camino por la negativa de la entonces oposición, en especial de los blancos, que no compartían que esta institución sea autónoma y cogobernada como la Udelar.

Para este último caso, Da Silveira dijo que existió el “bloqueo político”, porque había un “problema institucional”, por eso en este gobierno se optó por la creación de este mecanismo de reconocimiento de carreras para que los profesionales de la educación puedan acceder al título universitario. “No queremos empantanarnos otra vez en una Universidad de la Educación. Los desacuerdos que había siguen estando hoy”, consideró, y planteó que en ese momento sólo se discutió una parte del asunto y los intercambios de concentraron en cómo iba a ser la gobernanza de esa institución.

Pese a los cuestionamientos desde gremios estudiantiles y sindicatos docentes, el jerarca indicó que está llevando adelante esta política en “estricto respeto de la autonomía [de la ANEP] y de los cometidos específicos de todos los órganos involucrados”: “Para mí es algo esencial. Yo peleé en la calle para volver a tener la autonomía de la institución y para recuperar el funcionamiento autónomo de la ANEP, no estoy dispuesto a que me quede encima la mancha de decir que fui un ministro que atentó contra la autonomía”.

Además, agregó que este es un proyecto de “carácter voluntario, porque la autonomía de la ANEP se protege en el acto de decir ‘presento o no’ las carreras”, y agregó que este es el proceso “con más legitimidad democrática que ha habido en el país”. En ese sentido, recordó que esta idea fue planteada en campaña electoral, pese a que asesores en comunicación sugirieron que no digan los planes para no perder votos en las elecciones nacionales. “Lo dijimos clarito”, señaló.

En tanto, Robert Silva, presidente del Codicen de la ANEP, coincidió con Arim en que darles carácter universitario a las carreras de formación docente implica saldar “una deuda histórica que tiene el país”, y aseguró que “las visiones fundacionales le han hecho mucho mal a la educación”.

El colorado indicó que hay líneas de acción específicas, como generar y fortalecer la institucionalidad para que a fines de este año puedan presentarse ante el MEC para obtener el reconocimiento de los 32 establecimientos de formación en educación. “Tenemos que ir al fondo del asunto, que es que los docentes logren obtener su reconocimiento de carácter universitario, logrando trascender a grandes [pedagogos] que estuvieron en la construcción de nuestra educación”, insistió.

“Qué temita, ¿no?”

Con esa frase comenzó su exposición Rodolfo Silveira, integrante del Consejo Directivo Central provisorio de la Universidad Tecnológica (UTEC), ante decenas de concurrentes, entre ellos algunos legisladores como el frenteamplista Sebastián Sabini y jerarcas de la educación, por ejemplo, el presidente del Consejo de Formación en Educación, Víctor Pizzichillo. “No puede haber nadie del siglo XXI que pueda pensar que un docente no tiene la condición de universitario. No imagino a la educación del siglo XXI si quienes están impartiendo la formación no tienen condición de universitarios. Se cae de maduro”, estableció en su oratoria.

En ese marco, recordó al histórico rector de la Udelar Óscar Maggiolo, que en la década del 60 propuso crear la Facultad de la Educación: “¡Se armó un lío de novela con aquello!”, expresó. Según Silveira, la formación docente debe ser universitaria porque “trasciende las competencias específicas del área del saber y tiene mucho que ver con todo lo que hace a un docente: lo pedagógico, lo social, el estar conformando y formando mejores ciudadanos”.

Es por eso que, para el integrante de la UTEC, es una “obligación” que la formación docente tenga carácter universitario. “No podemos esperar otra generación más. No quiero esperar otros 60 años más como cuando Maggiolo lo planteó”, concluyó.

Cuestionamientos

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) cuestionó la organización de las jornadas. Según difundieron en un comunicado, rechazaron que de la instancia no hayan participado ningún representante de los gremios y sindicatos del Consejo de Formación en Educación, ni tampoco la consejera electa por los docentes en el organismo, Rosana Cortazzo, o algún integrante de la Asamblea Técnico Docente.

“Hay un claro desconocimiento de la historia, desarrollo y capacidad técnico-pedagógica de los docentes de la formación en educación. Se excluye a aquellos que hoy en día se encargan de formar a los futuros docentes, acción que tanto se ha cuestionado en las autoridades de la ANEP y el MEC, ignorando de plano que existió y existe un aporte concreto de docentes del CFE al desarrollo de la investigación, docencia y extensión de la Universidad”, apuntaron desde el Sidfe. A su vez, reafirmaron su “compromiso” por trabajar por una Universidad de la Educación pública, autónoma y cogobernada, y afirmaron que el mecanismo creado por el MEC viola la autonomía de la ANEP.