En el nuevo “Compromiso por el país”, los partidos de la coalición de gobierno proponen aprobar un paquete de “leyes anticorrupción” con el objetivo de “modernizar nuestra normativa”. En el documento programático, que será la base de un eventual segundo gobierno de la coalición, se mencionan tres leyes: una con la figura del arrepentido, para incentivar “el rompimiento de redes de corrupción”, otra con la extinción del dominio, para acelerar “la recuperación de bienes adquiridos como fruto de operaciones corruptas”, y una tercera sobre “enriquecimiento ilícito”.

Esto último está vigente desde el 19 de setiembre de este año, cuando el Poder Ejecutivo promulgó la ley, aprobada unos días antes en el Parlamento, que justamente introdujo en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. La normativa vigente establece una pena de 18 meses a seis años de penitenciaría para aquel funcionario público que, teniendo “la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos”, obtuviese “indebidamente a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos” un incremento patrimonial “significativo e injustificado” con relación a sus ingresos legítimos.

El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, que trabajó en su momento en la aprobación de la ley, indicó a la diaria que la oposición había colocado este tema entre sus prioridades para el término de la legislatura y, tras un aporte decisivo del catedrático en derecho penal Germán Aller, “se votó por unanimidad y no hubo problemas”.

Brenta sostuvo que desde la coalición se han hecho varias propuestas como “un paquete de medidas contra el narcotráfico”, pero “se olvidan de una de las principales, que es cortarle a los tipos la posibilidad de blanquear la plata”. En ese sentido, cuestionó los nuevos topes que dispuso la ley de urgente consideración para las transacciones de dinero en efectivo. “Es lo que te dicen en todo el mundo, que la gran dificultad que tienen los narcos es introducir en el sistema financiero formal la guita que obtienen del narcotráfico”, afirmó Brenta.

Un registro que ya está vigente

Otra medida que forma parte del nuevo “Compromiso por el país” y que ya se está aplicando refiere al Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev). Como informó el periodista Diego Martini en X, en el documento se plantea la “concreción de un Runaev como respuesta a las 19 aduanas de hecho que hoy existen en nuestro país para el tránsito de ciertos productos”; no obstante, mientras esto se anunciaba como una medida, el Congreso de Intendentes hacía una invitación al lanzamiento oficial del Runaev, el cual tuvo lugar el martes y al que asistió el presidente Luis Lacalle Pou.

Pedro Apezteguía, consejero político del FA en el Congreso de Intendentes, señaló a la diaria que el Runaev está operativo desde el pasado 14 de octubre, y apuntó que se trata de un proyecto que comenzó en 2018. En efecto, el Runaev ya tiene su propia página web, en la cual se ofrece información sobre el sistema, que básicamente permite unificar los trámites bromatológicos de las 19 intendencias departamentales para facilitar la habilitación de empresas locales, productos y vehículos.

“Lo que hicieron los técnicos de las intendencias fue ponerse de acuerdo en todos los criterios que se deben cumplir para que una empresa, un vehículo, un alimento, se registre; o sea, fue un proceso de larga data, que hace muy bien a los negocios y que le permite a muchas empresas, sobre todo a las más chicas, eliminar una desigualdad para instalarse en el interior”, resumió Apezteguía.

Coalición plantea reincorporar al sector privado en Uruguay XXI

Por otra parte, en el capítulo sobre política exterior, la coalición plantea “fortalecer” a Uruguay XXI, la agencia gubernamental que promueve las exportaciones, las importaciones y la imagen de Uruguay fuera de fronteras. En el documento se propone “potenciar la coordinación” entre Uruguay XXI y los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores “para delinear una estrategia clara de inserción y política comercial a nivel país”. También se anuncia como medida que Uruguay XXI “incorporará al sector privado”.

Esto último va a contramano de lo que pasó en este período de gobierno. Desde que se creó, en 1996, Uruguay XXI fue administrado por un consejo de dirección compuesto por autoridades del Poder Ejecutivo y tres representantes del sector privado; en 2010, el sector privado pasó a tener cuatro representantes, y se incluyó la participación de las organizaciones más representativas de las cooperativas y de los trabajadores. Sin embargo, en 2020, a través de la ley de presupuesto nacional, el actual gobierno quitó al sector privado del consejo de dirección de Uruguay XXI.

En aquel entonces, el canciller Francisco Bustillo dijo que con la reestructuración se pretendía tener “una estructura más dinámica”, porque el consejo de dirección tenía “muchísimos actores”, pero “definitivamente eran pocas las veces que se reunía”.

El planteo de reincorporar al sector privado a la conducción de Uruguay XXI no figura expresamente en el programa de gobierno del Partido Nacional, ni en el de los otros cuatro partidos que integran la coalición. En cambio, sí aparece entre las “prioridades para gobernar” que presentó el FA a mediados de setiembre. Allí, en referencia a Uruguay XXI, se señala que “se debe revitalizar este organismo debilitado, incorporando al sector privado en su consejo de dirección y reinstalando su agenda de reuniones periódicas”.