El lugar de la libertad republicana en el proyecto vareliano

Teóricamente, no tengo una formación especializada en la obra de José Pedro Varela. Sin embargo, ante la invitación a participar en el evento conmemorativo de los 150 años de la publicación de La educación del pueblo¹, sentí una profunda motivación para aceptar. Quizá mi propia experiencia vital —muchos años como estudiante en instituciones públicas— puede ofrecer una explicación; aunque esto es mera especulación, sobre todo considerando que cursé toda la primera etapa de mi formación en el período dictatorial. Por eso, no creo que la imagen de Varela como el “pastor de la escuela” —según recuerdo decía el tema que se le dedicaba cada 19 de marzo— sea el germen de esa motivación. Lo que sí puedo afirmar con certeza es que me impulsa una convicción profunda, que se ha ido forjando en mí con el tiempo, sobre la importancia y la defensa de la educación pública. Una convicción que, en parte, reconozco como heredera del pensamiento de Varela.

José Pedro Varela ha sido considerado iniciador, en nuestro país, de diversas corrientes intelectuales renovadoras, evidentemente muy vinculadas con movimientos regionales de igual signo y con el influjo de la cultura sajona, todo ello relacionado con la tradición liberal, a saber: su prédica anticlerical (liberalismo racionalista) y su conflicto con el conservadurismo y las monarquías (liberalismo político). Estos valores, junto a la defensa del progreso y de las libertades individuales, surgen de la gran influencia que tuvo, en su formación, el paradigma político de Estados Unidos. En nuestro contexto nacional, la tradición política, considerada en su época contrincante, la republicana, fue muy cuestionada, por ser asociada al llamado jacobinismo, término al que se le atribuyó, ya desde comienzos del siglo xix, un sentido peyorativo².

Sus principios fueron cuestionados, a partir de una imagen sesgada, por considerarlos enemigos de la libertad individual, principalmente la de culto. En primer lugar, se lo criticó por los alcances de la regulación estatal, luego por sostener una concepción social de la propiedad y por su compromiso con la formación de un carácter ético público compatible con los valores democráticos, que para las visiones liberales más conservadoras supone una intromisión estatal en la vida privada. De allí que la mirada liberal de nuestras instituciones, incluidas las educativas —que finalmente predominó—, colaboró en desdibujar los principios profundamente republicanos del proyecto de José Pedro Varela, a pesar de las apelaciones permanentes a este carácter de su ideal. Mi propósito aquí es visibilizar el alcance republicano de esos valores desde una versión contemporánea de republicanismo democrático, muy influyente actualmente en la filosofía política.

Los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad permiten comprender su proyecto como un horizonte crítico normativo, como una utopía radical, cuya función es la de juzgar las promesas modernas incumplidas, las de su época y las nuestras y orientar transformaciones emancipadoras³. Los ideales que identifican su pensamiento tienen un contenido ético-político consistente con la tradición republicano-democrática. Esta tradición se distingue de un republicanismo oligárquico o elitista, el cual, en nuestro ámbito nacional, contemporáneamente, tiene sus expresiones político partidarias (lo cual no significa que sean tendencias novedosas, sino solamente que adquieren formatos menos pudorosos para expresarse públicamente). A la luz de innovadoras interpretaciones, aparecidas en las últimas décadas del siglo pasado, en torno a la naturaleza ideológica de la revolución norteamericana⁴, se ha reforzado la tesis de que es justamente la tradición política republicana, más que la liberal, la base de esos ideales tan admirados por Varela. Esta tradición tiene como núcleo normativo la defensa de la libertad, pero entendida esta en términos de no-dominación.

La libertad es la condición, el estatus del que disfrutan las ciudadanas y los ciudadanos cuando tienen la seguridad de que no se hallan bajo el dominio arbitrario de alguien más, capaz de interferir a su antojo en sus vidas, es decir, de dominarlas⁵. Para ello es necesario generar condiciones sociales que lo garanticen. La dominación puede ser estatal (imperium) o particular (dominium). Para evitar la dominación estatal, la ciudadanía debe estar preparada para confrontar, en un Estado de derecho, las decisiones que considera ilegítimas y atentan contra el bien común, es decir, participar activamente en los asuntos públicos. Para evitar la dominación privada, la ciudadanía debe contar con independencia material, tener acceso a la propiedad de bienes, que limite los abusos y las condiciones indignas de vida, para lo cual la regulación estatal es también imprescindible. La igualdad es un factor fundamental en ambos ámbitos —el político y el económico—, que, evidentemente, están estrechamente conectados. No hay libertad sin igualdad. La desigualdad es fuente de dominación y, por tanto, afecta la libertad. Desde la perspectiva del republicanismo democrático, garantizar esa libertad requiere el papel fundamental de la educación pública. Esta es necesaria para formar una ciudadanía activa y comprometida (participación), para asegurar el acceso igualitario a la formación más allá del nivel económico que se tenga (independencia material) y para fomentar un ethos igualitario (virtudes) que permita construir una sociedad basada en esos valores compartidos.

Aquí sostengo que los principios varelianos pueden ser evaluados en función del criterio ético-político republicano de la libertad como no-dominación. Sólo mencionaré algunos argumentos en cada caso. La defensa de la obligatoriedad se fundamenta en argumentos característicos de esta tradición política. Es valioso que en la infancia se cuente con las posibilidades para desarrollarse y no hay mayor abuso que el de un mayor que niega eso a sus hijos. Por otra parte, el ejercicio de la ciudadanía no es compatible con el analfabetismo, por tanto, no cumplir con el deber de enviar a un niño a educarse tiene efectos directos sobre la república. Es así que la obligatoriedad y la regulación estatal, para garantizar su cumplimiento, no representan un límite a la libertad, sino una condición de su posibilidad.

En cuanto a la gratuidad, el proyecto vareliano concibe la enseñanza como un servicio público y, por tanto, debe ser costeado por toda la nación⁶. Sólo la escuela gratuita puede desempeñar con éxito la función igualitaria que la democracia exige. Esto significa que el presupuesto público destinado a la educación, lejos de ser un gasto, es una inversión para la democracia. En cuanto a la laicidad, el proyecto vareliano entiende que, al ser el Estado una institución política —garante de la educación pública—, no religiosa, es ilegítimo imponer valores de esta índole distintos de los profesados por la familia. Pero el Estado no puede por ello desentenderse de la necesidad de la promoción de un conjunto de valores compartidos en tanto ciudadanía republicana, independiente de concepciones religiosas o de diversas formas de vida, lo que se ha concebido como religión cívica, no confesional. Parte fundamental de esa religión cívica se comprende con relación a la importancia atribuida por el republicanismo democrático a las virtudes ciudadanas, imprescindibles para que los principios democrático-republicanos no sean meros esqueletos institucionales y se apoyen en el carácter y las convicciones de la ciudadanía. Las instituciones educativas deben comprometerse con la transmisión de tales valores sin ningún complejo, ya que, lejos de ser un adoctrinamiento o atentado contra la libertad privada de las familias, es condición necesaria para una vida colectiva democrática y civilizada.

Cómo no vincular lo anterior con uno de los más célebres pasajes del libro de Varela: “Los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno: y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. (…) Pero si el sentido de la igualdad no penetra en nuestras costumbres, si no forma parte de las virtudes ciudadanas, estas no podrá constituirse en base para la construcción democrática”⁷.

La perspectiva republicana que se ha presentado en este artículo y a partir de la que se ha ofrecido una lectura democrático-republicana de La educación del pueblo sostiene que la educación pública regulada estatalmente para garantizar la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad es de medular importancia para evitar la dominación. La educación pública debe ser garante de la libertad ciudadana. El incumplimiento de estos principios, así como de las exigencias institucionales y las disposiciones virtuosas de la ciudadanía, necesarias para sostenerlos, nos vuelve una sociedad profundamente marcada por la dominación, es decir, mucho menos libre que lo que algunos líderes contemporáneos suelen afirmar y pretenden hacernos creer.

Fernanda Diab es docente del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE, Udelar), egresada del Instituto de Profesores Artigas, licenciada en Filosofía y magíster en Ciencias Humanas (FHCE-Udelar).