Después de varias críticas públicas que recibieron los planes y programas elaborados para bachillerato, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió convocar a un consejo consultivo integrado por integrantes de diversas instituciones y organizaciones vinculadas a las temáticas que tratan los programas de segundo y tercer año de dicho tramo. Con las mallas curriculares ya aprobadas el año pasado, esos programas se elaborarán y aprobarán en 2024 para aplicarse en 2025. En este caso, el organismo entendió importante incorporar miradas externas desde el inicio de la elaboración de los programas que quedan por aprobar.

Antes de la presentación pública, las invitaciones de ANEP comenzaron a llegar a integrantes de instituciones como la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Ceibal y la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, entre otras. Sin embargo, no tuvieron buen eco en buena parte de los académicos de la Udelar que fueron invitados a ser parte de la comisión.

Según señalaron a la diaria María Simon, exministra de Educación y Cultura y exdecana de la Facultad de Ingeniería, y Roberto Markarian, exrector de la Udelar, tienen conocimiento de que fueron invitados siete docentes con trayectoria en esa casa de estudios, de los cuales cinco declinaron la invitación. Markarian y Simon, además, definieron hacer públicas las notas en las que expresan su negativa a la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, y explican los motivos.

En ese sentido, los académicos agradecieron la invitación, en el entendido de que se trata de una “consulta amplia”, pero entienden que “ni los tiempos ni la esencia de lo planteado son los adecuados”, y que su posible participación en dicho espacio “no sería fructífera”.

“No he participado en ninguna de las instancias anteriores, ni se me ha pedido opinión sobre las características del proceso, sea sobre su concepción integral, sea sobre su implementación. Por otra parte, considero que intentar la culminación de la actual etapa en octubre de 2024 para su inmediata aplicación en 2025 no se corresponde con la necesaria apropiación por parte de los docentes de las nuevas temáticas y enfoques. Todo ello se contradice con las correctas dinámicas de participación en la elaboración de transformaciones de los sistemas educativos”, argumenta Markarian en la nota enviada el 18 de abril a Cáceres, a la que accedió la diaria.

Si bien señala que no se debe a falta de interés en el tema, el exrector “no cree conveniente” su participación en la comisión en el tramo final del diseño de la llamada Transformación Curricular Integral.

Nota Markarian - Codicen by la diaria

Simon, por su parte, respondió a Cáceres que, más allá de que tiene “el mayor interés en la educación en todos sus niveles”, entendió que su participación en la comisión en esta etapa no es “conducente”. La exministra lo fundamentó a partir de “todo el proceso ya cumplido y el previsto”, y también porque considera que la consulta se ocupa de aspectos que “no son los más nucleares en el importantísimo tema de la educación”. “Creo que los programas tienen una influencia de segundo orden frente a los docentes: con un mal programa y un buen docente, los estudiantes aprenden igual; y a su vez, por mejor que sea el programa, si el docente no está preparado o no lo comparte, no aprenden”, se explayó.

En esa línea, argumentó que los buenos docentes “se consiguen con una sólida formación de base y actualización permanente, y con respeto de la sociedad hacia su profesión, lo que incluye pero no se agota en el salario”. “Para ejercer su docencia necesitan tiempo educativo y libertad”, completó.

En suma, la exdecana considera que “la gran apuesta” que debe realizar el sistema educativo “es aumentar el tiempo educativo, profundizar la formación docente y mejorar las condiciones de trabajo y estudio”. Si bien Simon afirma que es consciente de que “aumentar el tiempo educativo tiene altos costos”, entiende que “es la mejor inversión que un país puede hacer”. “Una escuela pública de cuatro horas diarias, en la práctica excluye a las familias trabajadoras, pues resulta imposible para la madre y el padre ir a buscar a sus hijos y llevarlos a otras actividades educativas o recreativas. Más difícil aún es para familias monoparentales”, señala al respecto.

Nota Simon- Codicen by la diaria

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