Algunos dedican capítulos enteros, otros apartados específicos y también hay propuestas aisladas, pero, en general, los programas de gobierno de los principales partidos políticos incluyen medidas sobre temas de género. Incluso si no son las que más han resonado en esta campaña. Desde sus distintas perspectivas, la mayoría plantea acciones para combatir la violencia de género, fortalecer las políticas de cuidados, promover el acceso de las mujeres a la salud, la educación y el trabajo, y garantizar su autonomía económica.
En el caso particular de Cabildo Abierto (CA), si bien contempla algunas propuestas en esa línea, no reconoce la existencia de desigualdades basadas en género como tales y parte de la base de que muchas de las políticas que apuntan a reducir esas brechas se enmarcan en una “ideología de género” que, de llegar al gobierno, buscará revertir.
A continuación, un repaso con lentes violetas por los programas del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y CA.
FA: la perspectiva de género como eje “transversal”
Las bases programáticas del partido que encabeza la fórmula Yamandú Orsi-Carolina Cosse incluyen un capítulo titulado “Un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora”, que contempla medidas sobre cuestiones como la democracia paritaria, una educación “inclusiva y transformadora de los roles y los estereotipos de género”, y el fortalecimiento de la institucionalidad (con propuestas como jerarquizar el Instituto Nacional de las Mujeres).
Además, propone declarar la emergencia nacional por violencia de género, lo que supone “activar todos los mecanismos de políticas públicas para incrementar la atención a las situaciones de emergencia, asignándole un presupuesto suficiente”. Detalla además propuestas para fortalecer el Sistema de Respuesta Interinstitucional a la Violencia Basada en Género, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia y el acceso de las víctimas a la Justicia.
El plan también contempla crear más comisarías especializadas, ampliar la disponibilidad de casas de estadía transitoria para mujeres en situación de violencia y trata, e implementar una política de subsidios para cubrir los costos del mantenimiento de la vivienda en los casos en que se excluye al agresor del hogar.
En cuanto a la autonomía económica, el FA apunta a diseñar iniciativas que “promuevan la inclusión financiera de mujeres y disidencias”, y propone generar políticas laborales “que rompan la segregación laboral, la brecha salarial, el desempleo e informalidad” y “estimulen la inclusión de las mujeres y disidencias en roles de liderazgo y en el espacio de toma de decisiones”. Esto implica, entre otras cosas, “tomar en cuenta especialmente” a aquellas “fuera del mercado de trabajo, sin capacitación y con cargas de cuidado”, “potenciar políticas de inserción y permanencia en el mercado laboral, con especial atención a mujeres y disidencias afro e indígenas, con discapacidad, jefas de hogar y trabajadoras sexuales”, e incluir pautas de género en las negociaciones de los convenios colectivos.
Respecto de los cuidados, la coalición de izquierda busca “avanzar hacia la cobertura universal de los servicios”, capacitar a quienes trabajan en el sector, “regular las condiciones laborales para el cuidado remunerado”, e impulsar una reforma de las leyes de subsidios y licencias por maternidad, paternidad y adopción para “transformar las relaciones de género en torno a los cuidados en la crianza y combatir la penalización a la maternidad en el mundo del trabajo”.
A nivel de la salud, algunas de las medidas tienen que ver con garantizar el acceso a técnicas de reproducción asistida “contemplando la diversidad y especificidades de las personas”, prevenir el embarazo adolescente no intencional y capacitar a los equipos de profesionales sobre violencia obstétrica.
A su vez, es el único de los programas analizados que aborda la necesidad de garantizar una atención integral en salud para las personas trans y que reivindica el acceso efectivo a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.
Por otra parte, en el documento “Prioridades para gobernar”, presentado en setiembre, el FA propone incorporar 2.000 dispositivos móviles para la protección de las víctimas de violencia de género, e implementar un dispositivo para el “monitoreo permanente de agresores sexuales con medidas de no acercamiento a víctimas o lugares frecuentados por niños, niñas y adolescentes”.
PN: garantizar la igualdad de género en toda la política pública
El apartado sobre género del programa nacionalista, que lideran Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, está incluido en el capítulo “Un país de oportunidades”, dedicado a las políticas sociales. Allí, el PN asegura que su plan de gobierno busca “garantizar la igualdad de género en todo el ciclo de la política pública, tomando en cuenta las diferencias territoriales y la importancia de asignar mayor presupuesto para la temática”.
Presenta cuatro ejes en esa línea. Uno sobre autonomía económica, que pretende “fortalecer el modelo de calidad con equidad de género” dirigido a empresas; promover la certificación en el Estado a las empresas que adopten los lineamientos de la política de promoción de ese modelo; y trabajar en acciones para apoyar a las mujeres rurales.
En cuestión de cuidados, el partido plantea extender la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) hacia las infancias, personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, así como “fortalecer la oferta de servicios para niñas y niños de cero a dos años”.
En el eje sobre violencia de género, la apuesta es a “fortalecer la institucionalidad creada por la legislación vigente”, crear nuevos refugios de asistencia transitoria que “den respuesta a todo el país”, y aumentar el número de tobilleras electrónicas.
A su vez, propone impulsar “acciones integrales para la erradicación de la trata, abuso y explotación sexual en todos sus niveles, con énfasis en mujeres, niños, niñas y adolescentes”; generar una línea específica de trabajo sobre trata y explotación sexual en el Observatorio de Género; establecer una red de coordinación regional para prevenir y combatir esos delitos; y reforzar la participación de las instituciones del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas.
En materia de salud, el documento contempla “mejorar el acceso a información de calidad sobre todos los aspectos asociados a la salud de la mujer”, revisar las metas prestacionales para “promover la salud femenina de la manera más amplia posible”, “separar el día libre por licencia para Papanicolau y mamografía”, e implementar el día libre remunerado “a parejas y/o mujeres que atraviesen tratamientos de fertilidad de baja complejidad”.
PC: que el género no sea una “condicionante”
“Queremos un país en el que la variable de género no sea una condicionante en la vida de las personas”, señala la introducción del capítulo de género del programa que tiene al frente a Andrés Ojeda y Robert Silva.
El PC propone el “fortalecimiento institucional frente a la violencia de género” con medidas como el aumento de las comisarías especializadas; la formación del funcionariado policial y administrativo en el trato con víctimas; el aumento de tobilleras; la ampliación de las soluciones habitacionales para víctimas; y la mejora de los protocolos de identificación y acompañamiento de los casos de abuso y violencia en los centros educativos.
También se dispone a fortalecer las políticas públicas dirigidas a prevenir y erradicar la trata de personas, e implementar protocolos de acoso laboral y sexual en empresas públicas y privadas.
En lo que tiene que ver con la autonomía económica, el PC plantea ampliar el modelo de calidad con equidad de género, además de fortalecer el SNIC (avanzar en su descentralización, generar capacitaciones para hogares pobres con jefatura femenina, concientizar sobre la corresponsabilidad en los cuidados), abogar por un mejor balance en la carga de maternidad y paternidad (buscando igualar licencias maternas y paternas); y promover un plan de inserción laboral para hogares monomarentales.
El plan de gobierno colorado también prevé impulsar programas educativos para adolescentes y mujeres madres o embarazadas, “promover una mayor concientización sobre la importancia del parto respetado”, actualizar los protocolos de violencia de género en los servicios de salud, e impulsar una mayor participación de las mujeres en política.
CA: contra la “ideología de género” y en “defensa de la vida”
La propuesta programática de CA no contempla un apartado sobre género, un concepto que sus integrantes atribuyen a una supuesta “ideología”, aunque incluye algunas medidas orientadas a las mujeres. Por ejemplo, propone combatir la “violencia doméstica” a través del incremento de recursos para las comisarías especializadas, una “campaña educativa y de sensibilización” sobre el tema y el aumento del “monitoreo de dispositivos de localización portátiles”. También plantea “reforzar las políticas de prevención” en “situaciones de violencia física, psicológica, económica o sexual”, con énfasis en la “protección de las mujeres”.
Sin embargo, al mismo tiempo, el partido que busca llevar a Guido Manini Ríos y Lorena Quintana a la presidencia incluye propuestas que podrían implicar algunos retrocesos en materia de derechos de las mujeres. Una es la que pretende modificar la ley de violencia basada en género con el argumento de que “viola el principio de presunción de inocencia del acusado y el principio de igualdad ante la ley”, y que busca “frenar” las supuestas “denuncias falsas” (un fenómeno del que Uruguay no tiene evidencia empírica). La bancada de senadores de CA ya presentó en marzo un proyecto de ley con este objetivo, que se suma a otros dos que van en el mismo sentido.
Por otro lado, la agrupación política recuerda que uno de sus principios fundacionales es la “defensa de la vida” y adelanta que, por eso, su plan de gobierno contiene medidas para revertir “los tristes registros de 10.000 abortos por año” y los “intentos para imponer una perversa ideología de género” que “buscan instalar el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, la sexualización de los niños y la división de las familias”.
En esa línea, los cabildantes proponen eliminar en la educación inicial y primaria “todo contenido que implique conceptos sobre la ideología de género” y promover el “uso correcto del español”, algo que, según su óptica, implica que en los centros educativos no se utilice el @, la x, ni la e.
En cuanto a los abortos, y con el claro objetivo de desestimularlos, plantean que la instancia que prevé la ley con un equipo interdisciplinario para informar sobre el procedimiento también incluya detalles sobre “los beneficios que el Estado brinda a las mujeres que tienen hijos”.