Con base en la Ley 18.831 de derecho de acceso a la información pública, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) se dirigirá en la mañana de este viernes al Ministerio del Interior (MI) para entregar una carta con la solicitud de acceder a la documentación histórica relacionada con el sindicato.

En un comunicado los docentes informaron que la documentación se encuentra en el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y que la posibilidad del acceso “será muy relevante” para una investigación en proceso del Archivo General de la Universidad, enfocada en la historia de ADUR.

Asimismo, la solicitud tiene lugar en el marco de los 50 años del último golpe de Estado y de la intervención de la Universidad. Según dijo a la diaria Agustín Cano, secretario general de ADUR, también llevarán a cabo otras actividades a lo largo del año, relacionadas con la fecha.

La carta que entregarán estará fechada el 12 de marzo porque fue el día de 1973 en que detuvieron a Roberto Gomensoro, docente y ayudante en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Agronomía, quien se convirtió posteriormente en el primer docente universitario desaparecido.

Cano subrayó que uno de los fines de acceder a los documentos es reconstruir la época dictatorial: antes de que la asociación resurgiera y se convirtiera en ADUR, en 1984, se fundó como Federación de Docentes Universitarios del Uruguay en 1964 y hasta la refundación mantuvo una actividad clandestina.

La investigación del Archivo General de la Universidad tiene foco justamente en ese período: desde la fundación, incluyendo el tiempo “de resistencia en la dictadura”, hasta fines de los 90. Uno de los puntos principales a develar es “la cantidad de docentes que fueron expulsados, despedidos de la Universidad, que desde un poco antes del golpe y después de la intervención sufrió una desbandada importante de gente”, explicó Cano.

Hasta el momento tienen identificado a un grupo de docentes universitarios que fueron asesinados y desaparecidos. Luego de la detención y desaparición de Gomensoro, la información que tiene ADUR es que le siguieron el asesinato de Ramón Peré, ayudante de Histología en la Facultad de Veterinaria, y las desapariciones de Fernando Miranda, profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho, Julio D’Elía, profesor agregado de la Facultad de Ciencias Económicas, y María Rosa Silveira, docente de esa misma facultad.

“Le habían antecedido los asesinatos de estudiantes, le seguirían cientos de universitarios/as perseguidos, encarcelados o expulsados del país. Este pedido de información es un acto de memoria con todas y todos ellos”, asegura el sindicato.

El convenio con el grupo de investigación es por dos años y ya transcurrió la mitad. Cano contó que hasta el momento produjeron notas de difusión sobre las movilizaciones por mayor presupuesto que ADUR hizo décadas atrás, con el fin de “acompañar” las realizadas el año pasado. La idea central es que haya “una producción historiográfica, de memorias y testimonios”, y que sea publicado en un libro, además de otros formatos.

Por último, Cano resaltó que el fin de la solicitud de documentos no sólo tiene “el componente histórico” y la intención de “aportar a la investigación y construcción de la memoria de ADUR”, sino también “para interpelar lo que está pasando en el presente, con docentes y estudiantes del liceo 41; no se trata de un problema del pasado, sino de cosas que siguen sucediendo en la actualidad”, aseguró, con respecto a la posibilidad de que haya “espionaje” en centros de estudio por parte del Estado.