A pocas horas del inicio de la veda electoral, la consultora Factum divulgó este jueves su última medición de intención de voto sobre los dos plebiscitos constitucionales que se realizarán en simultáneo a las elecciones nacionales: el de la seguridad social, promovido por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, y el de los allanamientos nocturnos, impulsado por la coalición de gobierno.

Según la encuesta de Factum, en el primer caso, 47% del electorado votaría a favor de la consulta popular para bajar la edad jubilatoria, subir las jubilaciones mínimas y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), mientras que 45% no acompañaría la propuesta. Todavía persiste un 8% de indecisos.

Asimismo, el sondeo de Factum marca que siete de cada diez votantes del Frente Amplio son proclives a votar la iniciativa del PIT-CNT y apenas 24% de los simpatizantes de la coalición de gobierno.

Con estos números el plebiscito fracasaría, dado que una reforma constitucional de este tipo exige la mitad más uno de los votos para aprobarse.

Diferente es el escenario para el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares. La encuesta de Factum marca que 56% del electorado metería en la urna la papeleta amarilla del Sí, mientras que 41% no respaldaría la propuesta y 3% se mantiene indeciso.

En cuanto a la distribución por bloque político, 85% de los votantes de la coalición de gobierno votaría a favor de la reforma y sólo tres de cada diez frenteamplistas apoyaría la iniciativa del oficialismo.

Por último, Factum señala que en 2009 el plebiscito para habilitar el voto en el exterior tenía una intención de voto de 54%; en tanto, el plebiscito para anular la ley de caducidad recogía en lo previo un respaldo de 51%. Sin embargo, ambas iniciativas fracasaron el día de la elección. Lo mismo aconteció con el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad en 2014 y con el plebiscito “Vivir sin miedo” en 2019.

De hecho, la última vez que prosperó un plebiscito fue en 2004, cuando se aprobó la reforma que consagró el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, entre otras cosas.