El confinamiento por la pandemia tiene efectos en la infancia. Los episodios de aislamiento impactaron en la salud mental, socialización y aspectos vinculares de niños y niñas. Síntomas de depresión y ansiedad recrudecieron, la conducta suicida y la autoeliminación consumada aumentaron. El contexto familiar, no tener una infancia saludable y plena en el hogar, impacta directamente en esa situación. El cierre de las escuelas fue significativo y a la reforma educativa le falta trabajar en estos aspectos.

Según distintas fuentes de la salud consultadas, los síntomas de depresión y ansiedad en la infancia se manifiestan a través de la hiperactividad, dificultades para concentrarse o para dormir, angustia, conductas fóbicas, antisocialidad, baja autoestima, bajo apetito, enojo o irritabilidad.

Una pieza importante en la salud mental de un infante es la social y el aislamiento vivido con la llegada de la covid-19 dejó efectos negativos en este aspecto. Si bien ya existían problemas de salud mental, tras la pandemia los síntomas se incrementaron. La ausencia de espacios de socialización, como las escuelas, clubes, espacios de recreación e intercambio con grupos de pares, generó problemas en los aspectos vinculares.

Según la psicóloga forense Adriana Savio, hubo una “asimilación negativa” del aislamiento. Los trastornos de personalidad y antisocialidad aumentaron junto a los niveles de depresión y tristeza.

El vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), Walter Pérez, señaló que desde el inicio de la pandemia se incrementaron notoriamente los problemas anímicos y de conducta en los niños. Una de las consultas más frecuentes fue el intento de suicidio y depresión en esa población, en quienes recrudecieron evidentemente los síntomas de depresión y ansiedad. También destacó la presencia de trastornos de depresión extrema, trastornos severos en la alimentación y anorexia nerviosa.

Las medidas restrictivas por la pandemia disminuyeron las consultas en los centros de salud y esto generó una repercusión importante en la salud mental. Según Gustavo Giachetto, profesor grado cinco de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y pediatra en el hospital Pereira Rossell, esta situación exacerbó los ingresos en esta área. Entre el 10% y 20% de los ingresos hospitalarios diarios en la pospandemia están motivados por problemas psicosociales, y uno de los más importantes son los niños y los adolescentes con intentos de autoeliminación, acción suicida y lesiones autoinfringidas.

El encierro fue un retroceso

Los tres factores que más destacaron los especialistas y que más influyeron en el aumento de estos casos fueron los cierres de las escuelas, clubes de niños y centros de socialización externos al hogar, también las familias disfuncionales o con presencia de abusos, violencia doméstica y situaciones económicas desfavorables. Savio explicó que sacar los canales de comunicación externos al núcleo familiar generó problemas de aprendizaje y comunicación, especialmente en aquellos que ya tenían patologías.

Niños y niñas convivieron durante períodos más extensos en hogares donde predomina la violencia, el abuso o la falta de alimentación. Según el último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, en 2021 y 2022 se superaron los 7.000 casos registrados de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, cuando en los dos años anteriores no alcanzaban los 5.000.

De los agresores, 92% son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, en 40% de los casos son padres y en 24% madres. Respecto de los tipos de violencia, 36% fue maltrato emocional, 24% negligencia, 20% abuso sexual, 17% maltrato físico y 3% casos de explotación sexual. En abuso sexual, 81% de las personas agresoras fueron familiares directos o del núcleo de convivencia.

En el informe de 2021 se plantea que “la supresión de la asistencia presencial en las instituciones educativas (educación formal y no formal) y centros de la primera infancia supuso también la ausencia de una de las principales fuentes de detección de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes”.

Prioridades

Adriana Briozzo, maestra comunitaria y coordinadora del programa de educación de la organización El Abrojo, relató que durante la pandemia una niña en situación de violencia le pidió conversar con la educadora y la citaron. Tras este hecho, dijo que recibieron una denuncia y una observación del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), porque no podían llevar a nadie al centro donde trabajaban. Explicó que estaba toda la disponibilidad y las medidas sanitarias para esa reunión y, aunque entendía la importancia de las medidas sanitarias, invitó a reflexionar si era más importante la posibilidad de contagiarse de la covid-19 o que la niña hable con una educadora sobre la angustia y sus miedos. Dijo que, en términos de política, esas situaciones no estaban reguladas y que hay casos de “grandes vulneraciones” que pueden ser “mucho más letales que la covid”.

Una larga espera

Según la base de datos del Sistema de Gestión de Consulta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), entre los usuarios que solicitaron asistencia desde enero de 2019 a mayo de 2023, el total de niñas y niños en lista de espera para psicología era de 4.887. Mientras tanto, la lista de espera para psiquiatría infantil para el mismo período fue de 3.014 lugares.

En este contexto, el psicólogo Alejandro de Barbieri dijo que se visualiza un aumento de consultas y que la pandemia legitimó el problema de acceso a la terapia, contemplando que “no todo el mundo puede pagar un psicólogo”.

De las personas que se suicidan sólo llega a una consulta “la minoría”, expresó el director de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Artigas Pouy. Agregó que “se debe trabajar en lograr la captación desde las mínimas manifestaciones”.

En la misma línea, Walter Pérez, vicepresidente de la SUP, remarcó que el trabajo de prevención “no es bueno ni malo”, porque “no se hace nada” y a nivel estatal tampoco existen acciones. En los sistemas de salud “no hay suficientes psiquiatras y psicólogos”, subrayó. También aseguró que ASSE tiene uno de los problemas más graves, la falta de psiquiatras, que implica una cantidad de consultas que no se pueden solucionar.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en todo el país se encuentran trabajando en los prestadores integrales del subsector privado y prestadores del subsector público (ASSE, Banco de Seguros del Estado, Intendencia de Montevideo y Sanidad Militar) 145 psiquiatras pediátricos y 1.135 psicólogos en total –no se cuenta con el dato discriminado de psicólogos dedicados a la atención de niños–, afirmó el MSP en un pedido de acceso de información pública.

Cabe destacar que, ante múltiples intentos de comunicación con autoridades del MSP para obtener su visión, no se obtuvo respuesta.

Giachetto, quien también trabaja como pediatra en el sector privado, expresó que “se promueve mucha internación psiquiátrica”, que tiene problemas de acceso y seguimiento, y que, en ese contexto, se brinda un abordaje más farmacológico que psicoterapéutico. “Es más fácil que te mediques y que el mundo siga a que te controlen con un abordaje real de salud mental”, sentenció. Además, dijo que el problema de abordaje y seguimiento en salud mental está en aumento por falta de una respuesta apropiada, que los recursos humanos “no están todos” o no son de fácil accesibilidad, y que no se trabaja ni se aborda el tema de forma integral.

El docente de Udelar dijo que “existe un agujero” en la ley de salud mental, que no contempla a la infancia y la adolescencia, franjas etarias que están subrepresentadas en la Comisión Nacional de Salud, ni tampoco existe ningún programa específico orientado hacia ellos. “Falta una mirada más integral de la salud mental con otros enfoques, para llevarlo a cabo se necesitan más recursos que no están”, señaló.

¿Qué pasó en la educación?

El Monitor de Educación Inicial y Primaria mostró que el promedio de días de clases asistidos en función a los días lectivos ofrecidos desde 2000 a 2019 era aproximadamente de 160 días. En 2020 bajó a 63 días, en 2021 subió a 114, y en 2022 continuó en aumento, pero aún no se recupera la tendencia histórica: alcanzó 152 días.

Durante la pandemia, las escuelas del programa Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas (Aprender) presentaron el valor más alto de asistencia insuficiente (30%), superando ampliamente el promedio nacional.

La Escuela 129, ubicada en el barrio Jardines del Hipódromo, forma parte del programa. El centro educativo congrega a la población del barrio Marconi y de los alrededores de Maroñas. Carolina Fernández y Mónica Menéndez son maestras de sexto grado y, a su vez, maestras comunitarias en esta escuela, donde trabajan con niños que vienen de hogares “muy conflictivos y últimamente con extrema violencia”. Según plantearon, muchos de ellos están “sumamente vulnerados”, por ejemplo, por “casos de abuso, violencia intrafamiliar, negligencia familiar, analfabetismo y alto porcentaje de padres que tampoco saben ni leer ni escribir, algo que incide muchísimo en el acompañamiento de los niños, sobre todo en la época de pandemia”.

Cuando se cortó la presencialidad buscaron sus propias estrategias para comunicarse con los alumnos, porque la plataforma Crea, que fue un pilar para la educación durante la emergencia sanitaria, implicó una dificultad para las zonas de contexto desfavorable, donde hay problemas de acceso a la conectividad y a los dispositivos. Los primeros meses “fueron tremendos”, dijo Fernández, y sostuvo que fue “muy difícil” volver a conectar con las familias. Al principio casi toda la población de la escuela estuvo desconectada y desvinculada. Whatsapp fue para las maestras la herramienta principal, puesto que no tenían orden de la inspección para trabajar de determinada manera. “Ninguna autoridad pudo dimensionar lo que fue trabajar en estos contextos”, agregó Menéndez.

A causa de los problemas en los hogares vinculados a la violencia, salud mental y pobreza, la vuelta a la escuela “empezó a ser urgente”. Para los niños, “es un cable a tierra”, donde “los atendemos, escuchamos, les damos un lugar agradable, alimento, un salón lindo, un baño limpio y con water”, dijo, y aseguró que al volver de la pandemia empezaron a salir de la caja de pandora “cosas terribles”.

Autoridades “dormidas”

En 2022 hubo un niño que caminó por el pretil de las escaleras y, al pedido de las maestras de “bajate de ahí, no juegues”, el niño contestó: “No estoy jugando, me quiero tirar”, contó Fernández.

Las maestras expresaron que las psiquiatras coordinadoras de salud mental les explican que antes de los 12 años el niño no tiene que demostrar con una acción que se quiere autoeliminar y que con sólo manifestarlo verbalmente es algo muy grave. “Tenemos casos de niños como este que han expresado su idea acá en la escuela”, señalaron.

Excedidas

Hay un caso de un niño de diez años que vive con su hermano consumidor de pasta base y manifestó en la escuela que no puede dormir a la noche con su madre porque el hermano les roba, le pega a la mamá, y expresa estar desesperado y no poder más. En palabras del niño: “Vivir así es horrible, un día de estos voy a reaccionar mal”. Esta situación es abordada por las maestras y la directora, quienes aseguran que acudieron a la coordinadora de salud mental de la policlínica de la zona y los recursos no están, no hay psiquiatras.

En este sentido, sostuvieron que la pandemia y la falta de recursos económicos y humanos empeoró esta situación. Sobre las autoridades de la educación, dijeron que las notaron “dormidas” por “no tener idea” de lo que es el trabajo en ese contexto. Hay muchos casos con salud mental “bastante desajustada” y la atención “no cubre nada”. Fernández explicó que no hay un recurso de Primaria que les diga dónde acudir cuando un niño necesita atención psiquiátrica. “Tenemos que salir a golpear puertas”, aseguró, y dijo que las autoridades “nunca reconocieron eso”. Menéndez agregó que la pandemia dejó como resultado niños abusados, con problemas de alimentación, negligencia familiar, madres consumidoras que tienen a los gurises tirados, que no los llevan ni al médico y que esos niños necesitan el triple de atención que otros.

Fernández aclaró que ellas hablan desde la educación, pero que los niños se quedaron “sin todo el sistema que los contenía”: hogares, clubes de niños, policlínicas. Se quedaron “con atención cero”. Relató el caso de un niño que fue abusado en enero de 2020 y en la escuela recibieron la documentación recién en 2022: “Fue un niño que durante dos años no estuvo atendido, ni por un médico, ni por un psicólogo, ni por un psiquiatra, y tuvo que lidiar con ese abuso durante dos años”.

Las maestras expresan que desde hace años plantean en las Asambleas Técnico Docentes que cada escuela tenga un equipo multidisciplinario de acuerdo a la necesidad contextual.

Durante el proceso de redacción de esta nota, también intentamos ponernos en contacto con el entonces presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, y tampoco se recibió respuesta.

El equipo de Escuelas Disfrutables, programa de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria para atender emergentes de gravedad, visita la escuela cada 15 días. “Es imposible, es como avanzar a pasos de tortuga frente a casos graves”, graficó Menéndez.

Aumento de casos

Escuelas Disfrutables cuenta con 190 técnicos que trabajan con más de 2.400 escuelas, que atienden a más de 340.000 niños y niñas. Stefan Decuadro, psicólogo coordinador adjunto del programa, dijo que hubo un incremento en la demanda, de 6.000 situaciones anuales pasaron a atender 11.000.

A raíz de la pandemia, el área que generó “un peso importante” en el crecimiento de la demanda fueron los casos de desvinculación escolar, que se multiplicó por cuatro. En ese contexto, Decuadro explicó que “el riesgo de suicidio aumentó casi por tres”, siendo un área que no tenía peso antes de la pandemia. Hubo aumento en las conductas suicidas, que son aquellos casos en los que llaman al programa cuando un niño manifiesta el deseo de querer morir o querer matarse y, en otros casos, de haber hecho el intento.

La pandemia “hizo estragos”

“Me saca mucho de las casillas cuando dicen que la educación está muy mal porque los niños no saben leer ni escribir. Un niño que vive en esos contextos, muchas veces duermen tirados en un colchón con cinco hermanos, o a veces hay hermanos mayores que abusan de los chicos. ¿Tenés interés en aprender 8 x 8 o a escribir? No les interesa”, evaluó Menéndez. “Me indigna cuando salen por la televisión a decir cosas, que vengan acá, a estar dentro de la clase, a visitar los hogares”, insistió.

También expuso que se inspecciona haciendo hincapié en cuántos niños leen y escriben, y “hay veces que la clase se detiene para atender lo que está pasando, como que un niño está diciendo que no quiere vivir más, o una niña cuyo hermano se suicidó y está con dolor en el pecho y crisis de pánico. Abordamos otras cosas”. La pandemia “hizo estragos, con todas las situaciones que tuvimos que atender, los contenidos que se dieron fueron mínimos”.

En esta línea, hablaron sobre lo que significó para ellas hacer frente a las realidades de estos niños en situación de pandemia. Desde tener que hacerse de los insumos para poder dar clase en sus casas hasta acudir a atención psicológica particular para sobrellevar ese contexto de encierro, que también las afectó. Institucionalmente “no tenemos ninguna atención”, plantearon las docentes.

El rol de la reforma educativa

La directora de la Unidad de Análisis e Intervención de ANEP, Carolina Ponasso, dijo que en la llamada Transformación Educativa falta más atención en los aspectos de salud. Al ahora haberse creado una Dirección Sectorial de Salud en el organismo, “es una esperanza para todos, pero no es una garantía de que se logren las cosas, porque se debe tener más focos en el área de la salud, en lo socioemocional y psicoafectivo. Sin salud, que es un derecho, no hay aprendizaje posible”, remarcó.

Explicó que se llevan a cabo propuestas, pero las distintas políticas en salud no se unifican. El Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Juventud y la ANEP trabajan por separado y con poca articulación, advirtió. Desde hace años se busca unificar, pero al momento de instrumentar las cosas “no sabemos lo que hacen los demás”, aseguró.

“No se trata de llenar de psicólogos y de psiquiatras las instituciones educativas, sino de que como sociedad tengamos más espacios de contención para evitar las descompensaciones y que se generen espacios sociales que oficien como patrones protectores del desarrollo de la persona”, reflexionó Ponasso.

Para Menéndez, el camino es trabajar con las familias: “Es un tema de contexto familiar y barrial”, también “hay que trabajar la seguridad, no puede ser que no puedan salir a la calle porque hay una balacera”. Expresó que el tema de las balaceras “los tiene presos en su casa, salen solo a la escuela”.

Fernández dijo que, en cuanto a las instituciones, el camino es tener un trabajo coordinado entre las policlínicas, docentes, escuelas y clubes de niños, pero no están las herramientas para que eso funcione.

Esta nota es una síntesis de un trabajo final de grado de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar.