La presión popular de un plebiscito que incomoda al Frente Amplio

El sábado se cumplió el plazo establecido constitucionalmente para la recepción de iniciativas de plebiscito que serán sometidas a votación popular en las próximas elecciones nacionales de octubre. Entre las tres propuestas con posibilidades de seguir adelante,¹ es la reforma de la seguridad social impulsada por el PIT-CNT la que supera ampliamente las firmas necesarias para ser plebiscitada, y despierta diversas reacciones entre figuras políticas del oficialismo y la oposición. Pero, en particular, reedita tensiones ya transitadas entre la izquierda social y política con relación a estas iniciativas.

En 2023, el surgimiento y el desarrollo de la campaña para reformar constitucionalmente el sistema de seguridad social generó discrepancias dentro de la central de trabajadores del país (PIT-CNT), así como en la interna del Frente Amplio (FA). Este nuevo escenario en el que el plebiscito ya es una realidad avizora nuevas presiones, no sólo a la interna del principal partido de oposición, sino también desde filas oficialistas, en las que el plebiscito se posiciona estratégicamente hacia la campaña de octubre.

Un proceso incómodo

Al unánime rechazo de la izquierda social y política a la nueva ley de seguridad social y jubilaciones aprobada con los votos de la coalición de gobierno en abril de 2023, y el acuerdo sobre la necesidad de cambiarla, le siguió un intenso debate sobre cómo enfrentarla, con importantes discrepancias. Mientras el FA proponía mayoritariamente apelar a llegar al gobierno para modificar la ley a través de un diálogo social nacional,² en el PIT-CNT existían posturas divergentes. Por un lado, la propuesta promovida por representantes de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) de llevar a cabo una reforma constitucional; por el otro, diversas voces que apuntaban hacia una discusión más extendida sobre las implicancias y las consecuencias de la ley aprobada para luego formular modificaciones.

La primera iniciativa obtuvo la mayoría de los apoyos en la Mesa Representativa ampliada, y el PIT-CNT definió llevar adelante una propuesta de reforma de la seguridad social que modifica el artículo 67 de la Constitución y, en términos generales, establece la seguridad social como un derecho humano fundamental no lucrativo, que debe ser organizado y gestionado íntegramente por el Estado. En este sentido, establece la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), fija constitucionalmente en 60 años la edad de jubilación y ajusta las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Con la aprobación de la propuesta por parte de la Corte Electoral el 22 de setiembre pasado, se abrió un plazo menor a siete meses para recolectar las adhesiones necesarias para habilitar la votación popular.

A la iniciativa presentada por el PIT-CNT se sumaron apoyos de importantes organizaciones del movimiento social (como Fucvam) y de algunos sectores del FA, que comenzaron a marcar su apoyo a la campaña. La Mesa Política ampliada del FA se vio forzada a tomar una decisión orgánica, definiendo dar libertad de acción a sus sectores para acompañar o no la iniciativa y la consecutiva recolección de firmas. La ausencia de un posicionamiento explícito desde el FA pretendía evitar desavenencias internas por este tema, pero arrastraba un futuro problema en la medida en que la recolección de firmas fuera exitosa y lograra su objetivo. En tanto, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo definieron apoyar y trabajar por la iniciativa, mientras que el Movimiento de Participación Popular (MPP), la Vertiente Artiguista, Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) y el Ir se opusieron.

Mientras la campaña de recolección de firmas cobraba visibilidad, la campaña electoral se iba configurando y el posicionamiento de las principales precandidaturas del FA se imponía. Desde el inicio, manifestaron su rechazo el ahora exprecandidato Mario Bergara, especialmente contrario a la propuesta de eliminación de las AFAP, así como Yamandú Orsi, precandidato del MPP, quien señala su oposición a involucrar cambios constitucionales en una reforma de la seguridad social. Andrés Lima fue el primer precandidato en firmar, con la adhesión de los sectores que lo apoyan. En tanto, Carolina Cosse definió apoyar la campaña luego de un prolongado silencio, que daba cuenta de su incómoda situación, al contar su precandidatura con el apoyo de sectores que formaban parte de la campaña de recolección de firmas.³ Los argumentos se orientaron a manifestar su desaprobación con la actual reforma e incentivar el debate y la reflexión pública, sin hacer referencia a la propuesta en sí. Por su parte, el actual presidente del FA y expresidente de la central única de trabajadores, Fernando Pereira, se opuso desde el inicio a la propuesta, principalmente por la forma, y tuvo luego posturas ambiguas sobre su indefinición de firmar o no la iniciativa.

La velocidad y el resultado en la recolección de adhesiones a la propuesta de reforma da cuenta de la impresionante capacidad organizativa y de militancia territorial del movimiento social y sindical. La entrega de 430.023 firmas a la Corte Electoral fortalece al movimiento social y refuerza la presión hacia un pronunciamiento del FA, consciente de que la amplia mayoría de estas firmas simpatizan con su fuerza política.

Reminiscencias

El movimiento social ha presionado históricamente al FA a posicionarse frente a las distintas iniciativas llevadas adelante para lograr cumplir sus demandas. Este reclamo desde el movimiento social ha tensionado al FA a tener que adherir o no a estas iniciativas, definiciones que no han estado exentas de contradicciones y apoyos débiles.

En la campaña electoral de 2009 se plebiscitó una propuesta para anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, llevada adelante por organizaciones sociales de derechos humanos. Durante el proceso de recolección de firmas, el FA definió apoyar la iniciativa. Sin embargo, varias de sus principales figuras (como el entonces presidente Tabaré Vázquez) rechazaban la propuesta, lo que incluía a dos de los tres precandidatos a la presidencia por el FA (José Mujica y Danilo Astori, mientras que Marcos Carámbula la apoyaba). Previo a la campaña electoral, Mujica firmó la iniciativa, pese a haber manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a la propuesta y vaticinar al momento de firmar que “la anulación de la ley no va a solucionar nada”.⁴

La falta de convencimiento de la entonces fórmula presidencial del FA sobre la propuesta a plebiscitar derivó en una magra (y casi inexistente) campaña de apoyo hacia la contienda electoral de octubre. El plebiscito para anular la ley de caducidad perdió con el 47,4% de los votos.

Hacia octubre

La contundencia en el resultado de la recolección de firmas, que superó ampliamente el requisito legal establecido en tiempo récord, fortalece la hazaña de un movimiento social organizado con apoyo popular frente a las iniciativas que se propone y ejerce una presión importante hacia el FA a tomar una determinación, hasta ahora esquiva, sobre su posición e involucramiento en la campaña. A la presión externa se suma la interna, al existir sectores que apoyan el plebiscito que ya proponen reabrir el debate para cambiar la postura de su fuerza política.⁵

Este escenario parece dar ventaja a los precandidatos de la coalición de gobierno, que encuentran en el plebiscito un tema en el que focalizar su campaña y defender su gestión de gobierno, así como de incriminar al FA por su posicionamiento (o falta de él), algo que figuras del oficialismo han hecho en las últimas horas.

El importante desafío que enfrenta el FA implica pronunciarse desde una postura que cuente con la aceptación de sectores discrepantes en su interna, así como acallar voces oficialistas que encuentran una utilidad estratégica en evidenciar estas divergencias y vaivenes de la oposición. Pero, además, en caso de apoyar el plebiscito, deberá definir de qué forma se comprometerá a ser parte de él y cuál será su participación si desea garantizar su éxito y no su derrota.

De los plazos establecidos y sus limitaciones

“Un plebiscito tiene riesgo, sobre todo porque se arma mucha confusión a la hora de votar el partido, votar la papeleta, que todas las listas tengan papeleta [...]. Si uno milita más de una causa al mismo tiempo, naturalmente divide sus tiempos”.⁶ Estos comentarios los hacía Fernando Pereira al argumentar su posicionamiento sobre la recolección de firmas. Sin embargo, da cuenta de una realidad sustancial sobre los tiempos constitucionales establecidos para estos mecanismos de democracia directa. La Constitución, en su artículo 331 inciso C, prevé que los recursos de plebiscito presentados por iniciativa popular o dos quintos de la Asamblea General deben ser sometidos a votación popular en forma simultánea con las siguientes elecciones. Esta situación presiona a las candidaturas presidenciales a tomar posición, pero, sobre todo, estructura las posibilidades de debate sobre el contenido de estas propuestas.

La utilización estratégica entre las candidaturas y los partidos políticos de las propuestas a plebiscitar debilita la capacidad de debatir profunda y exhaustivamente proyectos complejos y estructurantes de la vida política y social del país que son incorporados a la Constitución. Además, esta situación pone en aprietos a los precandidatos, al tener que tomar posición sobre temas en los que preferirían no posicionarse o profundizar.

La confirmación de dos propuestas de plebiscito para octubre (seguridad social y allanamientos nocturnos) centra la discusión sobre su posible influencia en la agenda de la campaña electoral luego de las internas y la utilidad estratégica para cada partido político en la disputa hacia octubre de 2024. Esperemos que el barullo electoral no impida dar un debate necesario sobre reformas centrales en la vida de uruguayas y uruguayos.