El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) definió quiénes serán los integrantes del Consejo Consultivo no vinculante que podrá otorgar carácter universitario a carreras de formación de educadores, se dicten o no en instituciones universitarias, algo establecido en la ley de urgente consideración (LUC).

La reglamentación del artículo 198 de la LUC se concretó en diciembre de 2020 mediante el Decreto 358, que define la integración del consejo consultivo: tres designados por el Poder Ejecutivo y un cargo para las universidades privadas, otro para la Universidad de la República (Udelar) y otro para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

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Según la resolución, a la que tuvo acceso la diaria, quienes fueron nombrados por el Poder Ejecutivo son Alberto Nagle, profesor que ha trabajado como consultor y asesor en distintas parte del mundo; Virginia Piedra Cueva, docente y presidenta de la Asociación de Directivos de Educación Secundaria Pública de Uruguay, y Martín Rebour, doctor en Educación, profesor de la Universidad ORT y gerente de formación en el Plan Ceibal. Además, los suplentes que designó el MEC son Verónica Zorrilla de San Martín, integrante de la Red Global de Aprendizajes y también docente de la ORT; Juan Pedro Mir, maestro y presidente de Eduy21, y Pablo Fucé, coordinador académico del Departamento de Historia y articulador del Centro de Estudios sobre Laicidad del Consejo de Formación en Educación (CFE) y profesor de la Universidad de la Empresa.

En tanto, Fernando Otero, coordinador de Educación -del área de formación docente- de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo, es el integrante del consejo propuesto por las universidades privadas. Su suplente es el ensayista, profesor y experto en políticas de educación superior de América Latina Claudio Rama, también sobrino de Germán Rama, padre de la reforma educativa de 1996.

Por su parte, la ANEP propuso a Emilio Silva Sandes, doctor en Ciencias Sociales, coordinador de la Unidad de Desarrollo Profesional Docente de la ANEP y que trabaja en la Universidad Católica del Uruguay. El suplente es Aldo Rodríguez, director y coordinador general del área de Políticas Lingüísticas del organismo.

Mientras tanto, la Udelar eligió a la doctora en Ciencias Humanas y profesora de Políticas Públicas y Políticas Educativa en la Facultad de Ciencias Sociales María Ester Mancebo, y como suplente designó a Pablo Martinis, doctor en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

En la resolución, firmada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se decidió que la presidencia del Consejo Consultivo de Formación Universitaria en Educación sea ejercida por Nagle, quien fue propuesto por el MEC. El profesional se define en Linkedin como “consultor senior” con 27 años de experiencia profesional en proyectos de “desarrollo internacional” en África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe. Además, menciona que trabajó como experto en educación en 24 países y como líder de equipo en diez proyectos en Angola, Belice, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Montenegro, Nicaragua y, por último, Uruguay.

Los integrantes del consejo permanecerán en funciones por un lapso de tres años y pueden ser reelectos por hasta dos períodos consecutivos.

Las previas quejas

El artículo 198 es cuestionado por los sindicatos de formación docente porque entienden que posibilita la “injerencia” del Poder Ejecutivo, puesto que es el MEC el que va a determinar qué carreras son universitarias y cuáles no. “Esto implica que a nivel privado se abran un montón de carreras, pero a nivel público también se abre la cancha y, por lo tanto, el presupuesto”, había criticado en su momento la dirigente del Sindicato de Formación en Educación, Cecilia Klein, en diálogo con la diaria.

Según el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en la Ley de Presupuesto “se reservaron unos cuantos millones de dólares” para otorgar apoyos económicos a estudiantes y a instituciones que están trabajando “para elaborar programas que puedan aspirar al reconocimiento docente”. “Es un proceso cuyo objetivo es lograr que en Uruguay, como pasa normalmente en los países con sistemas educativos maduros, los docentes tengan un título que tenga valor universitario”, detalló, y afirmó que “esta es una manera de encarar el asunto de forma realista y que pueda tener resultados a muy corto plazo”.

En su comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura de Diputados este mes, las autoridades de la educación indicaron que se mantienen las disposiciones que establecen que si no hay reconocimiento de la ANEP no se puede ejercer la docencia en instituciones de educación inicial, primaria, secundaria o técnico-profesional.

Además, el presidente del Consejo Directivo Central del organismo, Robert Silva, aseguró que se respetarán los trayectos formativos definidos por el CFE para sus carreras y se plantearán trayectos equivalentes a los que son nombrados en los documentos aprobados por el MEC. En ese sentido, adelantó que se está trabajando para cumplir con los requisitos del trayecto de lenguajes diversos con el que deberán cumplir quienes se formen como educadores.