La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) definió realizar una movilización este miércoles al mediodía en la puerta del edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En ese marco, algunos de los sindicatos que la integran realizarán un paro de 24 horas. Además de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que adelantó también para este miércoles un paro que en un principio tenía previsto realizar el jueves, también paran la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria y la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu). El resto de los sindicatos adhieren a la convocatoria pero sin realizar paro.
Este lunes, en una conferencia de prensa, José Olivera, coordinador de la CSEU, explicó los principales puntos de conflicto que llevan a tomar la medida. Según detalló, un primer eje “tiene que ver con la sistemática violación a los marcos normativos de las relaciones laborales”. En particular, el presidente de la Fenapes hizo referencia “al escaso funcionamiento y vaciamiento de los ámbitos de negociación colectiva en momentos en que se quieren imponer cambios importantes a nivel de las condiciones de trabajo”.
En esta área también habló de “violaciones sistemáticas a la libertad sindical” y, según ilustró, el caso reciente más claro fue la negativa del director general de UTU, Juan Pereyra, ante el pedido de otorgar licencias sindicales para que los trabajadores del ente pudieran acudir al congreso de la Afutu. Según Olivera, de esa forma Pereyra se apartó “de la Constitución y la ley”. Al respecto, también habló de una “contradicción” por parte del gobierno, ya que, por un lado, se obliga a los sindicatos a tener personería jurídica, pero, por el otro, se niegan facilidades a los delegados de la Afutu, que sí tiene personería, para participar en una de las instancias mandatadas por su estatuto.
Si bien Olivera dijo que han denunciado esta situación en reuniones con todo el Codicen, valoró que el organismo tiene “cierta debilidad en el actual contexto político, ya que los apoyos políticos parecen primar sobre el marco jurídico vigente”.
Como segundo punto, el coordinador de la CSEU habló del “recorte presupuestal” en la educación que afecta a la ANEP, la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica y que tiene, entre otros componentes, la “reducción de grupos y cargos”. Según agregó, ello afecta la carrera docente, y como ejemplo puso la situación en la Udelar, en la que “no solamente faltan cargos para atender debidamente a la población estudiantil que va en incremento, sino que los docentes ven limitada su carrera funcional”. Olivera agregó que en ese centro de estudios los grados 1 y 2, de ingreso a la carrera docente, son la mayoría y ello se debe a que no hay posibilidades presupuestales para crear cargos más altos.
Olivera también hizo referencia a la pérdida salarial que vivieron los trabajadores de la educación hasta 2021, que, según expresó, “en el mejor de los casos” se recuperará para 2024 y 2025. Como uno de los “resultados concretos de la situación de recorte”, el dirigente sindical mencionó el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo en algunos subsistemas de ANEP.
Transformación educativa
Otro de los ejes del conflicto de la CSEU es la Transformación Educativa de la ANEP, a la que los sindicatos se oponen tanto por su forma como por su contenido. Según señaló Olivera, los cambios curriculares que se aplicarán a partir del año que viene en bachillerato cuentan “con cierto grado de improvisación, porque ni siquiera el gobierno respaldó la propuesta desde el punto de vista presupuestal”. En suma, planteó que la reforma “está en consonancia con limitar el acceso democrático al conocimiento y de la cultura de las futuras generaciones”.
También cuestionó el enfoque por competencias que plantea el nuevo currículo y cuestionó a la directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, por haber afirmado que se buscan aprendizajes en función de “demandas del mundo empresarial”. “Ni siquiera del mundo del trabajo, que sería otra cosa”, cuestionó el presidente de Fenapes, quien también afirmó que se trata de “una actitud de profundo carácter antidemocrático”, porque afectará “el futuro de las nuevas generaciones”.
Finalmente, señaló que el cuarto eje del conflicto tiene que ver con planteos que realiza el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada (Sintep), que logró un acuerdo con las gremiales privadas y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay para el pago de una prima por antigüedad en la educación no formal. Según valoró Olivera, dicho pago, al que acceden el resto de los trabajadores de la educación, es “de justicia” y ahora debe ser refrendado y financiado por el Poder Ejecutivo.