En 1994, mientras vendía vinos en un supermercado para la cooperativa Uvical, recibió un llamado de Danilo Astori para avisarle que era diputado por Asamblea Uruguay, en una reñida elección. Así comenzó la historia de José Carlos Mahía y el Parlamento, en el que, contando ambas cámaras, estuvo 30 años. Desde el 1º de marzo asumió la responsabilidad de ser ministro de Educación y Cultura del gobierno del Frente Amplio (FA).
Mahía es de Las Piedras, ciudad en la que dio clases de Historia de forma ininterrumpida desde 1988 a 2020. Hincha fanático de Nacional, afirma que es de los que disfruta hacer bromas al tradicional rival, pero luego también está dispuesto a recibirlas. Ahora está al frente de una cartera que, más allá de las dos áreas mencionadas en el nombre, tiene una diversidad temática poco frecuente. También tiene a cargo temas de justicia, registro civil y medios públicos, con 15 unidades ejecutoras y el liderazgo o la participación en comisiones que abordan también otros asuntos, como la salud equina. Entrevistado por la diaria, habló acerca de cómo recibió el ministerio y de los planes principales en educación y cultura.
¿Cuál fue la situación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al momento de asumir?
Fue peor de lo que pensábamos. Todavía estamos cerrando los números de cara al informe de Rendición de Cuentas, pero casi todas las unidades ejecutoras están pidiendo que se haga un refuerzo de presupuesto porque no llegan con lo que tenían previsto, incluso con los planes del gobierno anterior. Por ejemplo, el informe que tenemos de la Dirección Nacional de Cultura es que ya se ejecutó el 96% del presupuesto de este año en muchas áreas. Es un panorama complejo y habrá que abordarlo en diálogo con el Poder Ejecutivo y de cara al próximo mensaje presupuestal.
Todavía falta para que entre la ley presupuestal al Parlamento, ¿hay margen de transferir recursos?
Sí, estamos conversando con el Poder Ejecutivo, explicándole lo que le pasa a todo el gobierno: los números son peores de lo que dijeron. Hay que hacer una adecuación presupuestal, por lo menos para llegar a fin de año.
¿Cómo tomaron los decretos y resoluciones que salieron a último momento del gobierno anterior, que en algunos casos comprometían acciones del actual gobierno, como las referidas al mecanismo de reconocimiento universitario de títulos de formación docente?
Obviamente, el gobierno tenía la potestad constitucional para hacerlo; políticamente me pareció mal. Si perdiste las elecciones porque la mayoría de la población no quería que continuara tu proyecto político, tus políticas públicas y tu forma de gobernar, es una mala práctica seguir adelante con propuestas que el gobierno entrante rechaza. Nosotros no lo pudimos evitar, algunas van a tener que ser modificadas, pero fue una práctica inadecuada.
¿Cómo piensan el sistema terciario de educación, en el que el MEC tiene un importante rol de coordinación?
El MEC tiene que jugar un rol activo como coordinador y articular la formación terciaria. Ese es el rol en general del ministerio, en este caso más. Primero apuntamos a defender mucho la educación pública como un criterio vertebrador de este gobierno y que se nutre de las raíces más genuinas de Uruguay, que es la educación vareliana y el rol de la educación pública como un espacio generador de igualdad y de desarrollo para la sociedad en su conjunto.
Ojalá que estos sean los pasos hacia la creación de la Universidad de la Educación, que tiene que ser una nueva institución que otorgue títulos efectivamente universitarios, que mejore la calidad de la formación docente del país y que sea un actor relevante en lo que espero que sea un sistema universitario público que articule con el privado, pero con una fuerte presencia en el país. Es decir, acá quien quiera puede optar por la educación privada o pública; la responsabilidad nuestra es que la educación pública sea la de mayor calidad posible.
¿Uruguay tiene condiciones de generalizar el acceso a la educación terciaria?
Sí, pero es un proceso que tiene que analizarse dentro de la situación estructural de la educación uruguaya. Nosotros tenemos que mejorar mucho en todo el sistema educativo y, obviamente, seguir creciendo en la cantidad de universitarios y estudiantes terciarios que ingresan en tiempos oportunos en su formación. La ventaja de la formación docente es que tiene presencia en todo el país, es muy democratizadora y tiene un fuerte impacto en sectores populares. Tenés presencia a través de Magisterio, del Instituto de Profesores Artigas, de los Centros Regionales de Profesores, de los Institutos de Formación Docente, del Instituto Normal de Enseñanza Técnica, de Educación Social. Si bien es un desafío importante lograr, a partir de esa base, la construcción de una Universidad de la Educación, es una base de fortaleza.
A nivel de la gobernanza de una Universidad de la Educación, ¿cómo articular entre lo políticamente posible y las expectativas de autonomía y cogobierno que desde hace muchos años tienen algunos actores directamente implicados?
Lo importante para el país es que haya una nueva universidad. El FA y nosotros partimos de la visión de que la universidad debe ser autónoma y cogobernada, pero tenemos que ser claros: para que haya una nueva universidad hay que enviar un proyecto de ley que genere un ente autónomo. Para que este sea posible precisa mayorías que exceden la cantidad de votos que tuvo y tiene el FA o cualquier fuerza política. Por lo tanto, eso implica que vayamos por un camino de búsqueda de acuerdos que tiene que trascender la visión propia de cada partido y tener, además, la inclusión de los actores educativos en toda su línea, porque esto no es un acuerdo de cúpulas, esto es un acuerdo nacional.
En esos términos la tenemos pensada. Este proceso no tiene que ser la victoria o la derrota de alguien, tiene que ser una construcción nacional. Cuando estuve en el Senado vi una buena receptividad de los partidos de la oposición; me consta que hay una enorme cantidad de docentes y estudiantes en todo el país que quieren ir a ese camino, por lo tanto, veremos cómo se transita. Pero ojalá este ciclo nos permita tener esa Universidad de la Educación.
¿Qué va a pasar con la estructura que generó el MEC para el reconocimiento de títulos ahora que el gobierno manifestó que va a ir por otro camino?
Cuando estaba en la oposición dije que este era un camino que no tenía rigor académico y que no compartía. En la transición sostuvimos lo mismo, y acá, una vez que comenzamos, también. Por ello, nosotros no vamos a continuar el camino que se desarrolló en la administración anterior. Vamos, por supuesto, a reconocer todas aquellas cuestiones que tengan validez jurídica, porque el Estado es uno solo y tiene que cumplir con su responsabilidad, pero las baterías van a estar apuntadas hacia otro lado. Lamento que casi el penúltimo día de gobierno se insistiera con este camino cuando ya estaba para asumir otra administración. Eso no fue nuestra responsabilidad.
En el caso de la Universidad Tecnológica (UTEC) el FA propuso en campaña que se recupere el cogobierno. ¿Aplica lo mismo?
Creo que tiene sus especificidades. La UTEC es un ejemplo de acuerdos que salieron del gobierno y la oposición de la época. Nosotros somos proclives a la participación de los estudiantes, pero ya hay una estructura en funcionamiento. Hay una apuesta fuerte a que las próximas autoridades sean herederas de una institución que en el interior está jugando un papel fundamental. Dentro de los niveles de autonomía y desarrollo que tiene y de los consensos que logró en el sistema político le va a permitir seguir avanzando.
¿Por qué se optó por terminar con el consejo interino y ocupar los cargos de la nueva gobernanza creada en el gobierno anterior, con críticas del FA?
Ahora el país tiene una situación política distinta. El gobierno no tiene mayoría propia en ambas cámaras, sólo la tiene en el Senado, y la oposición tampoco. En consecuencia, existe el riesgo del bloqueo, y con el bloqueo pierde la gente. Por eso, la responsabilidad nuestra es muy importante; y hablo del gobierno y de la oposición, porque la gente va a leer mucho cómo nos paramos ante los problemas. Hay que ser muy claros y muy transparentes sobre cuáles son los puntos de vista y cuáles pueden ser los caminos de salida. Cuanto más claros seamos con la sociedad, con la gente, respecto de dónde están los problemas y de dónde partimos, [mejor] vamos a llegar a buen puerto.
¿Qué rol va a jugar el MEC en el vínculo con el Ministerio del Interior (MI) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para abordar la violencia en los centros educativos y sus entornos?
Es un problema gigante que está instalado en la sociedad y tiene su expresión también en los centros de estudio. Ya durante la transición comenzamos con conversaciones con las autoridades entrantes del MI. También coincidimos mucho con la ANEP, con Pablo Caggiani, que ha puesto el foco en ello. Hay que trabajar en actualizar los protocolos de procedimiento y saber que es un problema estructural y que tarde o temprano puede pasar en muchos centros de estudio. Tenemos claro que es un problema grave y que la ANEP, que es donde suceden institucionalmente las cosas, está trabajando con el MI para mejorar la capacidad de respuesta y sobre todo de prevención de hechos.
El senador colorado Robert Silva convocó a las autoridades de la educación al Parlamento por discrepancias con una resolución de Secundaria que suprime las inspecciones de mayor jerarquía. ¿Cómo ve el clima para la discusión educativa, después de que muchos actores hayan planteado que en el gobierno anterior existió una excesiva fiscalización que generó un mayor temor en los docentes?
Como parlamentario hice un pedido de informes por una circular del Consejo Directivo Central de la administración pasada donde recordaba, a modo casi de advertencia, a los docentes y funcionarios sobre no sacar información de lo que pasaba dentro de la ANEP. Eso fue parte de una política que pretendió evitar que lo que pasaba en la educación se supiera hacia fuera, porque una cosa es no dar a conocer la situación privada de los estudiantes y otra cosa es que los actores educativos no pudieran decir lo que estaba pasando.
Esta administración tiene todo el derecho a hacer los cambios que entendamos. Sobre la denominada “transformación educativa” dijimos que íbamos, en primer lugar, a analizar sin preconceptos. En segundo lugar, dijimos que íbamos a hacer los cambios que entendiéramos que había que hacer, sin sentimiento de culpa ni tampoco con animosidad. Y así estamos procediendo. Hay que tener un diálogo fecundo con los docentes, y tal es así que vamos a enviar al Parlamento un proyecto de ley que busca devolverles a los docentes la participación en los consejos desconcentrados. Será el Parlamento después el que determine si eso es posible o no, porque hay que derogar algunos artículos de la ley de urgente consideración.
Estamos muy comprometidos desde ese lugar. A veces siento que en dos meses, de 60 que tiene esta administración, se exige lo que en ocasiones no se reclamó en los cinco años pasados, pero bueno, tenemos que asumir la responsabilidad nuestra de este tiempo.
Las políticas de cultura
¿De qué manera se va a reformular el formato de los Centros MEC?
Hay cosas que todavía no están definidas. La administración anterior sustituyó los Centros MEC por centros nacionales. Creo que eso fue un error, y poner una placa en un lugar donde existe ya una instalación municipal o departamental no es descentralizar la gestión de la política cultural. Creemos que no hay que volver a repetir experiencias tal cual existieron, pero sí, como establece el programa del FA, vamos a ir hacia la territorialidad de la cultura. Esto es ir hacia los pueblos más alejados para que los derechos culturales se puedan ejercer; también en educación y en innovación. Vamos a hacer un esfuerzo importante, que va a tener una expresión parcial este año, porque no tiene asignación presupuestal propia, pero la va a tener en el próximo. Aspiramos a que sea una de las novedades que presentaremos como ministerio a lo largo de este período de gobierno.
¿Cómo prevén el vínculo con las intendencias, que también tienen injerencia en la política cultural?
Vamos a articular en dos niveles. Por un lado, con los gobiernos departamentales y municipales, sean del signo político que sean. El ejercicio de los derechos de los ciudadanos está por encima de las diferencias partidarias. Por otro lado, también vamos a articular directamente con los actores de la sociedad civil vinculados a la educación, la cultura o la innovación, que no son parte de las estructuras estatales a ningún nivel y son fundamentales dinamizadores con la sociedad en su conjunto.
¿Cómo están pensando la reglamentación de la ley de teatro, uno de los temas en los que no se avanzó en el gobierno anterior?
Tuvimos entrevistas y conversaciones con la Sociedad Uruguaya de Actores, con la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, y les transmitimos que vamos a reglamentar la ley de teatro. Es claro que una parte de la ley tiene que ver con aspectos presupuestales. Por eso, los tiempos en los que se desarrolle el diálogo para hacer la reglamentación de la ley de teatro tiene que ver con las decisiones presupuestales a las que arribemos en el gobierno hacia los próximos cinco años.
También hay aspectos de la ley que son no presupuestales que queremos ver con una comisión que se va a instalar y que va a ser la encargada de trabajar estos temas. Una de las cosas que hablamos con Gustavo Zidan, el responsable que propusimos para este proceso, tiene que ver con la ley del artista, y otra, con la reglamentación de la ley de teatro. Hay un ámbito de trabajo de consejo honorario y vamos a poner en marcha un proceso consultivo para tener una propuesta a partir de una demanda fuerte a la cual nos hemos comprometido.
A algunos actores les llamaron la atención las autoridades designadas en la Biblioteca Nacional, con la psicopedagoga Rocío Schiappapietra como directora. ¿Qué se aspira lograr en ese espacio?
En todo el ministerio las designaciones han sido a partir de criterios éticos, de idoneidad o profesionalidad en cada una de las áreas y de renovación generacional y de género. Eso se aplicó a rajatabla. En el caso de la Biblioteca Nacional, hay dos mujeres jóvenes: Rocío y Julia [Demasi], que combinan saberes y experiencia. La idea es que la Biblioteca Nacional sea bastante más que un lugar al cual va poca gente y que tiene poca visibilidad en su funcionamiento. Apostamos a elaborar un proyecto que esté liderado por estas compañeras, en el que la biblioteca sea, aparte de un lugar de consulta específico, un lugar donde haya cultura e innovación. Para eso tiene que haber una transformación importante, y estamos trabajando en un proyecto que va en esa dirección.
¿Están pensando alguna acción para acotar un poco la diversidad de temas tan grande que aborda el MEC?
Si logramos que se cree el Ministerio de Justicia, hay una parte del MEC que va a pasar para ahí y va a simplificar. Yo creo que hay cuatro áreas estratégicas, que se nuclean en cultura, educación, servicios administrativos y de justicia e innovación. Es desafiante la cantidad de temas y la diversidad que hay. Es un ministerio muy diverso que de afuera no parece lo que es, pero yo lo asumo como un desafío, me parece que podemos jugar un rol muy importante para que la gente tenga un mejor ejercicio de derechos. En tiempos en los que va a haber dificultades estructurales por los cambios económicos que se están dando a partir de las acciones de Estados Unidos y el presidente [Donald] Trump, la situación de la región y la estructura que heredamos desde el punto de vista económico y financiero, la cultura, la educación y la innovación en fuerte vínculo con la gente es el salto cualitativo que podemos dar.