El colectivo de trabajadores y trabajadoras frenteamplistas del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) presentó este martes en La Huella de Seregni una serie de propuestas para implementar si el Frente Amplio (FA) llega al gobierno. Entre las iniciativas, se destaca la creación de una ley que reúna el marco normativo disperso que existe en el Estado sobre la internación de los niños y adolescentes, ir hacia un modelo “territorial” e “integral” en la atención a los menores de edad, buscar una mejor articulación dentro del Estado y generar una formación continua de los funcionarios, a través de una carrera terciaria.
El colectivo realiza un diagnóstico de la institución en el que observa un “deterioro” de las políticas de infancia y adolescencia en la actual administración. El grupo de funcionarios identifica un “estancamiento” y “retroceso” del sistema, que se profundiza debido a una “crisis” en el Sistema de Protección Especial de 24 horas. En ese sentido, señalan que las condiciones de los centros de internación “no garantizan el respeto pleno” de los menores.
También apuntan a la “fragmentación institucional”, lo que lleva a que haya “tensiones” entre la gestión del INAU y las organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante los programas. También visualizan una “falta de articulación” con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En otra dirección, marcan una “insuficiencia de recursos” y una gestión “deficiente”, además de “falta de planificación y evaluación de políticas” y “descuido del personal”.
En ese sentido, el colectivo propone una serie de iniciativas para asumir en una eventual gestión frenteamplista en el próximo quinquenio. La primera medida que plantean es la creación de un nuevo marco normativo para el sistema de protección de 24 horas, aquel que regula las internaciones de los menores de edad. Se propone elaborar un único marco normativo que reúna diferentes normas que se encuentran dispersas en materia de infancia. Esta medida se basa, específicamente, en generar una articulación a la interna de la institución, pero también interinstitucional. Esta propuesta también abarca tender al cierre de los centros macro residenciales, como Estación Esperanza, impulsar centros de breve estadía y revisar la organización etaria de los centros asistenciales de 24 horas.
Por otro lado, proponen profundizar en la atención territorial y construir redes comunitarias, que logren que el INAU oriente sus iniciativas en función de las necesidades específicas del territorio. En ese sentido, marcan la necesidad de revisar y flexibilizar los perfiles de los centros de base familiar y comunitaria que se organizan en función de las edades de los menores de edad (primera infancia, infancia y adolescencia), “en base a las características de densidad y distribución geográfica” en las ciudades y localidades. Estos nuevos modelos deben ser articulados interinstitucionalmente y “favorecer la atención diaria en clave de intereses y no de edades”. Estos intereses pueden ser socioeducativos, recreativos, deportivos y culturales.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Carrera terciaria e intervención basada en evidencias
También proponen avanzar en la profesionalización y la formación continua de los funcionarios. En esa dirección, los trabajadores proponen el desarrollo de una carrera de formación terciaria específica para educadores en infancia y adolescencia, reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Se establece además que esta formación deberá ser obligatoria a partir de 2035 para cargos de mayor responsabilidad.
También proponen el uso de evidencias y datos para guiar las políticas públicas; en ese sentido, se marca la importancia de crear convenios con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para desarrollar fondos que financien investigaciones sobre el sistema. Esta estrategia debe complementarse, según los trabajadores, con un fortalecimiento de la Asesoría de Planificación Estratégica y Presupuestal de INAU, así como con mecanismos de monitoreo y evaluación.
Finalmente, se puntualiza la necesidad de rediseñar el sistema de transferencias económicas. Los trabajadores frenteamplistas proponen integrar estas transferencias al sistema de protección social del Estado, lo que permitiría “cuantificar y organizar” los recursos que se destinan a las familias más vulnerables.