En la noche del miércoles el Ministerio del Interior (MI) desalojó la mayoría de los centros educativos que distintos gremios estudiantiles de Formación en Educación vienen ocupando desde el lunes en todo el país. La medida se tomó horas antes cuando el Consejo de Formación en Educación (CFE), respaldado por la mayoría del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), resolvió solicitar a la cartera que procediera a desocupar las instituciones.
En total había nueve gremios ocupando: el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), el Centro de Estudiantes del IPA, el Centro de Estudiantes del Centro Regional de Profesores (CERP) del Este, el Centro de Estudiantes del CERP Sur de Atlántida, el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente de la Costa, la Asociación de Estudiantes de Educación Social, el Centro de Estudiantes del CERP del Centro y el Instituto de Formación Docente de Canelones y de Florida.
En horas de la noche se habían desalojado siete centros de manera pacífica y el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) y el Instituto de Profesores Artigas (IPA) seguían ocupados. Integrantes del Centro de Estudiantes del IPA comentaron que una vez que llegara el MI iban a proceder a desocupar pacíficamente, lo que ocurrió pasada la medianoche, y el sindicato de docentes fijó un paro de 24 horas.
Al edificio del IPA concurrió el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, Santiago González, que fue recibido con cánticos por los estudiantes. “No queremos milicos, tampoco represión, queremos presupuesto para la educación”.
“Ilegal” y “no favorece al diálogo”
En una conferencia de prensa realizada a las 20.30, el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, sostuvo que el consejo “siempre estuvo, está y estará abierto al diálogo”, pero “siempre en marco de la ley y en la búsqueda del bien general”. A su entender, la ocupación es “ilegal y no favorece al diálogo constructivo en base a los principios democráticos, basados en el régimen republicano”. “¿Por qué entendemos que es ilegal? Porque no permite el goce de los derechos a estudiar y trabajar de aquellos estudiantes que no comparten la medida, ni de los docentes y funcionarios a cumplir su desempeño en el lugar de trabajo”, que están amparados en la Constitución y en la Ley de Educación, apuntó.
Pizzichillo relató que el lunes el CFE mantuvo diálogo con los centros ocupados de Montevideo y al día siguiente les envió una propuesta para “continuar con la mesa de diálogo que ya teníamos establecida” y además se exhortó a terminar con “la medida de ocupación, con un plazo que habíamos pretendido que fuera hasta las 10.00 de hoy [por ayer]”. Sin embargo, sostuvo que a pedido de los gremios de estudiantes, se solicitó si se podía transferir ese plazo hasta las 19.00, a lo cual el consejo accedió. Pero, al permanecer los centros ocupados, el CFE resolvió solicitar al MI a que procediera con la desocupación.
Por su parte, el presidente de la ANEP, Robert Silva, manifestó que el Codicen decidió “ratificar plenamente” el planteo del CFE y la “imperiosa necesidad de defensa del derecho a la educación y al trabajo”. Recalcó que “siempre” están “abiertos al diálogo”, “a recibir propuestas y a atender necesidades”, pero sin que el “derecho a la educación de tantos miles se vean afectados como el derecho al trabajo”.
A través de la coordinación permanente entre todos los gremios se llegó a la decisión de que aceptarán participar en la mesa de negociación el viernes, que será a las 19.00. Sin embargo, si bien las autoridades del CFE manifestaron que avisaron a los gremios que una vez pasadas las 19.00 del miércoles procederían a la desocupación de los centros, según supo la diaria, los gremios no lo interpretaron de esa forma y entendieron que era sólo un plazo para definir si participaban en la mesa de negociación del viernes.