“En memoria del estudiante Nelson Santiago Rodríguez Muela, trabajador de Ancap, quien fue asesinado por la espalda por el grupo fascista JUP durante una asamblea de madres, padres y docentes en el anexo de este liceo la noche del 11 de agosto de 1972”, dice la placa que fue colocada e inaugurada este miércoles en el liceo 8 de Montevideo, acompañada de la frase “nunca más terrorismo de Estado”.

El texto que ahora luce en la fachada del liceo, ubicado en la avenida 8 de Octubre entre Garibaldi y Urquiza, había sido negado por las anteriores autoridades de la Administración de Educación Pública (ANEP), que tenían una mirada más restrictiva a la colocación de ese tipo de placas. El Consejo Directivo Central (Codicen) del gobierno pasado analizaba caso a caso los pedidos que llegaban desde la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) y, más allá de que respondió afirmativamente a algunos pedidos, también se abstuvo y rechazó solicitudes, como la que hizo a la comisión la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) para conmemorar el asesinato de Rodríguez Muela.

Luego del cambio de gobierno, el pedido volvió a ser realizado y la actual conformación del Codicen aprobó el reconocimiento en el liceo, con una postura que se alineó a la de los consejeros docentes, que discreparon con los criterios de las anteriores autoridades del ente.

Marchelo Tort, integrante del área Memoria de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, recordó en la inauguración que la Ley 19.641, aprobada en 2018, establece que “la declaración y creación de Sitio de Memoria Histórica consagra el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. En ese sentido, la norma plantea que esos lugares sean resignificados, de manera que sean “utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades”.

Tort dijo que la solicitud para establecer un sitio de memoria en el liceo 8 va en línea con lo que plantea la ley, que habla de promover la investigación, la educación, la difusión y la construcción de memoria. Según completó, la CNHSM “analizó la petición formulada, consideró la documentación aportada, que contiene bibliografía e información histórica que habilita a concluir que es procedente calificar al lugar como señalización de memoria”.

Desde el equipo directivo del liceo plantearon la necesidad de que “se haga justicia y se investigue el crimen”.

En nombre del equipo directivo del liceo, la subdirectora, Silvia de Souza, manifestó su deseo de que “nunca más sucedan este tipo de hechos de violencia y violación de los derechos humanos en nuestro país”. De Souza contextualizó el asesinato de Rodríguez Muela en el inicio de los años 70 del siglo pasado, que “estuvo signado por distintas confrontaciones políticas”. “Los gremios de estudiantes tenían una activa participación de contraponer sus ideas con el sistema vigente en esos años. Junto con el movimiento obrero se pronunciaron y manifestaron contra las medidas prontas de seguridad impuestas por el gobierno y los estudiantes apoyaron huelgas como la de los frigoríficos y la de los bancarios”, relató.

De Souza recordó que, en ese momento, el Poder Ejecutivo intervino Secundaria y UTU y, “como respuesta a la intervención violenta y cruel del Estado, los docentes y estudiantes inician una huelga en la educación, al mismo tiempo que establecieron los llamados liceos populares”.

En relación con el asesinato de Rodríguez Muela, la actual subdirectora leyó la declaración del director del liceo nocturno de la época, Enrique Martínez Gallardo, quien fue uno de los testigos directos del asesinato, perpetrado por miembros de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) vestidos de particular. De Souza dijo que se ha identificado al mayor retirado Enrique Mangini, miembro de la agrupación de ultraderecha, como quien efectuó los disparos, más allá de que llegó al centro educativo con otros integrantes de la JUP: Claro, Monalli, Ricardo Druillet, Haroldo Rosso, Homero Corbo, Wilfredo De Bellis, Juan Llugdar, Osvaldo Lencina, Milton Fernández y Juan Díaz Do Santos.

“Luego de varios años se espera que se haga justicia y se investigue el crimen. El Estado es responsable en tal medida de lo sucedido y debería actuar para juzgar los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en años duros de terrorismo de Estado, incluso antes de la dictadura cívico-militar”, leyó De Souza. La subdirectora dijo que al momento del asesinato de Rodríguez Muela se vivía “en una democracia enmascarada” y responsabilizó al entonces presidente de la República, Juan María Bordaberry, de “permitir la existencia de grupos armados de derecha para perseguir a todo aquel que era, a su entender, sedicioso y, según él, fuera de la ley, en ese estado de guerra interna que se vivía”.

Desde Fancap recordaron a Rodríguez Muela como un “revolucionario”

A su turno, Sergio Miraballes, de Fancap, dijo que en agosto se cumplieron 53 años de “un crimen que sigue impune”, a cargo “del grupo fascista JUP”. Según recordó, poco antes del hecho también había sido asesinada la estudiante Susana Pintos, que también era funcionaria de Ancap. El dirigente sindical dijo que el motivo de la inauguración de la placa es “rescatar y construir memoria”, pese a que admitió que “la tarea no es fácil”, ya que la sociedad actual vive “en un completo estado de aturdimiento”.

Además de recordar que Rodríguez Muela era integrante del sindicato y también del Partido Comunista Revolucionario, Miraballes habló de algunas de sus señas y rasgos personales. Recordó que era hincha de Peñarol, le gustaba mucho el fútbol y también la música. En suma, le gustaba enseñarle a los más chicos, destacó, y relató que cuando estuvo detenido les enseñó a leer y escribir a algunos cañeros de Artigas que tenía como compañeros de reclusión.

El integrante de Fancap reivindicó el rol de los sindicatos y también habló de cómo se fue gestando la represión hacia militantes en los años previos al asesinato de Rodríguez Muela y recordó que en 1971 y 1972 “Montevideo fue escenario de numerosas tomas de liceos que supusieron acciones de violencia física y simbólica”, en general a cargo de la JUP, también responsable de otros atentados. Según expresó, “hacer justicia no es solamente sentar a los responsables frente a un fiscal y a un juez”, sino también “investigar quiénes fueron esos responsables, que se conozca y se sepa” en el conjunto de la sociedad.

“Rodríguez Muela, seguramente como lo llamaban sus docentes al pasar la lista en las aulas, no luchó solamente por un mundo mejor, luchó sobre todo por construir el socialismo, luchó como lo que era, un revolucionario”, concluyó Miraballes.

Luego del acto de descubrimiento de la placa, se realizó un conversatorio en el patio del liceo, en el que participaron varios profesores de Historia, entre ellos varios exestudiantes, entre quienes estaba el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. En el conversatorio tomó la palabra Susana Escudero, compañera de vida y de lucha de Rodríguez Muela, con quien se había casado pocos meses antes de que fuera asesinado, a sus 24 años. Escudero, también estudiante del liceo 8 y testigo directa del asesinato, dijo que el acto de este miércoles fue triste, por recordar lo sucedido, pero también lindo, porque se trata de un homenaje. En ese sentido, habló de la importancia de hablar sobre lo ocurrido en esos años con quienes ahora son jóvenes, de forma que sean conscientes de la necesidad de transformar el mundo.

Escudero dijo que, al igual que en su juventud, sigue apostando por “la revolución”. Más allá de que ahora la mayoría de las personas tiene “todo bastante solucionado”, entendió que siguen quedando motivos ideológicos y filosóficos para cambiar el mundo.