Después de 15 años en el gobierno y cinco en la oposición, el Frente Amplio (FA) llega a las elecciones nacionales después de “un período bien interesante de autocrítica”, afirma Pablo Caggiani, uno de los principales referentes en educación de esa fuerza política. Actualmente se desempeña como director por la oposición en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y considera que la elaboración de las propuestas del programa del FA en educación tuvieron como marco “un proceso largo de discusión”. “Fueron dos años de elaboración del programa, hubo conversatorios con familias, con actores religiosos, docentes, estudiantes, con actores de la academia. Se armó una cosa interesante en términos de acordar los desafíos que tiene el sistema educativo”, consideró, entrevistado por la diaria.

Según ha planteado en algunas actividades públicas del FA, ese proceso también sirvió para zurcir diferencias internas en la coalición de izquierda, que sobre todo en el último gobierno fueron explícitas. Caggiani defendió la necesidad de que las soluciones a los importantes desafíos que enfrentará el próximo gobierno en materia educativa sean pensadas en conjunto con otros actores políticos y sociales. Con los antecedentes del acuerdo multipartidario del gobierno de José Mujica, el FA ahora propone ampliar los actores que estén sentados en la mesa e incluir a estudiantes, familias y docentes, pero también a los actores del segundo o tercer nivel de gobierno, los actores empresariales, los trabajadores organizados, los cooperativistas y los colonos, entre otros.

Más allá de la necesidad de generar un pacto, ¿qué considerás que debe rediscutirse y cambiarse de la Transformación Educativa?

Estos años hemos visto la opción de producir la política educativa de arriba hacia abajo y sólo entre los que ganaron, y los resultados no dan cuenta de que sea una buena forma. Después está el debate de qué se hace con la reforma de los programas; transformación educativa es una cosa un poco más compleja. Hubo una reforma curricular en la educación básica, hay otra en la formación en educación, que es un poco más problemática todavía, pero la reforma fue hecha solamente por las autoridades de gobierno. No sólo no escucharon o no contemplaron lo que planteaban las ATD [Asambleas Técnico Docentes]: les mandaban los documentos la noche anterior.

Tienen cuestionamientos también de las asociaciones de la educación privada, de actores de la academia, de asociaciones de profesionales. Lo curricular no es sólo qué conocimientos científicos es importante que conozcan nuestros estudiantes y cómo enseñarlos, si es por contenidos o por competencias, sino que hay otro componente de lo curricular, que son los valores que hay en la sociedad.

El gobierno reformó con el criterio de autoridad, pero no con el de representar cuáles son las características de la sociedad uruguaya, es por eso que hay tantos ruidos. El FA tiene una propuesta muy sabia, porque en primer lugar preserva a los gurises. Esto hay que revisarlo convocando a los actores que no han tenido voz en estos temas. Pero eso no implica un freno y volver a 2019. Esto preserva la trayectoria educativa de los gurises y los planes en los que comenzaron, algo que la reforma tampoco hizo. La buena política educativa tiene que lograr preservar a los estudiantes de las modificaciones, y modificaciones va a haber.

El aumento de la carga de trabajo administrativo y que se establezca una única metodología para enseñar han sido algunos de los puntos más cuestionados por los docentes. ¿Eso estará sujeto a revisión?

Hay cuestiones que sólo pueden ser pensadas desde un escritorio. Se establecen diez competencias, distintos niveles de logros y con 25 estudiantes lo que tengo es un problema. Hay que tabular eso, tengo que reportarlo, y a eso hay que sumarle las solicitudes de información de corte autoritario de la administración. La información de calidad es necesaria, pero después los docentes tienen que tener espacios para pensar la realidad concreta de los estudiantes, de sus materias, y eso fue lo que se perdió con esta reforma curricular.

El control muestra que hay poca confianza en los docentes y hay una presión muy fuerte sobre ellos. Luego hay una falta de pericia técnica en la forma de administración de lo educativo. Vimos la forma del viejo Partido Colorado: ordeno desde arriba y controlo. En realidad, lo que sucede en la educación es que cuando los docentes y los estudiantes se ponen a producir en situaciones de enseñanza y aprendizaje, es donde acontecen los milagros. Ahí hay cosas para recomponer, eso no implica ni cambiar el marco legal, ni cambiar los programas ni resolver el presupuesto, sino dar determinado marco de trabajo con confianza en lo que acontece en las instituciones. Esto llega al absurdo de que hay gente que no se va de campamento o no sale de paseo porque no quiere tener un lío.

Creo que es un gobierno que estaba enojado con los docentes. La hipótesis de arranque era el docente como problema, entonces, hay que cambiarle los programas, decirle lo que tiene que hacer, controlar lo que hace, no darle mucha pelota a lo que opinan las ATD ni los sindicatos. Tampoco a las inspecciones, el ministro [de Educación y Cultura, Pablo da Silveira] en un momento les dijo a las inspectoras de Primaria que si no les gustaba, que se fueran. El enojo se vio en lo salarial, porque los docentes fueron los trabajadores que más salario perdieron.

¿Qué implica exactamente que las resoluciones del congreso de educación que se va a convocar, si gana el FA, serán vinculantes? ¿El gobierno va a delegar el poder en el congreso?

En 2006 tuvimos el primer debate educativo [con el Congreso Nacional de Educación Julio Castro]. Se hicieron miles de reuniones en todo el país, participaron más de 20.000 personas en las escuelas, en los barrios. Y eso fue lo que explicó mucho de lo que apareció en la ley de educación de 2008. Después, por particularidades que tenemos en la izquierda política y social, entendimos que la ley podría haber sido una derrota. En realidad fue la ley de educación que más se discutió en la historia del país.

Lo que aprendió el FA es que la participación es clave en materia de educación, pero eso no implica que el gobierno no se haga cargo. Lo que tienen que hacer los gobiernos es recomponer la confianza de la ciudadanía en la participación. Si la participación es un lugar para legitimar cosas que ya están pensadas, diseñadas y formateadas, para eso ni me llames. Lo que se plantea en la definición política del FA para el próximo período es que tienen que existir instancias de participación, tienen que ser políticamente importantes para el gobierno, es decir, no quiere decir que esas definiciones sean vis a vis lo que se va a hacer en materia de educación, pero quiere decir que el gobierno tiene que prestar atención a lo que plantea la ciudadanía.

Las propuestas que hace el FA tienen que ver con amplios acuerdos: la cobertura en primera infancia, la cobertura en lo terciario universitario y la descentralización, la extensión del tiempo pedagógico, la mejora de los aprendizajes, los equipos multidisciplinarios, la protección de trayectorias. Son cosas que, además, vienen de los acuerdos multipartidarios.

Este es un gobierno que está de acuerdo con la extensión del tiempo pedagógico, pero fue el gobierno que menos transformó a tiempo completo y tiempo extendido. Asumieron diciendo que era inadmisible que la mitad de los gurises no culmine educación media superior; más o menos la mitad siguen sin terminar. Todo esto no ha cambiado sustantivamente la ecuación, a pesar de que cambiaron las reglas de pasaje de grado y aumentaron unos puntitos. No estoy diciendo que no se haya hecho nada, sino que hay una cuestión estructural que es más difícil de mover y que requiere más fuerzas mirando ese tema.

Teniendo en cuenta que hubo un plebiscito que respaldó el cambio de consejos a direcciones unipersonales, ¿qué debería hacer un próximo gobierno respecto a la forma de gestionar los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)?

El programa del FA recoge algo muy característico de Uruguay en los principios de funcionamiento de lo educativo, que es autonomía y cogobierno. Creo que hay una agenda legislativa detrás que tiene que ver con recomponer los espacios de participación en la ANEP, que pueden ser los consejos como los conocemos o pueden ser otras formulaciones. Hay una fuerte definición política de que tiene que haber participación. Además, hay que pensar de qué manera participan estudiantes, familias, algo que ya tenemos avanzado a nivel de centro educativo, pero no lo tenemos tan pensado a nivel de administración de lo educativo. Esto no quiere decir que sean consejeros, sino que hay que pensar en traer de vuelta la participación a lo educativo. Hay otro caso concreto que es el cogobierno para la Universidad Tecnológica [UTEC], que también está planteado en el programa.

Después hay un conjunto de desafíos con la primera infancia. Está el proyecto de Cristina Lustemberg, no puede ser que cada uno esté tocando una partitura diferente si estamos hablando de los mismos 30.000 gurises que nacen por año. Tenés un escenario similar en la coordinación y la articulación de lo educativo, porque la ley de urgente consideración [LUC] modificó las formas de coordinación, que de hecho no han funcionado. Un país que tiene como desafío generalizar lo terciario-universitario tiene que sentar a conversar a los actores en un sistema que articule para traccionar gurises hacia esa formación y, además, hacerlo descentralizadamente. Eso cambia sustantivamente la realidad en el interior del país.

Uruguay está en inmejorables condiciones de generalizar la formación terciaria universitaria si logra colocar algún recurso más, pero además poner en diálogo a esas instituciones con otros actores del Estado, que son el resto de los ministerios, pero además las empresas públicas −y las que deben crearse−.

¿Qué medidas de las propuestas por el FA apuntan a mejorar los aprendizajes de los estudiantes?

Hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con el derecho de todos a la educación, pero también con el proyecto de sociedad que queremos. No todo se puede medir. La evaluación estandarizada mide algunas cosas de lo que pasa en la educación, pero no mide todo. Si los gurises aprenden arte o si tienen proyectos de vida que les permitan ser felices, no lo puede evaluar.

Ahí hay una perspectiva de la integralidad de lo curricular, que ya se instaló en los primeros períodos del FA, es decir, que el sistema educativo público tiene que ofrecer una segunda lengua, pensamiento computacional, educación física, educación artística, experiencias de circulación por la ciudad y por el país. Un conjunto de cosas que, como adultos, entendemos que los gurises tienen que hacer porque es deseable que las hagan, no porque con eso van a mejorar algo. Entendemos que van a ser mejores ciudadanos, que van a poder elegir mejor sus proyectos, disfrutar mejor su tiempo libre, su vida.

Por otro lado está lo que hacemos para mejorar la inequidad de aprendizajes. Ahí hay un conjunto de cosas que Uruguay hizo, que hablan de por qué no caímos tanto como otros países en el contexto de pandemia: que haya materiales, que estén los cuadernos para leer y escribir, que haya cuadernos para matemática, que haya Plan Ceibal, que haya docentes en posición de sostener gurises.

Después, sabemos que el tipo de propuestas educativas que se formulan a los estudiantes tiene relación con los niveles de logro. Sabemos que hay afectaciones del desarrollo que vienen desde la primera infancia, incluso antes del nacimiento. Hay que avanzar en la detección temprana para que se llegue a intervenir en tiempo y forma. Muchas veces los gurises llegaban a primero de escuela sin ningún tipo de intervención ante un proceso de desarrollo que tenía algunas afectaciones. Se construyeron instrumentos de evaluación de eso, el INDI [Inventario de Desarrollo Infantil] de Facultad de Psicología, que está en cinco y cuatro años, quedó pronto para estar en tres años, pero todavía no se implementó. También importa el tipo de propuestas que hacen los docentes y, por tanto, su formación. Hay determinadas actividades que producen mejores logros, porque requieren ciertas habilidades y conocimientos por parte de los gurises. Después hay que reforzar los apoyos pedagógicos.

El gobierno dice que se aumentaron las horas de tutorías. ¿Cómo evaluás ese aspecto?

Este gobierno lo que hizo fue comunicar muy bien lo que ya se hacía. Le cambió el nombre a algunas cosas, pero en realidad perdió cinco años en seguir avanzando en eso. Cuando vas a mirar lo que sucedió, por ejemplo, en educación media, a los docentes se les quitaron dos horas de coordinación. Toda esa plata no se volcó a tutorías. En eso el gobierno avanzó muy poquito o no avanzó. Sacaron algunas maestras comunitarias para las inspecciones y pusieron un cargo más, entonces dicen que hay más maestras comunitarias y no, hay menos. Cuando vas a ver las tutorías en educación media te dicen que ahora hay tutorías en todos los liceos, pero lo que hicieron fue repartir la misma bolsa de plata entre más centros. Seguís teniendo gurises que tienen dificultades y no tienen un espacio al cual ir.

Lo otro que el gobierno no ha logrado, y es un problema de administración, es que eso tenga registro. Hay un problema con el registro de cómo hacemos el seguimiento de los gurises. Cuando el centro está puesto con la cabeza en los gurises que tienen dificultades, los ataja, porque los ve y tiene relación con ellos. Cuando los centros están muy colapsados o sobredemandados, los gurises pasan por debajo del radar y pasan por debajo de los sistemas de información.

Los temas de apoyo y de detección temprana de dificultades y posibilidad de intervención en el sistema de salud y en el sistema educativo también tienen que ver con los procesos de inclusión, son temas claves. Lo otro que aparece en la discusión programática es que los centros tienen que tener mayor acompañamiento de equipos técnicos. Eso no quiere decir que deban tener un psicólogo por niño, sino que tiene que haber otras miradas de profesionales acompañando lo que hace el centro educativo. Son miradas diferentes a las que tiene el sistema de salud, son profesionales que pueden abordar cuestiones en un lugar donde las cosas tienen que pasar todos los días, no cada tanto tiempo, como cuando uno recorre el sistema de salud. En eso también el gobierno se pasó todo el período hablando y resulta que recién ahora están entrando algunos psicólogos al final del período.

También en el programa se plantean propuestas para generar un sistema de becas y otros partidos han generado propuestas sobre el tema.

La propuesta de becas es una política que resuelve varias de las cuestiones que están en esta conversación. Si tenés un gobierno que aumentó la pobreza infantil, que desvistió la matriz de protección social, generó mayor inseguridad en el barrio, cuando hay transferencias se da una mejora concreta en la calidad de vida de los gurises. Es una política de la que hay evidencia que mejora la culminación de ciclos educativos, mejora la asistencia al centro educativo.

Además, resuelve otra serie de cuestiones que son un problema para las familias de los gurises más vulnerables. Esos gurises viven en general en familias monoparentales, con los veinticincomilpesistas famosos, que es un tema que hay que resolver. Ahora, si mientras resolvemos eso hay un gurí sin championes que por eso no va al liceo, la política pública tiene que estar ahí. No se puede decir esperá que el año que viene va a haber championes. La beca resuelve estas cuestiones, igual que la tensión de estos gurises con el mercado de trabajo, un mercado informal, muy mal pago. La beca no paga lo mismo, pero se plantea duplicarla justamente porque las becas actuales son muy pequeñas, pero además resuelve la ecuación de un adolescente o joven que no es una carga que estudie en la casa.

La beca es sustantivamente diferente a decir que les vamos a dar 6.000 dólares a los que terminen. Es la misma plata, pero no hay evidencia de que dar un premio a los que terminen mejore la culminación de ciclos. Además, vos andás descalzo hasta que cobrás los 6.000 dólares.

¿Cómo ves el plan piloto que generó la Universidad de la República (Udelar) para seguir la trayectoria de los estudiantes desde bachillerato y que se sigan pagando las asignaciones familiares de quienes cumplen 18 años?

Eso habla de cómo la Udelar está colocada de cara al desafío que tiene el país en términos de derecho a la educación y desarrollo. Es claro que los que empiezan a llegar no van a ser los que ya llegaban. La universidad lanza una experiencia que es bien interesante: estar presente en el último año para ver las opciones de los gurises al finalizar media, pero también en cómo aprenden, la vida que les espera. Los programas puente o enlace son buenos. Pero además resuelve otra cosa que es descabellada y es que a los 18 el gurí deja de cobrar la asignación familiar y cuando ingresa a la universidad tiene que volver a demostrar toda esa vulnerabilidad que ya sabemos que tiene para poder acceder a algún tipo de beca.

La universidad está pensando en que no tiene que haber saltos. Aquello que los gobiernos del FA resolvieron entre primaria y secundaria, como ya planteaba Julio Castro hace 60 años, pensar la trayectoria educativa del gurí concreto. Los nuevos que lleguen a la Udelar son de los sectores más vulnerables, no van a llegar nuevos estudiantes de los sectores que ya llegan. Ese es el desafío de Uruguay y en eso las autoridades de la ANEP han sido desinteligentes. Tenés una universidad que está dispuesta a ese pienso, a colocar recursos en esto, una UTEC con 10% de la matrícula que tiene becas del Fondo de Solidaridad, tenés un conjunto de actores que del otro lado están traccionando hacia la continuidad de los gurises y no se ha podido coordinar la fecha de exámenes de Secundaria con los períodos de inscripción. Esta falta de diálogo de las instituciones que están en lo público hace que los gurises terminen de dar los exámenes de sexto cuando ya terminaron los períodos de inscripción en la Udelar.

Las bases programáticas ponen de vuelta el horizonte de llegar a un presupuesto equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y 1% para investigación. ¿Es viable llegar a esa meta?

Si alguien entiende que la educación tiene que recibir más presupuesto, eso sólo lo hace el FA. Probamos otra opción y la educación recibió millones de dólares menos. Todavía no tenemos claro cómo nos dejan la caja, ya sabemos que hay un montón de compromisos dentro de la Corporación Nacional para el Desarrollo a pagar cuando acceda el próximo gobierno. Hay que apostar a retomar la inversión en educación, pensarlo no en algo que se resuelve el primer o segundo año de gobierno, sino que hay que ir hacia eso.

Será un escenario en el que la administración va a tener cierto aire, porque disminuye la matrícula, porque nacen menos niños. Por primera vez en muchos años el sistema educativo va a empezar a usar menos sillas. Ahí hay una tremenda oportunidad para la extensión del tiempo pedagógico, pero además hay un margen de flexibilidad para los tiempos del 6+1 del PIB. Los desafíos que están planteados en el programa del FA en términos de cobertura educativa no se pueden cumplir ni siquiera con el 6%. Generalizar lo terciario universitario implica duplicar la cantidad de sillas, generalizar la primera infancia también. Por más que nazcan menos niños hay una inversión para hacer. La extensión del tiempo pedagógico implica el doble de inversión por estudiante.

Lo que el FA tiene que hacer es seguir avanzando en el incremento del presupuesto educativo, hacerlo al ritmo que se pueda, porque la primera prioridad es la pobreza infantil, eso es lo urgente. Y con los otros temas hay que hacer una orientación política que aclare que se va en ese sentido. La inversión en infraestructura es importante, pero el aumento de la inversión por estudiante también.

Lo que no podemos plantearnos es que si, en 2026 no está el 6+1%, eso sea un problema. Decirlo puede estar buenísimo en elecciones, pero no hay ninguna posibilidad material de que en el primer y segundo año de gobierno se resuelva el 6+1 en las condiciones en que está el país. Lo que no puede pasar es que el FA deje el gobierno sin haber avanzado significativamente para llegar al 6+1. La otra opción es lo que vimos en estos cinco años: ahorrar en educación durante cinco años más.