El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del gobierno anterior emitió algunos decretos y resoluciones luego de conocerse el resultado electoral del balotaje de noviembre, lo que causó molestia en el entonces gobierno electo y también en distintos actores del sistema educativo. Uno de esos casos fue el decreto de actualización de regulación de la educación terciaria privada, que fue sancionado el 26 de noviembre, dos días después de que se confirmara el triunfo de la fórmula del Frente Amplio.
Por ejemplo, los representantes docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública reclamaron que la aplicación del decreto fuera suspendida, ya que, entre otros aspectos, se otorgaba a las universidades privadas la potestad de reconocer la culminación de la educación media. Por su parte, la Universidad de la República (Udelar) también presentó un recurso que fue desestimado por la anterior gestión del MEC en febrero de este año.
Entre otros aspectos que establece el decreto, se generó la posibilidad de que las universidades e institutos que tuvieran una antigüedad de al menos 20 años y que no hubieran cometido faltas graves pudieran acceder a una “autorización definitiva”, sin necesidad de que esta sea renovada por los distintos gobiernos de turno. Según anunció a pocos días de dejar el cargo el extitular de la cartera Pablo da Silveira, fueron autorizadas de forma definitiva las universidades Claeh, ORT, Católica, Universidad de Montevideo y Universidad de la Empresa y el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes. Da Silveira hizo dicho anuncio y marcó que, de esa manera, quedaron cumplidas todas las metas que se trazó la anterior gestión del ministerio.
No obstante, dicho procedimiento cuenta con un “vicio de forma”, según se desprende de una evaluación jurídica que realizó el ministerio a pedido de las nuevas autoridades. En diálogo con la diaria, Virginia Villalba, responsable del Área de Educación Superior del MEC, explicó que el procedimiento por el que las instituciones universitarias debían solicitar la autorización fue definido en una resolución del ministerio, con fecha del 30 de enero. Allí se establecía que el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada asesoraría al Poder Ejecutivo sobre los pedidos presentados, lo que implicaba que la resolución final debía llevar la firma del presidente de la República. Sin embargo, el 25 de febrero, tres días antes de terminar el mandato, el MEC emitió una nueva resolución en la que la autorización quedó a cargo del ministerio y ya no del Poder Ejecutivo.
“Estuvimos estudiando todo el procedimiento y toda la normativa y lo que se identificó fue que para otorgar la autorización se debe expedir el Poder Ejecutivo” y no el MEC, detalló Villalba para mostrar que la última resolución del ministerio fue la que dio lugar al vicio de forma. Precisamente, aseguró que el asesoramiento jurídico fue solicitado para “dar garantías” a las instituciones implicadas y también al resto del sistema terciario, dado que la reglamentación aprobada por el gobierno anterior también tiene efectos más generales.
Como otra debilidad detectada, Villalba señaló que en la reglamentación aprobada no estaba claro de qué manera constatar que las instituciones no contaban con faltas graves, por lo que entendió que también faltó “más claridad” al respecto.
La responsable de Educación Superior del MEC informó que la cartera comunicará formalmente a las instituciones que obtuvieron la autorización definitiva que el procedimiento será revocado y, por tanto, también caerán dichos permisos.
Según amplió, las nuevas autoridades del ministerio también detectaron que el decreto aprobado en los últimos meses del gobierno anterior no fue elaborado de forma participativa. “No pasó por el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, no fue consultado con las instituciones de educación terciaria, o sea, no hubo un ámbito de intercambio ni de debate, pensando en el sistema de educación superior funcionando de manera articulada”, dijo Villalba, quien entendió necesario “otro escenario de construcción” de políticas.
Por ello, la actual gestión del MEC ya abordó el tema con el Consejo de Rectores de universidades privadas y, en ese marco, vienen trabajando para crear un nuevo decreto que contemple aquellos aspectos de la norma actualmente vigente “que son novedosos y que podrán ser parte de una nueva reglamentación”. “Se va a generar un espacio de intercambio con las instituciones que están involucradas y vamos a dar ese espacio para colectivamente poder construir esa nueva normativa”, subrayó.
Según resaltó la jerarca, a la hora de pensar en el sistema de educación superior se debe partir de la base de que hay “distintos componentes” con trayectorias bien diferentes. Por un lado, mencionó los 175 años que muestran la importante presencia de la Udelar, que en el sector público es acompañada más recientemente por la Universidad Tecnológica. En ese sentido, también debe considerarse qué lugar tendrá la Universidad de la Educación que impulsa el actual gobierno y de qué manera articulará con las instituciones ya existentes. Villalba indicó que en dicho mapa también entra la oferta de cursos terciarios de UTU y la educación terciaria privada, que también debe ser pensada en dicho contexto de sistema.