Después de una batalla judicial de dos años, la Justicia de España determinó que la hija de María, que hoy tiene siete años, deberá quedar bajo “la guarda y la custodia” del padre, quien vive en la ciudad catalana de Vielha, en la provincia de Lérida. La mujer deberá entregar a la niña este viernes en el consulado uruguayo de Barcelona, según informó Subrayado. La sentencia, anunciada este martes por la jueza Cristina Marrero Pérez, dispone además que la madre tenga un régimen de visita de dos horas semanales: sólo podrá ver a su hija los sábados de 10.00 a 12.00 en un punto de encuentro dispuesto por la Justicia y en compañía de profesionales.

El caso trascendió en 2017, cuando María denunció en España al padre de su hija de abuso sexual contra la niña y viajó a Uruguay junto a ella. Pese a los pedidos del padre y a las determinaciones legales, la madre se negó a volver a España, argumentando que el hombre la había sometido a varios episodios de violencia de género durante “períodos prolongados” y que sospechaba que había abusado sexualmente de su hija. La Justicia uruguaya analizó el caso e impuso al padre la prohibición de acercamiento tanto a la niña como a su madre, quien quedó a cargo de la tenencia provisional de su hija. Los técnicos del Poder Judicial determinaron que había indicios de que la mujer había sufrido violencia doméstica y que la niña había sido al menos testigo de estas situaciones, aunque concluyeron que no había elementos para comprobar o descartar el abuso sexual.

En junio de 2018, finalmente, la Suprema Corte de Justicia falló que la niña debía volver a España junto a su madre. Esto generó la reacción de organizaciones sociales y colectivos feministas, que manifestaron el apoyo a la madre con el hashtag #MaríaNoSeVa.

En España continuó el proceso judicial para definir quién debía quedarse con la tenencia. Durante los últimos 15 meses, la niña concurrió a nueve de las diez audiencias fijadas por los servicios sociales españoles para recomponer el vínculo con el padre, y en todas “se negó a verlo y se descompuso”, según dijo a El Observador Andrea Tuana, directora de la organización civil El Paso, que siguió de cerca el caso. La activista también dijo que la Fiscalía y la defensa del padre desestimaron un informe que envió el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en el que “manifestó la preocupación de que la niña estuviese expuesta a un papá violento que ya ha ejercido violencia”.

La Intersocial Feminista manifestó en la tarde de este martes su “profunda indignación y preocupación” por la sentencia en un comunicado en el que denunció que haya primado “el corporativismo judicial ante los derechos de la niña”. “Hace poco más de un año que María llegó a España con su hija y comenzó allí un nuevo periplo judicial, en el que fueron descartadas las pericias uruguayas (que contenían la prueba del delito) por no ser españolas, por tener ‘falta de imparcialidad y honestidad’ y por no haber sido realizadas con la metodología del Dr. Gadner (autor del pseudo-síndrome de alienación parental, SAP). Con una instancia pericial psicológica el equipo sentenció que no podía ni ‘confirmar ni descartar el abuso’”, enfatizó la articulación de organizaciones feministas.

El texto cuestiona además que “con el camino penal cerrado porque ninguna prueba del delito fue admitida” comenzara en el juzgado “el proceso de convertir a María en victimaria y pasar a ser un ‘riesgo para la niña’, refiriendo a que es una persona con problemas psiquiátricos que debía ser atendida obligadamente para ‘curarse’ y no seguir ‘alienando a la niña’”. La Intersocial Feminista destacó como “llamativo” que el proceso judicial en España se haya basado en el SAP, ya que –dice el texto– su uso en la Justicia española está prohibido por el Consejo General del Poder Judicial en su guía práctica de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

“La indefensión, la falta de garantías procesales y la falta de protección de los derechos humanos de la niña es absoluta, ahora sí, corriendo un altísimo riesgo su integridad física y psíquica”, concluye el comunicado. “Hacemos un llamado a todas las instituciones uruguayas a poner en marcha todas las acciones pertinentes que garanticen la protección de la niña, salvaguardando su vida”.