Cuando una maestra o directora es agredida físicamente, la filial montevideana de la Asociación de Maestras del Uruguay (Ademu) toma una medida automática, resuelta tiempo atrás en una asamblea: paran por 24 horas y realizan una asamblea.
Así es que el próximo jueves, cuando estaba previsto que se retomaran las clases después de las vacaciones de primavera, Ademu Montevideo volverá a tomar esta medida. Ello se da ante un nuevo caso de agresión física y también verbal a la maestra directora de la Escuela 143 del barrio Casabó, según explicó a la diaria Paola López, secretaria general del sindicato.
“Son muchas las situaciones que pueden derivar en que no se manejen mecanismos de diálogo por parte de las familias, que no se llega a dar como todos esperamos, y hubo un desajuste que llevó a la mamá a reaccionar de esa manera”, narró.
La situación sucedió este viernes, antes de que terminara el turno matutino. Si bien la medida de paro suele ser tomada por Ademu Montevideo al día siguiente de los hechos de agresión física, en este caso comienzan las vacaciones de setiembre y el Día de las Maestras, por lo que lo retrasaron para el jueves próximo.
“Venimos en un proceso de analizar estas medidas y otras, frente a la diversidad de situaciones que son atravesadas por hechos de violencia, porque a diario se vienen dando situaciones que terminan siendo a veces hasta más graves [que la agresión física], que implican el hostigamiento, lo psicológico, lo verbal, y frente a eso no tenemos una medida fuerte de denuncia y solidaridad por la compañera”, esgrimió López.
En ese marco, dijo que en la asamblea del jueves verán cómo se vinculan con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, que, según narró la sindicalista, estuvo presente en la escuela al enterarse de la situación. “Nuevas situaciones ameritan nuevas medidas, necesitamos una reflexión colectiva sobre la realidad en la que estamos trabajando”, continuó.
En relación, López señaló que, más allá de la necesidad de “protección laboral”, hay que poner el foco en la forma en que pueden articular “los distintos actores para acompañar al niño o niña cuyo adulto referente fue el protagonista de la situación, porque es el alumno que doblemente se ve afectado”, aseguró. Asimismo, afirmó que “en el grueso de los casos son situaciones en que los niños y niñas están viviendo alguna otra vulneración de derechos humanos por algún lado, y que el adulto también padece cuando no es atendido con la salud de vida, condiciones materiales, trabajo estable, todo lo que lleva a la precariedad de la vida en general y afecta el relacionamiento social”.
Según consideró, para lograr algunas mejoras se requiere un mayor presupuesto, pero no avizora una posibilidad de mejora ante los recursos previstos por el Poder Ejecutivo. “La salud mental no tiene el lugar que tiene que tener; sabemos que hubo un desmantelamiento de políticas sociales de territorio que todavía no han empezado a restablecerse, tampoco el sistema de cuidados con los asistentes personales, que podría resolver situaciones para el niño y la familia. Que en las escuelas puedan tener acompañamiento las directoras en reuniones y la importancia de las porterías, para poder identificar si la mamá o papá no está en condiciones de un buen diálogo y poder anticiparse a una posible situación de violencia”, manifestó. Sin embargo, reiteró: “Todo esto no está amparado en el presupuesto”.
Para López, “la escuela es una institución pública, netamente de convivencia, socialización primaria, y claramente tiene que ser libre de violencia”. En ese contexto, dijo que si bien entiende que los centros educativos no escapan a “lo que pasa en otras esferas de la sociedad”, se necesita de una “reflexión colectiva, entender que los maestros también estamos atravesados por situaciones de salud mental no atendidas a tiempo, estrés laboral, y que a las familias también les pasa lo mismo”.