Junto al actual director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Antonio Manzi, el precandidato colorado Robert Silva presentó este lunes sus propuestas para el área de “infancia e integración social”. El expresidente de la ANEP y líder de la agrupación Crece sostuvo que en la sociedad uruguaya hay “inequidades” que exigen “políticas batllistas públicas”. “Queremos ganar las elecciones internas para inundar de batllismo a toda nuestra colectividad política y fortalecer al Partido Colorado [PC] en la próxima coalición de gobierno”, afirmó.

El documento programático que elaboró el equipo técnico de Crece, al que tuvo acceso la diaria, propone un “blindaje” de los fondos asignados a la primera infancia, es decir, niños, niñas y adolescentes de entre cero y seis años de edad. En tal sentido, además de “fijar como ‘piso’ los recursos hoy destinados a los menores de edad”, se propone redireccionar el presupuesto de las Asignaciones Familiares Plan Equidad y “otras transferencias monetarias” para “aumentar las transferencias a los menores de seis años”.

También se plantea reforzar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y extender los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) “a tiempo completo”. Esto último, según el documento, “se vincula con la propuesta de hacer obligatoria la educación inicial a partir de los tres años de edad”, lo cual permitiría “liberar espacios en los CAIF para niños de cero a dos años, trasladando a los de tres años a los jardines de infantes”. Esto, a su vez, “hará posible que los adultos responsables, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, cuenten con el tiempo necesario para integrarse al mercado laboral”.

Asimismo, Crece propone la creación de la figura del “comisionado parlamentario para la infancia”, cuyo propósito será “darles voz a aquellos que no la tienen” y realizar una evaluación de las políticas públicas vinculadas a la infancia.

La coalición “ha invertido mucho en el tema social”, dijo Silva

Algo más de cinco años atrás, el diagnóstico plasmado por la coalición de gobierno en el documento programático “Compromiso por el país” era el siguiente: “Hoy estamos golpeados por la fractura social, la marginalidad y la vulnerabilidad económica de muchos hogares”, ante lo cual proponía “romper los ciclos generadores de desigualdad y de exclusión”.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2023, muestran que la pobreza aumentó 1,3% en comparación a 2019, mientras que la pobreza en la primera infancia creció 3,1%.

En el “Compromiso por el país”, los partidos firmantes –entre ellos, el PC– prometían “dar prioridad a la primera infancia” y “fortalecer y ampliar la cobertura de los centros CAIF”, entre otras medidas.

Según afirmó Silva al término de la presentación, el actual gobierno “ha invertido mucho en el tema social”. Sin embargo, sostuvo que aún “faltan recursos”, así como también “redireccionar mejor algunos recursos”. “No tengo duda de que hay que reorientar mejor los recursos, pero también no tengo duda de que hay que destinar mayores recursos”, subrayó, y señaló que a partir del “crecimiento económico” será posible volcar mayores recursos a las políticas sociales.

En el documento de Crece se señala que actualmente el Estado uruguayo asigna “2,5 veces más recursos a los mayores de 65 años que a los menores de 18 años”. También se sostiene que un aumento de las transferencias monetarias en los hogares pobres “no es suficiente”, porque “la pobreza no es sólo monetaria”. “Para sacar a los niños de la pobreza debemos ayudar a los adultos con quienes estos niños viven, y el abordaje debe ser integral”, señala el documento.

Que el Estado pague por resultado y no por “intervención”

Por otra parte, en el apartado de “integración social”, el equipo técnico de Crece propone fortalecer la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y promover una mayor participación del Mides en el sistema penitenciario.

También se prevé un rediseño de “los incentivos para la contratación de liberados”, como, por ejemplo, a través de “intervenciones” de organizaciones no gubernamentales bajo la modalidad de “pares”, esto es, “personas que estuvieron privadas de libertad, pero que se reinsertaron exitosamente en la sociedad apoyando a nuevos liberados”.

Asimismo, se propone establecer “contratos de pago por resultados” para captar recursos del sector privado mediante “inversores sociales, a quienes se les devuelve la inversión cuando se constatan resultados medibles”. Manzi señaló que se pretende “contratar servicios desde el Estado, pero que sólo paguemos cuando se alcanzan los resultados, no solamente por hacer la intervención”.

En otro orden, el documento plantea avanzar en un IVA personalizado y en una billetera digital para prestaciones sociales. En concreto, se propone “incorporar a la extensión de la exoneración de IVA a los trabajadores formales de bajos ingresos que reciben la Asignación Familiar contributiva y que tengan a cargo menores de cero a seis años”. De este modo, se procura “lograr una mayor progresividad a un impuesto considerado regresivo”.

El desarrollo de un IVA personalizado también forma parte de las bases programáticas del Frente Amplio (FA) para un eventual cuarto gobierno. Bajo el concepto de que “paguen más lo que tienen más riqueza y más ingresos”, el FA propone como un objetivo “la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo a un IVA personalizado”.