La semana comenzó con buenas noticias para la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes): luego de casi cuatro años desde que las autoridades de la educación de 2021 investigaron a 15 docentes de San José por haber participado, dos años antes, en la campaña del sindicato en contra de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, Fenapes se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para analizar varias recomendaciones que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La entonces directora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, denunció en octubre de 2019 a 16 trabajadores del centro educativo: 15 docentes y una auxiliar. Si bien las autoridades del Consejo de Educación Secundaria de entonces archivaron la investigación, en 2020 se reabrió a instancias de la entrante directora general de Secundaria, Jenifer Cherro. Finalmente, a 14 docentes y la auxiliar se les inició un sumario con separación del cargo por seis meses, con retención de 50% de los haberes, y finalmente se terminó sancionando a seis profesores.

En este marco, el sindicato denunció “persecución sindical” ante la OIT, organismo que en 2023 pidió al gobierno que “se asegure de la existencia de un equilibrio razonable entre la obligación de neutralidad política de los docentes públicos en el ámbito educativo” y “el derecho de las organizaciones de docentes a expresar sus opiniones sobre cuestiones económicas y sociales que puedan afectar a sus miembros y a poder difundir las mismas en el lugar de trabajo”.

En este marco, el dirigente de Fenapes, José Olivera, manifestó al salir de la reunión que para el sindicato la instancia fue “un avance significativo sustantivo”. “Hoy el Estado uruguayo comienza a dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y, sobre todo, toma una decisión en la línea correcta, que es la de la convocatoria de las partes al diálogo, como lo reiteró el año pasado el comité, para enmendar una situación que a todas luces configura un hecho de persecución antisindical”, dijo.

Aclaró, en ese sentido, que en la reunión se discutió en concreto sobre los últimos seis docentes sancionados en San José. Es un caso “que con fines políticos fue reabierto y así lo han dicho actores directamente involucrados por la anterior Dirección General de Educación Secundaria, que buscó por el lado de la violación de la laicidad”. Agregó que, dado que eso “no se pudo comprobar, terminó yendo por el lado del proselitismo, sin bases jurídicas”, y que incluso es “contradictoria la resolución final, con el elemento que se les imputaba a estos compañeros”, narró Olivera.

Por otro lado, el dirigente sindical lamentó que en los últimos dos años “no se pudo avanzar como Estado en dar cumplimiento a las recomendaciones”. “Incluso lamentamos que legisladores del anterior período del oficialismo hayan cuestionado la acción del propio Comité de Libertad Sindical”, completó.

De acuerdo a Olivera, “se constató” que la situación investigada “fue un hecho de acción sindical –aunque la administración lo desconozca–, fuera del horario de funcionamiento del centro educativo y sin presencia de ningún tipo de estudiantes a la hora de esta acción sindical llevada a cabo por los compañeros y las compañeras de San José”.

De ahora en más, el sindicalista aseguró que comienza una etapa con el MTSS para “profundizar un diálogo que ya teníamos entablado previamente con la nueva ANEP, de que el Codicen [Consejo Directivo Central] analice los hechos en su cabalidad y justamente vaya en camino de encontrar ese ‘razonable equilibrio’ que plantea el Comité de la Libertad Sindical”.

A su vez, aseguró que en la reunión el Codicen manifestó “una voluntad política de ir en esa dirección” y, por lo tanto, desde Fenapes consideran que “en el mediano plazo” habrá “no solamente una reparación histórica” por “un hecho que a todas luces constituyó una violación de derechos al ejercicio de libertad sindical”, sino que también es “una buena señal como Estado uruguayo ante la comunidad internacional de que en este país los derechos y la libertad sindical se respetan”.

Por último, Olivera fue consultado sobre la situación actual de los seis docentes sancionados y contó que tres de ellos se jubilaron, aunque “con una mancha negra en su legajo después de entre 30 y 35 años de trabajo”, mientras que los restantes continúan en funciones “teniendo que pagar las consecuencias de ese hecho antisindical con una sanción de este tipo, que perdura por ocho años y perjudica cualquier acción en la carrera funcional de esos funcionarios”. Por lo tanto, enfatizó que “urge reparar esta situación” y a “corto plazo”, porque, de lo contrario, “el Estado continuará estando en falta”.

Las autoridades afirman que revisarán la situación

Hugo Barretto, subsecretario del MTSS, esgrimió en una rueda de prensa que la recomendación de la OIT “abrió la posibilidad de que se revisen las sanciones aplicadas a los trabajadores, en la medida en que el organismo internacional pidió, de alguna manera, que el gobierno uruguayo accione en esa dirección para salvaguardar adecuadamente el derecho a la libertad sindical y el derecho de expresión del pensamiento”.

Según especificó, la reunión habilitó “un diálogo que ya venía dado desde el propio ámbito bipartito entre las autoridades del Codicen y los sindicatos involucrados”. Dijo que, por lo tanto, la instancia “formalizó ese diálogo” y “lo que resta ahora es darle una solución final al asunto, teniendo en cuenta la muy clara directiva de la OIT”.

En ese sentido, manifestó que “habrá que ver cuál es la resolución que adopta el Codicen y, sobre todo, lo que va a ser la respuesta del gobierno uruguayo al organismo internacional, porque, en definitiva, el gobierno es el responsable”. Para concluir, especificó que las sanciones a los docentes en cuestión fueron aplicadas y que, por lo tanto, “ameritaría una revisión, y parece ser que todo va encaminado en ese sentido”.

En tanto, Elbia Pereira, consejera política del Codicen, señaló que en la reunión le manifestaron al MTSS la voluntad de la ANEP de “revisar lo relacionado con los profesores de San José y todas aquellas situaciones que tengan que ver con acciones que no se ajusten a la libertad sindical y la libertad de expresión”. Asimismo, apuntó que “el Estado uruguayo también tiene que dar respuesta ante la OIT sobre estas situaciones”. Por último, aseguró que la situación en cuestión “está claro que no se enmarca en el proselitismo”.