Una vez que hay videos que se viralizan, el tema vuelve a ponerse sobre la mesa: las violencias en los centros educativos y sus alrededores. En ocasiones es a partir de personas externas a las instituciones y otras a partir de los propios actores. En los últimos días, una pelea entre una estudiante de la UTU de Paso Carrasco y otra del liceo Alberto Candeau, por la misma zona, fue compartida en redes sociales hasta llegar a la prensa y a las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen), que aseguraron tratarían el tema en sesión.

En paralelo, otra pelea entre estudiantes transcurrió recientemente en el liceo 12, que no tuvo el mismo alcance público, pero arribó a la órbita de la Justicia, luego de que la madre de una de las estudiantes involucradas hiciera la denuncia.

Marcela Costa, madre de Julieta, contó a la diaria que su hija, de 14 años, fue “intimidada” mientras estaba en la parada a la salida del liceo por un grupo de 17 personas, de distintos turnos, que le dijeron que “vaya a pelear con otra chica”, luego “la insultan, le pegan cachetazos, la arrastran unos 40 metros, la llevan al parque, cruzando Avenida Ricaldoni, y la entregan a la chica” con la que la obligaban a pelear. Según narró Costa, la otra estudiante se comunicó posteriormente con Julieta para decirle que ella también había sido amenazada para pelear y, si no lo hacía, la iban a golpear entre varios.

La secuencia que sigue fue filmada por varias personas y en ella se puede observar cómo Julieta es tirada al piso y golpeada en la cabeza en reiteradas ocasiones. Costa narró que el video fue subido en una cuenta de Instagram en la que se colgaban distintas peleas ocurridas entre estudiantes del liceo y que, al mismo tiempo, existía otra cuenta en la que había videos similares, pero de distintos centros educativos. Los videos eran puntuados en comentarios y se establecían “ganadores” y “perdedores”.

Las cuentas fueron bajadas luego de que la situación fuera denunciada por Costa a la Policía, a Fiscalía, a la dirección del liceo y a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). Asimismo, Costa se reunió con la consejera docente del Codicen, Daysi Iglesias. Sin embargo, aún no hay identificación de la mayoría de las personas involucradas y, según manifiesta Costa, desde el liceo no han tenido respaldo, a pesar de que esta pelea no fue la primera ni la última en este último tiempo.

Lo que hay por hacer

De los recientes episodios, Juan Gabito, consejero político del Codicen, no tiene más noticias que lo que ha trascendido en las redes y en la prensa, aunque contó a la diaria que le pidieron a Secundaria un informe al respecto.

Aun así, reflexionó que “el sistema educativo tiene que admitir que en parte está fracasando” en el abordaje y formación de los estudiantes con respecto a las violencias. Según Gabito, no se trata de una falla de este gobierno ni tampoco del anterior, sino “del sistema en su conjunto a lo largo de los años, porque hace 90 años que la Constitución plantea” que en todas las instituciones de enseñanza se tiene que atender “la formación del carácter moral y cívico” de los estudiantes. 

Para el consejero, por tanto, situaciones como estas demuestran que “hay un conjunto de personas a las que el sistema no les llegó, no logró inculcarles los sentimientos básicos, mínimos para la convivencia, el respeto, la autoestima y la estima del otro”, que sería “todo lo que llevaría a que no tuviéramos violencia”. En ese marco, Gabito consideró que el tema podría tratarse desde preescolar hasta bachillerato. “Yo preferiría que los chiquilines supieran menos de geografía, historia, astronomía o matemática, pero que sí supieran respetarse”, sentenció.

En los casos concretos, enumeró ciertos actores del sistema educativo que “tienen que tomar protagonismo”, ya sea que las situaciones de violencia se den dentro o en los alrededores del liceo. Habló de los adscriptos, directores, el inspector de institutos y liceos y la propia directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro.

En ese sentido, Gabito señaló que “hay mucha gente que tiene el cometido” de interceder en tales circunstancias, pero que están “invisibilizados por los docentes”. Ejemplificó con que Secundaria cuenta con un Departamento Integral del Estudiante, el Codicen, con la División de Servicios Médicos y en particular la de Salud Estudiantil, la Unidad de Análisis e Intervención, y con las unidades de integración educativa, “con docentes pagos para atender estos aspectos socioemocionales”. En resumen, para el consejero, “es hora de que todas esas células, que más bien se dedican a lo teórico, producen documentos, hacen capacitaciones”, se pasen al “territorio”. 

Para Javier Iglesias, dirigente de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), las situaciones de violencia en los centros educativos se relacionan con el “impacto directo que tiene el recorte presupuestal sobre el funcionamiento cotidiano en los liceos”. “Por un lado, hay un nivel importante de sobrepoblación en los grupos de aula, lo que hace más difícil la coexistencia; por el otro, ha habido un recorte muy grande de los cargos que estaban trabajando con los estudiantes, como las horas de apoyo y de tutoría”, describió Iglesias, y aseguró que ese contexto “genera el caldo de cultivo para que haya acciones de violencia todo el tiempo”, a lo que se suma “una situación social que también se ha venido deteriorando”. 

En conclusión, para Iglesias, las consecuencias del recorte presupuestal “van a ser de larga duración, porque todo lo que uno modifica en educación no es fácil de revertir”, y más aún si se considera que “no hay ninguna autocrítica por parte de las autoridades o planteo de revertir esta situación, que, al contrario, se va agravando”. 

Violencia institucional y violencia individual

Que hay un agravamiento de las situaciones de violencia en las instituciones educativas es analizado con los mismos ojos por Leonel Rivero, docente del departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y también investigador de la convivencia entre direcciones y estudiantes en las comunidades educativas.

En diálogo con la diaria, Rivero manifestó que puede observarse “un recrudecimiento del conflicto”, que ha avanzado de manera “incipiente” desde la pandemia, y que tiene como eje central a las distintas escenas sucedidas en el liceo IAVA y también en el Zorrilla, al mismo tiempo que transcurre la judicialización de los militantes sindicales. “Todo eso marca un contexto en el cual se vuelve cada vez más complicado dialogar, porque quien tiene la responsabilidad de generar caminos de escucha, está optando por caminos represivos”, esgrimió.

Asimismo, el docente destacó que existe una división para analizar el fenómeno: “Una tiene que ver con los mecanismos institucionales mediante los cuales dialogan los sujetos colectivos de la educación: gremios, sindicatos y autoridades”, y luego otra circunstancia corresponde “a escala de los centros educativos, que refiere a cómo adolescentes tienen conflictos individuales, en donde se intersectan a veces cuestiones de la cultura barrial, las historias personales, los códigos de los adolescentes”.

En ese marco y con base en el primer eje, esbozó que existe una “violencia institucional” vinculada a “la ausencia de mecanismos de escucha, diálogo y participación efectiva y profunda en los diferentes niveles de la institucionalidad educativa”. También manifestó que “se viene observando lo que podríamos llamar ‘la percepción penal del conflicto’: a veces judicialización, o directamente su abordaje punitivo”, con “cada vez más presencia policial en las manifestaciones”. Para Rivero, esto sucede “en un marco de relación pedagógica, educativa, en la que ese conflicto puede ser utilizado como forma de trabajar la cultura democrática, la participación y el diálogo”, y, en cambio, analizó que “la presencia policial es una señal muy negativa que obtura las posibilidad de la institución de resolver educativamente el conflicto y escuchar a los actores”.

En cuanto a la “violencia individual entre los adolescentes”, el docente consideró que “los conflictos que pasan en el barrio o en el liceo se continúan y se retroalimentan” desde hace un par de décadas, y ahora más aún con la presencia de las redes sociales. “Ahí hay un desafío de cómo se promueve la convivencia en el centro, que tiene que ver con poder trabajar el conflicto y la violencia en cada una de las comunidades”, dijo. Sin embargo, aseguró que “estamos muy lejos de contar con una estructura institucional en cada centro que lo pueda trabajar”.

Por último, subrayó que “hay un movimiento cada vez mayor por parte de los gremios estudiantiles” que permite “conocer cosas importantes sobre su vivencia”, y afirmó que “vale la pena seguir su actividad”. Por su parte, la DGES solicitó el jueves a los directores de los liceos información sobre la existencia de gremios estudiantiles, sobre sus espacios de funcionamiento y organización, situación que fue denunciada por parte de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, que se preguntó cuál es el interés educativo de contar con esa información.

Dados los distintos sucesos que tuvieron lugar en los últimos días vinculados a las violencias, la Coordinadora de Gremios de Secundaria del Área Metropolitana llevó a cabo este viernes una Intergremial para ver cómo proceder. “Es un tema que nos preocupa y lo queremos abordar de la mejor manera”, esbozó a la diaria uno de sus integrantes.