El Frente Amplio (FA) divulgó un nuevo documento con medidas programáticas de cara a un eventual gobierno, que contiene algunas de las propuestas presentadas el lunes en Colonia, pero profundiza sobre otras y suma nuevas, algunas de ellas vinculadas a la seguridad ciudadana. Se incorpora, por ejemplo, el compromiso de sumar 2.000 policías, impulsar un “patrullaje virtual” con drones y un “monitoreo” de agresores sexuales con dispositivos electrónicos.

El nuevo documento contiene 29 páginas y se estructura en los tres ejes que el candidato del FA, Yamandú Orsi, ha denominado “prioritarios”: crecimiento y distribución, protección social y seguridad. El segundo capítulo de este texto se titula “Uruguay Seguro” y desarrolla unas 22 medidas que proponen retomar el sistema de becas para que universitarios tomen denuncias en las comisarías, medidas para la población carcelaria y la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La primera medida que se anuncia es la de “desarrollar prácticas de policiamiento orientado a problemas (POP)” para la prevención, control, disuasión y respuesta “oportuna” ante el delito y la violencia. Esta iniciativa se basa en que las “prácticas tradicionales de policiamiento”, como el patrullaje aleatorio o la reacción ante “incidentes aislados”, “no tienen impacto significativo y son muy costosos”. El POP generará un “análisis minucioso” de las “causas de la recurrencia” de los delitos para “crear, implementar y evaluar soluciones efectivas”, sobre todo preventivas.

La segunda medida implica generar 2.000 nuevos cargos policiales durante todo el período “para reforzar la capacidad operativa” de la Policía, especialmente, en los “segmentos calientes de la zona metropolitana y de las grandes ciudades de otros departamentos”.

Además, se plantea retomar el sistema de becarios para las comisarías, que consiste en incorporar estudiantes universitarios para recibir denuncias e información. El senador frenteamplista Charles Carrera dijo a la diaria que esta medida tiene el objetivo de “volver a dar contención a la víctima” en la comisaría y “mejorar la información” que surge desde las denuncias.

El FA también propone darle un “nuevo impulso” a la instalación de cámaras de videovigilancia, llegando a los 20.000 dispositivos. Estos equipos tendrán tecnología para registrar e identificar matrículas de vehículos, y se contempla la incorporación de drones para realizar “patrullaje virtual”. Esta tecnología se aplicará en “capitales y ciudades intermedias” del interior del país y en las “zonas de mayor prevalencia del delito en el área metropolitana”.

Medidas contra el crimen organizado

Para combatir el crimen organizado se propone el desarrollo de un Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que busca coordinar acciones de diferentes organismos del Estado, como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Banco Central, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la Auditoría General de la Nación, la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección Nacional de Aduanas, el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Este sistema buscará “disminuir la capacidad operativa” del narcotráfico “para coartar el ejercicio de su poder en los territorios donde operan, incluidas las cárceles”.

Para quitarle poder al narcotráfico, el FA propone el Plan Más Barrio, basado en la evidencia de que existen “más de 50 grupos” criminales que buscan “controlar territorios”. “Se realizará una persecución integral del despliegue de estas bandas, apuntando a desarticular sus inversiones ilícitas (autos, negocios y otras propiedades), apuntando a seguir la ruta del dinero”, se puntualiza.

También en esa dirección, se propone la creación de una Fuerza Especial de Tareas. Esta fuerza será integrada con equipos de investigación de alta dedicación operativa, que dialogarán con diferentes organismos del Estado vinculados a estos temas, como la Fiscalía, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el BPS, la DGI y la Senaclaft. Entre sus cometidos está el de identificar “con precisión” las estructuras del crimen organizado y “desarticularlas en cada uno de los territorios”.

Delitos sexuales y basados en género

Para abordar los delitos sexuales y la violencia basada en género, el FA propone incorporar 2.000 tobilleras gratuitas para la protección de las víctimas de violencia doméstica y basada en género. Estas situaciones, se apunta, “requieren de respuestas inmediatas y una atención integral especial”.

También se propone un monitoreo de agresores sexuales, que se basa en la incorporación de dispositivos para el “monitoreo permanente con medidas de no acercamiento a víctimas o lugares frecuentados por niños, niñas y adolescentes”. Según supo la diaria, se trata de tobilleras y rastreadores que se les colocan a los agresores sexuales, por orden de la Justicia, para monitorear que no se acerque a domicilios o centros educativos determinados.

Esta propuesta tiene la novedad de que en estos casos la víctima no tiene que portar dispositivo, explicó Carrera. Incluso, añadió, la tecnología permite especificar en qué horarios el victimario puede o no visitar determinados lugares, y hasta desagregar por días.

En Uruguay hay 650 personas condenadas por delitos sexuales que integran el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, y aproximadamente 3.000 denuncias por año. Esta tecnología no será para todos los casos, sino que será determinada por la Justicia.

El FA también propone la promoción y la protección de la salud integral de los funcionarios policiales y otras medidas que apuntan al mejoramiento de las cárceles, como una campaña nacional de alfabetización en las prisiones y una mejora de las condiciones laborales de los funcionarios civiles del Instituto Nacional de Rehabilitación.

También se sintetizan medidas para disminuir la reincidencia, específicamente, intervenciones en la población privada de libertad, como atención al consumo problemático, las relaciones familiares y de pareja, el trabajo y “actividades prosociales”.

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