A menos de una semana de ingresado al Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, las reacciones en las distintas áreas de la educación se empezaron a suceder.
La movilización más reciente fue la del jueves: la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Udelar) se declaró “en conflicto por la defensa del presupuesto universitario” y anunció ocupaciones, paros zonales, asambleas, talleres y la inminente propuesta a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y el PIT-CNT de hacer un paro general con movilización por la educación pública.
Los estudiantes organizados habían empezado aún antes a tomar medidas de lucha en reclamo de mayor presupuesto: el martes al mediodía se movilizaron y declararon en “estado de alerta” los gremios de Secundaria del área metropolitana y a la noche la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay manifestó públicamente estar “en conflicto” y no descartar ninguna medida de lucha.
Ese mismo día también se pronunció a través de un comunicado la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR): de acuerdo a los y las docentes, el presupuesto otorgado a la Udelar por el Poder Ejecutivo (PE) “expresa con claridad la falta de priorización que el gobierno otorga a la principal institución de educación superior y producción científica del país, tras un quinquenio de retroceso sostenido”. El miércoles 17, la Convención de ADUR, el máximo órgano de decisión política del sindicato, se reunirá “con el objetivo de evaluar la declaración de conflicto y profundizar las medidas de lucha”.
Según supo la diaria, la semana próxima se conocerá la posición de la CSEU, pero teniendo en cuenta su reclamo de 6% más 1% del producto interno bruto (PIB) para el sector, es previsible que también se manifieste contraria a la asignación presupuestal enviada por el Ejecutivo.
El pedido se repite desde hace años y es sostenido por todas las organizaciones gremiales del ecosistema educativo y por otros sectores. No es un reclamo exclusivamente uruguayo: al contrario, en 2015 la Unesco junto con Unicef, el Banco Mundial, la UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y la Acnur organizaron el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en Incheon, Corea del Sur. En ese encuentro, que tuvo más de 1.600 participantes, fue aprobada la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se establece que independientemente de los contextos nacionales, los países deben “asignar por lo menos entre el 4% y el 6% del producto interno bruto (PIB) a la educación; y/o asignar por lo menos entre el 15% y el 20% del gasto público a la educación”.
“La concepción de un desarrollo sostenible apoyado en el conocimiento requiere políticas de Estado que se expresarán en un compromiso presupuestal creciente y sostenido de la ciencia, la tecnología y la innovación, retomando el compromiso histórico de nuestra fuerza política expresado en forma conjunta con las políticas de educación de invertir sobre la base del 6+1% del PIB”, dicen al respecto las Bases Programáticas 2025-2030 del Frente Amplio.
El presupuesto asignado a la educación por el Ejecutivo está lejos de ese compromiso electoral.
En diálogo con la diaria Radio, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, decía que el porcentaje no sólo no había aumentado, sino que había disminuido, y que de finalizar la negociación presupuestal tal y como está, “caería por debajo del 4,5%”.
Según supo la diaria con base en proyecciones de la Udelar, a 2029 la inversión pública en educación estaría en el entorno del 4,2%, cuando en la última Rendición de Cuentas, en 2024, el porcentaje acordado fue del 4,7% del PIB. Si se observa el presupuesto para la educación proyectado por el PE para los próximos cinco años en relación con el PIB, los porcentajes se ven así: para 2026, 4,4%; 2027, 4,3%; 2028, 4,2% y 2029, 4,2%.
El supuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para este quinquenio es que el PIB crezca a razón de 2,4% anual en promedio, si bien en la última década el promedio de crecimiento fue de 1,1%.
Hasta el momento, ningún gobierno otorgó a la educación el requerido 6%+1% del PIB. Sin embargo, la inversión del gasto público en educación con relación al PIB ha ido creciendo desde 2004 a 2023 (excepto en 2016, 2021 y 2022). Según un análisis del Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en ese período “el gasto público en educación creció a una tasa acumulativa anual de 2,43%, incrementando su participación en el PIB en 1,8 puntos porcentuales”.
Sin embargo, en el Proyecto de Ley del Presupuesto actual, la inversión cae. Analizando el período se puede ver que el 4,2% proyectado para 2029 equivale al presupuesto de 2011: desde entonces hasta ahora, el presupuesto educativo había sido mayor. Atendiendo a lo proyectado únicamente para 2026 y 2027, los porcentajes serían los más bajos de los últimos diez años.
La Udelar y la ANEP
Actualmente, el presupuesto de la Udelar es el 0,8% del PIB. De cara a 2029, la Universidad pretende llegar al 1,09%. No obstante, según fuentes de la Udelar, con el presupuesto que surge del proyecto de ley a estudio del Parlamento la proyección es del 0,73%, es decir, menos aún del presupuesto actual.
En datos concretos desglosados por años, la proyección de la Udelar desciende gradualmente: en 2026, el porcentaje del PIB sería del 0,77%; en 2027, 0,76%; en 2028, 0,74% y en 2029, 0,73%.
En tanto, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), solicitó un incremento de más de 600 millones de dólares al final del quinquenio para llegar al 4% del PIB y distanciarse del presupuesto actual, del 3,28%. Pero, según señalaron a la diaria fuentes del organismo, la relación entre lo que pide la ANEP y lo que estableció hasta ahora el gobierno también es menor: gradualmente, el porcentaje para la ANEP alcanzará al final del período casi el 3%, muy cerca del presupuesto actual, y muy lejos del solicitado.