Intrusos para el espectáculo: la infructífera y peligrosa campaña sobre allanamientos nocturnos

Esta es la tercera elección nacional consecutiva en la que será sometida a votación popular una propuesta vinculada a la seguridad ciudadana. Esta iniciativa, además, es parte idéntica de una de las propuestas que conformaban el plebiscito Vivir sin Miedo, de 2019. El planteo de habilitar los allanamientos nocturnos estuvo presente durante los cinco años de gobierno y hoy es foco de atención de la campaña electoral en materia de seguridad. La repetición de una medida específica, de profundo impacto visual y territorial pero infructífera, muestra un agotamiento en las ideas de cómo afrontar el problema.

Los allanamientos constituyen una herramienta de intervención violenta que debilita garantías constitucionales básicas (tales como el derecho a la seguridad y la libertad individual) y que afecta a todas las personas que se encuentren en el hogar, por lo que su uso debe remitirse a situaciones excepcionales, que deben habilitarse y justificarse judicialmente.

Más allá de los graves problemas y las implicancias de la habilitación para realizar esta intervención en la nocturnidad, sobre lo que me centraré más adelante, la campaña se ha basado en el debate de una herramienta específica para la investigación y la represión de determinados delitos. A esto hacía referencia Diego Sanjurjo, integrante del Ministerio del Interior, que el 22 de agosto en el periodístico Ciclo de la diaria señalaba que la discusión de la herramienta “es una pérdida de tiempo increíble”.

Sin embargo, es un tema recurrente entre los candidatos de la coalición de gobierno, que en las ocasiones en las que se habla sobre seguridad pública hacen referencia a esta medida como central para “combatir al narcotráfico”. En este aspecto, en el oficialismo hay un acuerdo generalizado sobre la propuesta, un factor común que ha permitido centrar la discusión en esta iniciativa y no en los magros resultados obtenidos en materia de seguridad. Sobre todo, con relación al narcotráfico, en el que las repercusiones de las disputas territoriales exacerban la violencia comunitaria y demandan medidas inmediatas.

En este sentido, las campañas de plebiscito en el contexto electoral en general distorsionan la posibilidad de profundizar en debates sobre los temas que abordan, al quedar a merced de la disputa político-partidaria. Orientan la discusión ciudadana hacia medidas o acciones particulares y no hacia un problema más amplio, además de las implicancias argumentativas que supone el uso de estas iniciativas para la campaña electoral.

Débiles pero potentes argumentos

Los allanamientos son acciones que debilitan garantías fundamentales de la ciudadanía, al vulnerar derechos constitucionales como la seguridad personal y la intimidad, así como la protección a la libertad individual.¹ Por ello, requieren una debida justificación y habilitación del juez responsable, quien podría, con la normativa vigente, actuar en la nocturnidad para casos excepcionales, así como cuando se determine que el espacio a ser allanado no es un hogar.²

La habilitación de esta herramienta en horarios de nocturnidad expone a mayores niveles de riesgo a quienes se encuentren en el hogar, a los funcionarios policiales y a la comunidad en su conjunto. Con relación a lo primero, es particularmente preocupante la situación de las niñas, los niños y los adolescentes que residen en estos hogares, cuyos derechos se ven especialmente vulnerados (algo que contraviene normativas nacionales, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, e internacionales), además de la exposición a experiencias traumáticas por la violencia y el daño que implican. Ni el proyecto ni quienes lo defienden mencionan esta grave consecuencia para las infancias y las adolescencias, que quedan nuevamente expuestas a situaciones de riesgo por el accionar represivo del Estado.

La alegación sobre la exposición a efectos no deseados y de violencia es también esgrimida por la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, que incluye a quienes se encuentran a cargo de llevar adelante los allanamientos en horas diurnas³ e implementarían la acción en territorio. Desde su experiencia, manifiestan la ausencia de recursos materiales y formativos para llevarla adelante, y señalan su rechazo a la propuesta por la falta de garantías para las y los funcionarios.

Pero también debe destacarse lo infructífero de la herramienta para el objetivo trazado del “combate frontal al narcotráfico”. Por un lado, el costo de llevar adelante allanamientos nocturnos es elevado, y los riesgos de fracaso en la obtención de prueba son importantes.⁴ Además, de centrar la “lucha contra el narcotráfico” en el microtráfico de estupefacientes, reducido sobre todo a las “bocas de droga”. Estas transacciones locales forman parte del efecto territorial de un problema que tiene su origen en organizaciones criminales con vínculos transnacionales, que requieren la investigación de otros delitos asociados (como es el lavado de activos). Orientar las estrategias de “combate” represivo al tráfico ilícito de estupefacientes en acciones territoriales de un alto impacto local a nivel inmediato, pero de bajo efecto en la desarticulación de grupos criminales, no repercutirá en la mejoría de la situación existente.

En este sentido, la evidencia local no da cuenta de una mejoría en la realidad territorial del microtráfico a partir de los allanamientos. Para el caso montevideano, es destacable el estudio realizado por investigadores de la Universidad Católica⁵ sobre allanamientos en Casavalle, frente al abordaje focalizado de acciones de policiamiento y allanamientos como estrategias de represión a los delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas (robos y hechos violentos, como amenazas, lesiones u homicidios). Realizado en 2021, el estudio señala que, si bien existen efectos diferenciales en algunos territorios que muestran efectos puntuales en contextos de grupos criminales, los allanamientos no son consistentemente efectivos para influir en el crimen.

Por el contrario, la focalización de estas acciones en barrios criminalizados, signados por la ausencia de un Estado presente en su faceta represiva, profundiza el estigma y la violencia hacia estos territorios y poblaciones. Los allanamientos, así como otras acciones represivas, repercuten en la vida cotidiana del barrio, afectan sus actividades locales y la libertad de tránsito de vecinos y vecinas.

Entonces, ¿cuál es el potente argumento que se esgrime a la hora de defender este mecanismo? La potencia radica en aspectos difícilmente argumentables. La apelación a una emotividad vinculada al problema de la seguridad alimenta el diagnóstico con el miedo, el temor, la frustración y la desesperación de la ciudadanía para proyectar una solución aparentemente mágica.

El miedo se constituye como un factor central de esta emotividad, fundamental para construir una otredad antagónica. Desde tiempos remotos, se ha teorizado desde la filosofía política sobre las implicancias del miedo en las sociedades (por ejemplo, en Thomas Hobbes opera como factor central para realizar el contrato social). La académica feminista Sara Ahmed estudia la política cultural de las emociones y profundiza sobre las existencia de una construcción social en torno a las emociones, que afirman la estructura social y las injusticias. Al respecto, Ahmed señala que en la actualidad la función política del miedo implica una restricción de la corporalidad, presentándose actualmente como un opuesto a la libertad. De esta forma, la concepción de libertad individual implica estar libres de miedo y se asocia a la libertad de moverse. Sin embargo, menciona que “el miedo no involucra la defensa de las fronteras que ya existen; más bien el miedo construye esas fronteras, estableciendo objetos de los cuales el sujeto, al temer, puede huir”.⁶ Esta construcción social y emotiva segmenta la sociedad entre “buenos” y “malos” u “otros” temibles, y reproduce la criminalización sobre determinados sujetos y territorios.

Las emociones y los sentimientos que despierta el problema de la seguridad dificultan el desarrollo de un debate exhaustivo sobre las causas, las consecuencias y las implicancias de la existencia de mercados ilícitos como el tráfico de estupefacientes. La apelación a la emotividad no permite reflexionar más allá de la reacción inmediata sobre necesidades que trascienden lo securitario y requieren respuestas sanitarias, regulacionistas, además de accionar sobre las desigualdades vigentes.

Esta apelación ha sido estrategia de campaña de los anteriores plebiscitos sobre seguridad. Tanto en el plebiscito de 2014 como en las pasadas elecciones de 2019 la argumentación de las propuestas realizadas se enfocó en la eliminación del temor ciudadano a partir de respuestas punitivas.

El discurso desarrollado por la campaña por la baja de la edad de imputabilidad penal de los adolescentes de 18 a 16 años de edad operó en la construcción de una imagen criminalizante hacia las juventudes, apelando a su responsabilidad en la realidad en materia de seguridad. En tanto, la propuesta de 2019 se identificaba con una utopía, al apelar a una emoción posiblemente deseable, pero prácticamente irrealizable: el vivir sin miedo. El ofrecimiento de cuatro medidas específicas, sin conexión aparente, como solucionadoras del problema de seguridad surgía como una propuesta de shock que se orientaba como una propuesta que intentaba “reaccionar firmemente” frente a una situación de urgencia.

El desafío plebiscitario

A diferencia de los plebiscitos anteriores en materia de seguridad ciudadana, esta iniciativa surge de la ardua e incansable tarea del Partido Nacional por habilitar los allanamientos nocturnos. No emana de la voluntad popular plasmada en las necesarias firmas ciudadanas para habilitar estos mecanismos, sino del acuerdo multipartidario de la actual coalición de gobierno, además del Partido Ecologista Radical Intransigente. Este aspecto puede haber debilitado las capacidades de desarrollar una campaña política para aprobar la propuesta, ya que hasta ahora no existe una estructura militante ni un comando de campaña específico sobre el plebiscito, más allá de manifiestas intenciones y acuerdos de palabra entre partidos.⁷

Sin embargo, cuenta con el apoyo orgánico de todos los partidos integrantes de la actual coalición de gobierno, así como con el respaldo mayoritario de la opinión pública. Hasta ahora, todas las mediciones realizadas sobre la disposición a votar el plebiscito dan cuenta de un apoyo mayoritario, superior a seis de cada diez personas habilitadas para votar.⁸

Ante los altos niveles de apoyo ciudadano, la estrategia de la coalición se afirma en apoyar la propuesta. Sin embargo, es importante señalar que, trascendiendo la campaña electoral, no hay en el sistema político grandes rechazos a la iniciativa. Si bien es la coalición la que lleva adelante este proyecto, desde el Frente Amplio se ha propuesto en varias oportunidades la habilitación de los allanamientos nocturnos (por ejemplo, en 2008 y 2012), y tanto su candidato como algunas figuras de relevancia han manifestado su disposición a generar este cambio constitucional si el contexto es otro.⁹

La peligrosidad de este plebiscito no sólo radica en los efectos no deseados de estas herramientas, además de la espectacularización de la represión policial en territorio, ya existente frente a los allanamientos “colectivos”, sino también en la emocionalidad de una ciudadanía frustrada en su expectativa de ver modificada su realidad.

Tamara Samudio es politóloga.