La organización civil Gestar Derechos, que se dedica al asesoramiento en temas vinculados al parto humanizado, la lactancia y la violencia obstétrica, denunció la actuación de una mutualista por imponer una cesárea a una mujer embarazada que tiene covid-19 y prohibir el ingreso de su pareja durante el nacimiento.

La mujer, con un embarazo a término, se realizó un hisopado rutinario porque el lunes tenía que ser ingresada al centro de salud para tener un parto inducido. Sin embargo, el fin de semana el resultado le dio positivo por covid-19. No tenía síntomas ni ninguna complicación asociada. Ese mismo día, el director técnico de la maternidad del prestador de salud le comunicó que iban a realizarle una cesárea y que no podría asistir acompañada de su pareja, ya que al convivir con ella era posible que se hubiera contagiado.

La mujer se contactó con el equipo de Gestar Derechos para buscar asesoramiento, en un proceso que derivó en la denuncia del accionar de la mutualista ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Las profesionales aseguraron en un comunicado que prohibir el ingreso de la pareja de la mujer atenta “contra todas las recomendaciones científicas a nivel nacional e internacional en casos de embarazadas con covid-19”, y vulnera además la Ley 17.386, que establece el derecho de la mujer al acompañamiento durante el preparto, el parto y el nacimiento.

“Denunciamos el no acompañamiento porque la ley sigue vigente y además porque las recomendaciones dicen que tiene que estar con la persona de contacto más directo, que se aíslan los dos y el acompañante es la persona que se va a hacer cargo del bebé cuando nazca”, explicó la abogada Romina Gallardo, integrante de Gestar Derechos, a la diaria. La prohibición de que ingresara la pareja se mantuvo incluso después de saber que el test del hombre había dado negativo.

La organización también denuncia la “decisión unilateral” de practicarle una cesárea. “Descartaron la inducción de plano, sin consultar. Le comunicaron unilateralmente que iban a hacerle una cesárea por tener covid positivo, cuando ha sido denunciado hace meses por todos los organismos internacionales que esto es una práctica de violencia obstétrica, que te dicen ‘tenés covid, vas directo a cesárea’, por comodidad de ellos”, puntualizó Gallardo. El argumento es que ese es el protocolo que aplican para cualquier persona infectada.

Después de varios contactos y de una advertencia por parte de la INDDHH, la mutualista aceptó que la mujer ingrese acompañada por una amiga que no ha tenido contacto directo con ella. La cesárea se realizará este miércoles. El equipo no está conforme con la alternativa, aseguró Gallardo, pero “por lo menos alguien va a controlar qué va a pasar con ella y con ese bebé después de que nazca”.

Acerca de la situación emocional de la mujer, la abogada dijo que unas horas antes de ser ingresada estaba “estresada”, “súper angustiada” y “con la incertidumbre de que va a ingresar y no sabe lo que va a pasar después”. “Encima se culpabiliza”, agregó, “porque no sabe ni cómo se contagió, ya que se estaba cuidando”.

Recomendaciones para embarazos con coronavirus

La guía Recomendaciones para el manejo de la embarazada, recién nacido y niño con infección covid-19, publicada en marzo por la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, la Universidad de la República y una decena de instituciones científicas, dice que durante el parto de una mujer que presente coronavirus “sólo se permitirá la permanencia del padre o acompañante elegido por la madre”.

Por otra parte, la guía asegura que la cesárea sólo está indicada “ante situaciones de grave afectación de la salud materna (insuficiencia respiratoria) y deberá ser una decisión que se valore caso a caso”. El manual dice además que “se deberán extremar las medidas para evitar cesáreas innecesarias” y que “la vía del parto no debe modificarse ante la sola existencia de covid-19”.

El MSP publicó en abril un documento con recomendaciones para la asistencia de mujeres embarazadas en el marco de la pandemia que va en el mismo sentido.

A nivel internacional, Gestar Derechos se basa en el manual Covid-19: recomendaciones para el cuidado integral de mujeres embarazadas y recién nacidos, publicado en marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. Este documento no sólo recomienda el acompañamiento durante el parto, sino que lo incluye en la lista de factores que hacen que la experiencia sea “segura” y “positiva”, incluso si la mujer está infectada. Aún más: dice que “para minimizar los riesgos de transmisión y agravamiento”, lo “ideal” es que el acompañante sea “una persona que ya estuvo en contacto con el paciente en los días previos al parto y que no presente síntomas o factores de riesgo de complicaciones por covid-19”.

Respecto de la forma de dar a la luz, la OMS promueve el parto “aún en los casos de infección confirmada”, y recomienda que la cesárea “se lleve a cabo idealmente sólo cuando esté médicamente justificada”. “El modo de nacimiento”, afirma, “debe ser individualizado en función de las indicaciones obstétricas y las preferencias de la mujer”. Gallardo dijo que se hicieron esfuerzos para que la mujer se cambiara de mutualista a otra en la que hubiera protocolos específicos para atender a mujeres embarazadas con covid-19. Sin embargo, no dieron los tiempos. “Ella puede cambiarse de prestador de salud porque hay una causal cuando tenés una ruptura de confianza con la institución”, aseguró; “en este caso, la respuesta que nos dieron es que hay que hacer todo por la vía que corresponde, sacar el número por agenda, cumplir los plazos legales y hacer todo el trámite común, que demora semanas”. La abogada dijo que hay posibilidades de iniciar acciones legales una vez que nazca el bebé.

La organización civil exige que, más allá de este caso puntual, el MSP intervenga para que todas las instituciones de salud tengan un protocolo de abordaje de estas situaciones. “Ahora que están aumentando los casos en Uruguay, cada vez va a haber más mujeres que van a empezar con trabajo de parto con covid positivo y no puede ser que según la institución que vayas te garanticen tus derechos o no”, enfatizó Gallardo.

A principios de setiembre, Gestar Derechos y una decena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres manifestaron preocupación por el incremento de situaciones de violencia en el contexto gineco-obstétrico desde que empezó la emergencia sanitaria. En concreto, denunciaron casos en los que se prohibió u obstaculizó el acompañamiento durante controles prenatales, estudios ecográficos y cesáreas, así como “el creciente maltrato verbal y hostilidad” hacia las mujeres embarazadas.