Julieta Grinberg tiene una marcada trayectoria en poner el ojo en la importancia que tiene el indagar sobre las políticas para la protección de las infancias y adolescencias. Grinberg es doctora en Antropología y Etnología, investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), profesora de universidades de Argentina en grado y posgrado, y es directora de la Especialización en Gestión de Políticas para la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Su especialización ha sido estudiar las políticas y dispositivos jurídicos y burocráticos que tienen foco en la protección de las infancias y adolescencias en las últimas décadas. Debido a su trayectoria y formación, fue invitada como comentarista a la presentación del libro Vivir en un ambiente familiar. Prácticas, representaciones y políticas en las puertas de entrada al sistema de protección especial de niñas, niños y adolescentes de Montevideo, que tuvo lugar en diciembre en el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) del Consejo de Formación en Educación y del que Diego Silva, exconsejero docente del CFE, fue uno de los autores y coordinadores de la investigación.

En esa instancia, Grinberg puso en evidencia algunas similitudes y diferencias del sistema de protección argentino con el uruguayo y conversó con la diaria sobre este y otros puntos. “El maltrato infantil es como una lente a partir de la cual se recortan y se significan y se tratan las violencias hacia los niños, las niñas y los adolescentes”, señaló. Para la antropóloga, este lente “visibiliza ciertas cuestiones pero opaca otras”, y al mismo tiempo, “está construido sobre una idea de niño, de familia, que moviliza un montón de prejuicios, estereotipos, raza, clase y género”.

A partir de la indagación desde ese marco, Grinberg contó que pudo “ir explorando cómo estos distintos tipos de maltrato se resignifican, y concretamente qué situaciones eran englobadas, etiquetadas, a través de la categoría negligencia”. Así, pudo problematizar las distintas situaciones que cargan con esa etiqueta, “que pone el foco en las dificultades que tienen las familias en torno al cuidado, la crianza, pero desvinculado del contexto social que posibilita que una familia pueda cuidar, de acuerdo a los parámetros socialmente establecidos”.

Según especificó, en 2004 se implementaron en Uruguay leyes de protección integral y en Argentina fue en 2005. Las investigaciones de Grinberg han intentado documentar las distintas transformaciones que se fueron dando a partir de la implementación de esas leyes, ya que según consideró, “implicaron todo una reconfiguración del entramado institucional y nuevos procedimientos en materia de protección de derechos”.

Así fue que en su tesis de doctorado realizó un trabajo de campo sobre los servicios de protección de derechos, en los que el organismo administrativo es quien toma las medidas, “ya sean integrales, para tratar de trabajar con las familias evitando la separación de los niños de sus padres, o las medidas excepcionales, cuando se toma la decisión de separar a un niño o niña o adolescente de su ámbito familiar, para que sea ingresado a una institución o con la familia ampliada”.

Explicó que el trabajo de campo fue una etnografía que tuvo como puntos de mira los servicios de protección localizados “en los barrios muy pobres de la ciudad de Buenos Aires, que trabajan con población muy pobre, migrante”, y que tuvo como foco “estudiar cómo se tramitaban esas situaciones de vulneración de derechos”.

Las categorizaciones extendidas

En el proceso, Grinberg se encontró con que “las categorías utilizadas para nombrar aquel amplio abanico de situaciones con las que intervenían, era la categoría maltrato infantil y sus distintos desdoblamientos: negligencia, maltrato físico, psicológico y abuso sexual”.

Vinculado a la situación de Uruguay, Grinberg resaltó que una de las consideraciones esbozadas por los participantes en la presentación del libro fue que las estadísticas dan cuenta de que “las negligencias son uno de los motivos de intervención que justifican la toma de una medida de separación, una medida excepcional”, por lo que el porcentaje de ingreso por esta razón a los centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) “es altísimo”.

Para la antropóloga, “al etiquetar las situaciones, englobarlas y homogeneizarlas, queda difuminada la desigualdad social, cuando todos vienen de sectores precarizados y atravesados por la pobreza extrema y la desigualdad social”. Asimismo, según Grinberg, “estos marcos de inteligibilidad orientan y legitiman formas de intervenir”, en suma, “esas categorías no son neutrales, sino que están construidas de ideas morales acerca de lo que es un niño, el buen cuidado, y qué necesita el niño en cuál etapa de la vida”, además de ser “individualizantes”.

Unas de las diferencias que Grinberg visualizó entre los sistemas de protección uruguayos con los argentinos es que en el país vecino “hay mucha heterogeneidad en lo que sucede en cada jurisdicción, además de que cada provincia tiene su propia normativa, que se adecúa a la normativa nacional”. Con ánimos de ejemplificar, la antropóloga apuntó a que “es como si [cada jurisdicción] tuviera su propio INAU”. A su vez, narró que en Argentina las instituciones son de menor tamaño que en Uruguay, y los niños y adolescentes son albergados, usualmente, “en hogares con pocos chicos”. Esta situación, dijo, se alinea con parte de las recomendaciones a nivel internacional, aunque ante todo establecen que la separación debe ser la última opción y, si es así, “por el menor tiempo posible”.

Por otro lado, la antropóloga identificó dos ejes de semejanza: por un lado, “la precariedad institucional, los bajos salarios, la rotación de los profesionales, la falta de recursos humanos”. En esa misma línea, especificó que muchos de los profesionales son “muy jóvenes, trabajando con situaciones de extrema complejidad, porque al ser los salarios muy bajos la gente va adquiriendo experiencia y busca otros lugares, por lo que entra gente con poca experiencia”. Este contexto, según Grinberg, hace que tanto en Uruguay como en Argentina sea “muy difícil generar un trabajo de acompañamiento sostenido, aún cuando se trata de estas situaciones de complejidad”.

La restante similitud es, justamente, “los marcos de inteligibilidad”. Pero para la antropóloga estas categorizaciones no son exclusivas de los servicios de protección, sino que también son arrastrados por el Estado a los distintos ámbitos. “El sistema educativo y las instituciones de salud”, señaló.

En ese marco, consideró que “el maltrato infantil se construyó como una lente hegemónica que conlleva una forma de intervenir individualizada, psicologizante, que es la forma hegemónica desde el 70 en adelante, al menos en Argentina, aunque no quiere decir que el problema moral que informa las categorías sea estático”.

En la línea de que las categorizaciones llegan a todos los ámbitos de los que el Estado forma parte, para la antropóloga una de la estrategias que el Estado debería implementar para que las formas de ver las violencias sean de otra manera, es que, en primer lugar, “debería asumir que responsabiliza a las familias de sus propias omisiones o negligencias”. Según remarcó, “muchas veces, efectivamente en ese contexto esa familia no puede cuidar, pero si uno rastrea para atrás, había un montón de situaciones en las que el Estado había estado ausente, y esa situación concreta que en ese momento requiere de una intervención, en realidad llegó porque el Estado no intervino antes”.

Lo que ocurre, de acuerdo a Grinberg, es que “las vulneraciones de derechos se terminan recortando y circunscribiendo a las situaciones de violencia -de determinadas violencias- y en realidad hay un montón de situaciones de vulneraciones de derechos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales”, en las que “el Estado podría emplear un montón de acciones pero no lo hace”. Para la antropóloga, el Estado no lo realiza porque suelen ser “precarizados” y, por tanto, “las lentes, las miradas, deciden poner foco en otras cuestiones”.

Formaciones

Una de las grandes diferencias entre Uruguay y Argentina con respecto a este tema es que en este último no existe la carrera de educador social, salvo en ciertas provincias, como Córdoba. “No existe el perfil de educador como una formación” y, por tanto, dijo, en los centros de protección “hay gente haciendo de educador: estudiantes de trabajo social, de psicología, pero no es una figura tan institucionalizada como acá”. En cambio, sí está muy presente la figura de “las cuidadoras”, que tampoco recibieron una formación y, por tanto, “no siempre es personal capacitado para trabajar con chicos en situaciones complejas”.

Grinberg ve con buenos ojos que haya educadores trabajando en estos contextos. Si bien esgrimió que desconoce “la historia de la disciplina y si hay disputas con el trabajo social” en Uruguay, afirmó que “está bueno que haya profesionales con esta especialización para trabajar en estas situaciones”.

Debido a los distintos ámbitos en los que trabaja y estudia Grinberg, tiene contacto con los diversos actores que forman parte del entramado de los sistemas de protección, desde estudiantes de trabajo social hasta psicólogos y abogados. En el marco de la “homogeneidad” que asegura que las categorizaciones generan, la antropóloga consideró como relevante que los profesionales puedan tener “instancias de formación y reflexión” para poder intervenir en estos contextos desde otro lugar.

Es que, según manifestó, estas instancias “permiten tomar distancia de la práctica cotidiana, tener lecturas, espacios de discusión, desnaturalizar y problematizar”, aunque admitió que “en general hay poco espacio para esto, porque son profesionales que están muy demandados, sobrecargados de situaciones y superprecarizados”.

Uno de los puntos que narró que trabajan con los profesionales en cuestión es “la construcción social, histórica y cultural de la infancia y la familia”, ya que para la antropóloga “poner en perspectiva histórica te ayuda a desnaturalizar esos sentidos asociados a la infancia, la familia, los cuidados, la protección”. De acuerdo a Grinberg, es importante que los profesionales que trabajan con los centros de protección puedan “reflexionar sobre estas cuestiones, así como las categorías a partir de las cuales trabajan, porque son una forma de jerarquizar las violencias o determinadas formas de violencia”.