El proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento este viernes por parte del Poder Ejecutivo no prevé recursos incrementales para la educación. Por lo tanto, serán los legisladores quienes, a través de alguna redistribución de recursos, podrán otorgar incrementos a los distintos entes autónomos de ese sector.

Minutos antes de que lo hiciera el Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) entregó a los legisladores su pedido, que en total asciende a 2.500 millones de pesos, unos 63 millones de dólares. El organismo presentó un informe en el que rinde cuentas de lo hecho el año pasado, con foco principal en el diseño y primeros pasos de la implementación de la transformación educativa.

De hecho, la mayor parte de los recursos que solicita el organismo es para continuar con la implementación, que el año que viene abarcará a más grados de la educación primaria, secundaria, UTU y formación docente. Para dicho rubro la ANEP pide cerca de 40 millones de dólares.

Otro de los ítems para los que el organismo pide más fondos es para dotar a los edificios nuevos del personal necesario, y también solicita cinco millones de dólares para reforzar la infraestructura del sistema educativo. Finalmente, la ANEP requiere de recursos incrementales para generar más equipos multidisciplinarios en los centros educativos, principalmente de secundaria y UTU, demanda que en los últimos meses han planteado distintos colectivos docentes, estudiantiles y de familias.

Según dijo a la prensa el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, el presupuesto solicitado serviría para atender “necesidades mínimas para poder llevar adelante las acciones” que el organismo se ha trazado. Al mismo tiempo, aseguró que es necesario “mejorar lo que hace a la gestión de los recursos públicos” que le son asignados, y que la ANEP tiene en cuenta la realidad del país, a la que definió como “muy compleja”. Al respecto, el jerarca se refirió a que el actual gobierno recibió un importante déficit fiscal y que luego tuvo que hacer frente a la pandemia y a la actual crisis hídrica.

Por su parte, la Universidad de la República (Udelar) semanas atrás definió solicitar 4.000 millones de pesos para atender varias necesidades, entre las que se encuentra el aumento de la matrícula estudiantil, y también 800 millones adicionales para generar programas que permitan hacer frente a lo que la institución entiende que son problemas importantes que atraviesa el país. Este viernes la Intergremial Universitaria mostró preocupación por la ausencia de instancias de negociación antes del envío del proyecto de ley al Parlamento y convocó a una conferencia de prensa para el próximo lunes en la que se pronunciará sobre el texto remitido al Parlamento.

El único organismo de la educación que aparece como inciso en el proyecto de ley es el Ministerio de Educación y Cultura, pero tampoco se le otorgan recursos incrementales para fines educativos. El texto incorpora algunos cambios en el proceso de reválida de títulos extranjeros, que ya había sido modificado por el actual gobierno, y prevé la creación de varios cargos en la órbita de la Dirección Nacional de Educación, pero se aclara que estos se financiarán con la supresión de otras figuras ahora existentes.