El domingo 28 de julio, Cabildo Abierto (CA) votó en su congreso el programa que defenderá de cara a las elecciones de octubre. Los temas allí planteados serán el punto de partida para la fórmula integrada por el senador Guido Manini Ríos y la doctora Lorena Quintana, que desarrollarán la campaña bajo la coordinación general del exsubsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Rivera Elgue.

El senador Guillermo Domenech dijo a la diaria que uno de los desafíos más importantes durante este período será “dar a conocer” el programa y, en esa línea, dijo que los puntos sobre los que se hará foco son “seguridad, deuda, familia y adicciones”. Darles “prioridad” a estos temas en esta instancia, según el legislador, también los posiciona como aquellos que serán “contemplados” de cara a un futuro acuerdo programático de la coalición de gobierno.

El documento plantea que es “imprescindible” terminar con “el sesgo ideológico que pretenden imponer algunos magistrados, con fuertes presiones de organizaciones internacionales”. En particular, se resalta la persistencia de este fenómeno “en los procesos vinculados al ‘pasado reciente’ y a la ‘ideología de género’”. “La Justicia no puede actuar como mecanismo de venganza y pasando por alto los principios generales del derecho”, indica el documento en ese sentido.

Sobre la ley de caducidad, en tanto, se plantea la pretensión de “establecer las modificaciones necesarias al marco jurídico para terminar con la situación de las personas injustamente detenidas y enjuiciadas por haber defendido las instituciones”. En concreto, se remarca la intención de “retomar la vigencia plena de la ley de caducidad refrendada en dos consultas populares”.

También vinculado a la Justicia, pero con un anclaje en polémicas más recientes, se establecen propuestas relativas a la “filtración de información reservada”. En concreto, se propone “tipificar como un delito de violación el secreto profesional cuando jueces, fiscales o funcionarios públicos filtren o faciliten, por acción u omisión, la información de una causa penal que está siendo investigada”.

En términos generales, se plantea además la reforma de la Fiscalía General de la Nación vinculada a “establecer un directorio de tres miembros que ejercerán la jerarquía administrativa del servicio”. También se propone la creación del delito de “prevaricato”, con penas “mucho más severas de las hoy previstas para el delito de ‘abuso de funciones’, para aquellos jueces y fiscales que se aparten de los principios del derecho y provoquen intencionalmente que un inocente sea privado de su libertad o un culpable quede libre”. También se muestra la posición favorable relativa al plebiscito de allanamientos nocturnos y la revisión de la “dosimetría de las penas por tenencia de estupefacientes”.

La educación y aspectos de fondo

“La familia tiene un rol fundamental en la educación en valores ya que los mismos no se enseñan, sino que se modelan”, plantea el programa. En ese sentido, puntualiza que dado que “la familia como institución está en crisis”, el sistema educativo “deberá promover la educación en valores con la finalidad de formar un ciudadano íntegro apto para la vida democrática”.

En el campo de la educación, también se pretende la “eliminación de ideología de género” a nivel de inicial y primaria. En este sentido, la idea es “determinar pautas de adecuación” relativas a la “educación sexual de niños, niñas y adolescentes” adecuadas a la “etapa madurativa del menor”. Se pretende, en tanto, disponer “un margen de enseñanza con enfoque en la prevención de explotación y abuso sexual, así como en la prevención de embarazos no deseados”.

Por último, se apunta al “uso correcto del español” en “todos los niveles educativos de Uruguay”. Se sostiene que se debe utilizar el idioma “conforme a las recomendaciones de la Real Academia Española”, sin utilizar “formas como el lenguaje inclusivo, como el uso de la @ o las letras ‘e’ y ‘x’”.

Plan de adicciones

Otro de los grandes ejes de la “emergencia nacional” que se plantea desde la fuerza cabildante es el de las adicciones. En ese sentido, se abre la posibilidad del establecimiento de una “justicia terapéutica” definida por un “marco normativo que permita el tratamiento como medida sustitutiva al encarcelamiento para delitos primarios relacionados al consumo de drogas”.

En esa línea, son incluidos otros “ajustes legales”, entre los que se encuentra “no seguir ampliando la legalización de drogas” y “tomar las medidas necesarias para la progresiva derogación de la ley de regulación del cannabis”. También se plantea ideas para la atención de “otras adicciones” como los juegos de azar, la pornografía y los dispositivos móviles.

Acerca de los juegos de azar, se presenta la iniciativa de “promover una legislación que contemple límites claros en publicidad, horarios de operación y accesibilidad a casinos y casas de apuestas físicas y en línea”. También se prevé la implementación de “programas educativos sobre los riesgos del juego de azar y promover alternativas de ocio saludables”.

En lo que respecta a la pornografía, se apunta a la “educación en los daños” que provoca en “la salud mental y para las relaciones interpersonales”. También se propone “incentivar a los proveedores de servicios de internet a implementar filtros de contenido para restringir el acceso a sitios pornográficos” y se abre la posibilidad de “ofrecer terapias y apoyo psicológico para ayudar a las personas a superar su adicción a la pornografía”.

La violencia de género y el rol de la familia

Otro de los temas centrales en el programa es el de “familia y primera infancia”. En ese sentido, una de las medidas transversales que se presentan tiene que ver con “campañas de sensibilización” sobre la “importancia del matrimonio, la familia, la maternidad y la paternidad, la natalidad, el embarazo, la conciliación entre trabajo y familia, cooperación e igualdad entre hombres y mujeres, familias con miembros con discapacidad y cuidado intergeneracional”.

En una sección que se define como “apertura a la vida” se propone, entre otras cosas, la creación de una figura denominada “padrinazgo” para que “toda persona jurídica que destine dinero para el mantenimiento económico o educacional de un hijo de familia, sin alterar su radicación, sea beneficiada con el descuento del valor equivalente en el pago del IRPF [impuesto a la renta de las personas físicas]”.

Por último, en lo respectivo a “situaciones de violencia” dentro del seno familiar, se presenta la iniciativa de modificar la actual ley de violencia de género, la cual, según se destaca, “viola el principio de presunción de inocencia del acusado y el principio de igualdad ante la ley”. También, con respecto a lo que se denomina “falsas denuncias por violencia doméstica”, se resalta como “necesaria” la “tipificación específica” de un delito de “calumnia y simulación” frente a la “utilización” de la denuncia como “último recurso para hacer daño a otra persona”. En ese caso, se propone un castigo con “tres a seis meses de prisión”.

Trabajo obligatorio a nivel carcelario

En el capítulo de seguridad pública se hacen varios planteos vinculados a atender la situación carcelaria. Se propone el plan de “trabajo obligatorio” para las personas privadas de libertad. Esta novedad estaría incluida en una reestructura del sistema carcelario llevada adelante a través del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Según se destaca, las tareas se desarrollarán en el marco de lo establecido en el convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de “generar una cultura de trabajo como mecanismo para la prevención del delito y el desarrollo de hábitos saludables”.

La idea es que bajo este plan las personas privadas de libertad “reciban una prestación equivalente a 60%” del salario mínimo nacional por sus actividades laborales, bancarizándose y descontándose las “retenciones y asignaciones para hijos menores".

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