El diagnóstico de las autoridades de la educación sobre el inicio de cursos es prácticamente opuesto al de los sindicatos docentes y de trabajadores. Si bien para los jerarcas se trató de una vuelta a clases con total normalidad, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) dio una conferencia de prensa en la que habló de diversos problemas de gestión que desembocan en un inicio de cursos “ficticio”, según entienden, en alusión a que en muchos centros educativos no se pudo iniciar con normalidad.

El coordinador de la CSEU, José Olivera, marcó “una contradicción importante” de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que han planteado que en el país existe una baja de la natalidad que repercute en la caída de la matrícula, pero al mismo tiempo el inicio de cursos está marcado por la presencia de grupos superpoblados y docentes sin trabajo. En concreto, dijo que eso se observa en escuelas de Primaria de tiempo completo y tiempo extendido. Según Olivera, eso es motivado por el recorte presupuestal que se está llevando a cabo en la ANEP desde que se inició el actual gobierno.

Por otra parte, exigió explicaciones a las autoridades sobre por qué no se aprovecha la baja en los nacimientos para bajar el tamaño de los grupos y así generar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. De hecho, hay una normativa de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) que establece que un grupo que tiene menos de 17 alumnos debe ser fusionado con otro. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) apuntan a que esa disposición cambie, dijo a la diaria Mónica Suárez, integrante del sindicato.

En tanto, señaló que la FUM-TEP está relevando la cantidad de maestras que fueron a elegir cargos en escuelas, pero no lo lograron por la falta de oferta incluso para hacer suplencias. Según explicó Suárez, en Montevideo hubo al menos 200 docentes en esa situación, pero también recibieron demandas de departamentos del interior como Artigas, donde 100 maestras quedaron sin poder elegir.

El coordinador de la CSEU también se refirió a la falta de funcionarios administrativos y de servicio en los centros educativos, que en el caso de Primaria se siente particularmente en las escuelas rurales, donde muchos maestros han tenido que asumir esas funciones. En el caso de la educación media, dijo que hasta hoy se registraron “largas colas en muchos centros educativos del país” para la inscripción de estudiantes, sumado a que, debido a la tardía elección de horas en Secundaria, hay dificultades para el armado de horarios por el desborde de tareas que están sufriendo los secretarios de los centros.

Más de 30.000 horas sin asignar

Olivera insistió con que la de este año fue “la peor elección de horas de los últimos 15 años”, aunque las autoridades “quieran pintar el mejor de los mundos posibles”. Según un primer relevamiento realizado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que se irá actualizando en el correr de los días, el día de inicio de cursos restaban más de 30.000 horas docentes por asignarse en liceos públicos de todo el país. Según ilustró, eso quiere decir que “en los próximos 15 o 20 días muchos estudiantes se van a encontrar con la triste situación de no tener a todos sus docentes” y tampoco los horarios definitivos.

Según completó, en el caso de UTU hay decenas de grupos sin confirmar en todo el país y el organismo no podrá atender toda la demanda de estudiantes, por lo que en las próximas semanas “enviará” estudiantes a Secundaria. Olivera dijo que esta situación se conocía de antemano, pero se optó por crear esos grupos tardíamente, lo que hará que esos estudiantes estén sin clases durante unas cinco semanas, a la espera de que los grupos se conformen en el liceo público que los reciba. Lamentó que esta situación tiene consecuencias negativas tanto para los estudiantes y sus familias como para los trabajadores, que quedan sin cobrar un mes de trabajo.

En la misma línea, desde la CSEU plantearon que, debido a los cambios en la elección de horas en formación en educación, unos 1.200 docentes se quedaron sin trabajo, por lo que tuvieron que acudir a los demás subsistemas. De vuelta, Olivera marcó una contradicción entre esta situación y que actualmente “hay estudiantes de formación docente en lista de espera porque no se han abierto los grupos”. “Ahí vemos, una vez más, los efectos que está generando el recorte presupuestal en todo el sistema educativo”, manifestó.

Finalmente, el coordinador repudió “el fin de las certezas jurídicas y de las garantías del debido proceso” en la ANEP, a lo que se suma una “política sistemática de perseguir a docentes” desde que Robert Silva asumió la presidencia del ente, en 2020. En concreto, lamentó que este año se haya sancionado a dos maestras pese al contenido de un dictamen de la Organización Internacional del Trabajo que habló del derecho a la realización de actividad sindical en lugares y horario de trabajo, y recordó casos similares, como el de más de una decena de profesores del liceo 1 de San José y la situación en el IAVA. Además, dijo que recientemente un profesor del Instituto Normal de Enseñanza Técnica fue sumariado y separado del cargo por pretender generar una organización sindical y expresarse en contra de los cambios curriculares en ese instituto.