Los candidatos a la presidencia, Yamandú Orsi por el Frente Amplio (FA), Álvaro Delgado por el Partido Nacional (PN), Andrés Ojeda por el Partido Colorado (PC), Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto (CA), Pablo Mieres por el Partido Independiente (PI) y Eduardo Lust por el Partido Constitucional Ambientalista (PCA), firmaron un compromiso interpartidario para crear una política de Estado en materia de discapacidad.

Este compromiso surge de una mesa interpartidaria en discapacidad, conformada por integrantes de los equipos técnicos especializados en discapacidad de los partidos: Fiorella Buzeta, edila del FA; Federico Lezama (FA), responsable de Discapacidad en la Intendencia de Canelones; Nicolás Botana y Nadia Dib, del PN; Karen Sass, directora de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y del Ministerio de Desarrollo Social; Carmen Sanguinetti, senadora del PC; Andrés Pérez, de CA; Mariana Arzuaga, del PI, y Luján Criado, del PCA.

Según señaló Botana a la diaria, que “el tema de la discapacidad en Uruguay no es un problema de falta de coincidencias” y que la razón por la que, según él, “estamos mal” en ese tema es que, si bien “todos los gobiernos, uno tras otro, han hecho cosas importantes, ninguno ha encarado esto como una política integral de Estado potente, como debe ser”.

En ese sentido, Buzeta indicó a la diaria que, cualquiera sea el gobierno que asuma en marzo de 2025, los integrantes de los diferentes partidos pidieron que quienes estén en la oposición “sean celosos” del documento y “traccionen” y “presionen” para que el partido gobernante lo cumpla.

Destacó que se trata de “un compromiso que está asumiendo el candidato a la presidencia”, que “se compromete con la población, sea del partido que sea”.

El compromiso se divide en siete ejes, entre ellos, educación inclusiva, salud y rehabilitación e inclusión laboral

De acuerdo con el documento que publicó Buzeta en su cuenta de X, con datos del último Censo Nacional de 2011, el 15,8% de la población uruguaya “presenta algún tipo de limitación funcional asociada a una situación de discapacidad”.

Tal como señalaba Botana, en el compromiso afirman que si bien “se reconocen avances significativos en la actualización normativa, estos instrumentos no se han logrado traducir en acciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.

El primer eje del acuerdo es sobre la arquitectura institucional y, por lo tanto, indican, “es necesario otorgar una mayor jerarquía institucional a las políticas públicas de discapacidad, quitándose de la órbita ministerial”. Así, resaltan que es necesario “crear una nueva institucionalidad de carácter nacional que pueda trabajar transversalmente en la cuestión, reconociendo la necesidad de avanzar con celeridad en el tema”.

Actualmente, la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Para Buzeta, no debería ser así; por eso proponen un “instituto de la discapacidad”, que “puede ser de diferente manera”. “Lo tendrá que ver el gobierno que venga también”, planteó.

En el documento se explica que en muchos países las políticas de discapacidad “son conducidas por figuras jurídicas descentralizadas o vinculadas directamente a la Presidencia, lo que promueve la articulación al más alto nivel y el abordaje transversal de esta temática en las políticas públicas”.

El segundo eje tiene que ver con la información. Plantean que para generar una política de Estado como se busca, “es necesario contar con datos actualizados y robustos”. Explican que en la actualidad Uruguay toma en sus censos las preguntas del Grupo de Washington sobre discapacidad; sin embargo, “es necesario contar con información que refleje la caracterización y necesidades de los distintos colectivos, incluyendo datos sobre edad, género, etnia y distribución poblacional”, así como “información sobre población institucionalizada, de la cual el censo no arroja datos”.

Si bien Buzeta aclaró que no todo lo que plantean necesita presupuesto, ya que “muchas cosas consisten en ordenar, visibilizar y potenciar”, hay otras que sí lo precisan, como la “correcta implementación del baremo”, aprobado por ley en el Senado en agosto.

La apuesta por una educación inclusiva es el tercer eje, por eso desde la mesa interpartidaria consideran “imprescindible” la inversión en la creación y financiación de sistemas de apoyo en primaria, secundaria y en todos los subsistemas, así como en el ámbito universitario. Esto implicaría “poner a disposición maestros/docentes de apoyo, así como otros roles y perfiles profesionales que apoyen a los docentes y a los estudiantes que lo requieran”.

A su vez, ponen el foco en la formación inicial y continua, y proponen que esta profundice en las “pedagogías inclusivas y cooperativas y en el modelo social de la discapacidad como parte central de la currícula para generar un cambio de mirada”.

En el eje de salud y rehabilitación, buscan la incorporación definitiva “del efectivo acceso a la rehabilitación de las metas prestacionales del Sistema Nacional Integrado de Salud”. Además, apuntan que es necesario “trabajar junto a los prestadores en un esquema eficaz de accesibilidad a todos los servicios sanitarios, trabajando en la eliminación paulatina de las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales en todos los niveles de atención”.

Esto, sugieren, debe tener garantizadas partidas presupuestales en la próxima ley de presupuesto para que se cumplan estas metas.

En el quinto eje, sobre inclusión laboral, reclaman expresamente que “todos los jerarcas deben comprometerse a diseñar un plan de inclusión que dé correcto cumplimiento a la cuota establecida por la Ley 18.651”, de protección integral a personas con discapacidad.

Piden que se fiscalice el cumplimiento de esta ley y de la 19.691, que refiere a la aprobación de normas sobre la promoción del trabajo para personas con discapacidad.

El penúltimo eje, sobre accesibilidad y turismo, tiene que ver con el trabajo en conjunto con los gobiernos departamentales en la “actualización de la normativa urbana en clave de accesibilidad”, así como con la generación de un “fondo de incentivo nacional que estimule intervenciones urbanísticas de diseño universal, con énfasis en la construcción de veredas, rampas accesibles y señalética para un tránsito seguro”.

Por último, en el eje de vivienda, autonomía y vida adulta, proponen implementar “de manera urgente” un plan de refacciones accesibles para hogares de personas con discapacidad que no puedan costear esas reformas. También remarcan como necesario trabajar “con mayor rapidez” para las personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad y dependencia, “un cambio de modelo que apueste por hogares que promuevan una verdadera vida independiente con los sistemas de apoyo que se requieran”.