Más allá del resultado de las elecciones en Estados Unidos, los sectores religiosos y conservadores que tejieron estrechas alianzas con el gobierno de Donald Trump seguirán empleando influencia y dinero en el exterior para modificar leyes y políticas que ven como amenazas a su idea del mundo.

“No podemos permitir que regiones como África, América Latina o Europa oriental se secularicen. Debemos asegurarnos [...] bastiones de la cultura, de la vida, de la familia y de la libertad religiosa en esas regiones. No vivimos en un mundo aparte. Lo que hagamos en el exterior nos va a ayudar aquí en Estados Unidos”. Esto decía en marzo del año pasado un activista cristiano antiaborto, Alfonso Aguilar, en una reunión de hispanos ultraconservadores de Estados Unidos.

Aguilar, ferviente seguidor del presidente estadounidense, Donald Trump, integraba por entonces la junta del poderoso grupo de abogados cristianos Alliance Defending Freedom (ADF), además de presidir el International Human Rights Group.

Esas son dos de las 28 entidades estadounidenses que, según una investigación que publicamos en openDemocracy la semana pasada, enviaron al menos 280 millones de dólares a distintas regiones del mundo en la última década para promover su visión estricta de la familia tradicional, contraria al aborto, la educación sexual y la igualdad de las personas LGBTI.

El abogado del presidente

En los últimos días las mujeres polacas salieron masivamente a las calles a protestar por la decisión de la Corte Constitucional de prohibir el aborto incluso en casos de graves malformaciones fetales (causal de la vasta mayoría de los abortos legales que se realizaban hasta ahora en ese país).

Uno de los grupos que promovieron este fallo en Polonia es el American Center for Law and Justice (ACLJ), encabezado por el abogado personal de Trump, Jay Sekulow, que defendió al mandatario en el juicio político y está coordinando junto con Rudy Giuliani las denuncias judiciales para impugnar el resultado de la elección estadounidense.

¿Qué tiene que ver un abogado de Trump con los úteros de las mujeres polacas?

El brazo europeo del ACLJ intervino ante la Corte Constitucional y presentó argumentos legales para prohibir la interrupción del embarazo por anomalías fetales.

Mónika, una mujer polaca que nos pidió mantener en reserva su nombre, comentó que si este fallo se hubiera adoptado seis meses atrás, la habría puesto en la “trágica situación” de llevar a término su embarazo, pese a un diagnóstico de anomalía fetal incompatible con la vida. Mónika tuvo un aborto legal en febrero.

La filial europea del ACLJ defiende al gobierno polaco ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en otro proceso presentado por una ciudadana que denunció la denegación de un aborto, pese a un diagnóstico de graves problemas fetales. La mujer sostuvo que se la obligó a parir y presenciar el sufrimiento y la muerte de su hijo.

El grupo de Sekulow también ha defendido a numerosos municipios polacos que se declararon “zonas libres de ideología LGBTI” poniendo al país en conflicto con la Unión Europea, cuya carta de derechos fundamentales prohíbe discriminar a las personas por su orientación sexual.

ACLJ gastó más de 14 millones de dólares en Europa desde 2007, mientras ADF destinó al continente 15 millones de dólares, casi todos a partir de 2015.

ADF International, cuyos integrantes han ocupado lugares importantes en la administración Trump, se atribuye 18 victorias en el TEDH desde 2010. Entre los casos en los que intervino como aliado de otros grupos está la defensa de una médica de Noruega que se negó a suministrar dispositivos intrauterinos a sus pacientes para el control de la natalidad, alegando que eso violaba sus creencias religiosas.

Los dos grupos también participaron en la defensa del Estado italiano, denunciado varias veces ante el TEDH por negar a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio y a las uniones civiles.

Opacidad, desinformación y ataques

Esta es la primera vez que se revela la escala del gasto internacional de estos grupos, mediante la revisión de miles de páginas de declaraciones financieras realizadas desde 2007 al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Por regiones, el gasto en dólares se divide así:

Europa: 88,7 millones
África: 54 millones
Asia: 49,2 millones
América Latina: 44,2 millones
México y Canadá: 20,6 millones
Eurasia/Rusia: 12 millones
Medio Oriente y Norte de África: 9,1 millones.

Este análisis, sin embargo, subestima el verdadero músculo económico de estos grupos, por dos razones. Primero, ellos no divulgan cómo gastan este dinero, no identifican a sus destinatarios ni a sus donantes. Además, los fondos que se envían a través de iglesias o filiales de iglesias no están incluidos porque estas entidades no tienen obligación de declarar sus gastos.

La investigación periodística nos permitió rastrear las conexiones de ese dinero con las operaciones que estos grupos despliegan en el mundo.

En nuestra región, donde 20 grupos repartieron 22,4 millones de dólares, encontramos una red de desinformación y manipulación emocional de mujeres para que no aborten; ataques concertados con la Casa Blanca al sistema regional de derechos humanos, el recorte de fondos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y campañas contra comisionadas progresistas.

El personaje mencionado más arriba, Alfonso Aguilar, encabezó el año pasado un intento de grupos antiabortistas de Estados Unidos de boicotear la reelección de Luis Almagro en la Organización de los Estados Americanos (OEA), alegando que “usaba frecuentemente su cargo como secretario general para promover el aborto”.

La iniciativa no prosperó, pero sirvió de disuasivo. Almagro (que apenas un año atrás se declaraba “feminista radical”), se reunió con esos grupos gracias a gestiones del Departamento de Estado, les aclaró que no promovía el derecho al aborto y, en octubre, pronunció el discurso inaugural de un encuentro virtual de ADF y el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (la plataforma de pastores y políticos evangélicos que sesionó hace dos años en Punta del Este).

Ya con la pandemia tragándose a América Latina, seis de estos grupos divulgaron desinformación sobre el origen del virus, propaganda anti-China y acciones de descrédito contra la Organización Mundial de la Salud.

Descubrimos también operaciones más sofisticadas, como una app para control de la fertilidad que oculta evidencia médica sobre los anticonceptivos y trata de convencer a las usuarias de practicar la abstinencia sexual.

Poder que mata

El acceso a la Casa Blanca fue decisivo para que estos grupos rediseñaran una Corte Suprema de mayoría conservadora, que tendrá ante sí varios casos contra el aborto legal, presentados por organizaciones como ADF.

La derrota de Trump puede debilitar en cierto modo ese poder doméstico y modificar algunas posiciones de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas y la OEA. Pero puede ser también un acicate para intensificar operaciones internacionales.

En 2014, el Parlamento de Uganda impuso la prisión perpetua para la “homosexualidad agravada”. El proyecto original, que establecía la pena de muerte, fue redactado por el representante ugandés de The Fellowship Foundation (retratada en la serie de Netflix The Family), David Bahati, actual ministro de Finanzas. La ley, que generó escándalo internacional, fue suspendida por la Corte Constitucional.

The Fellowship, de enorme influencia política en Washington desde hace décadas, es el grupo que más dinero envió a África en los últimos diez años (34,5 millones de dólares). Una gran porción, más de 20 millones, fue exclusivamente a Uganda.

El mes pasado, el gobierno ugandés anunció que volverá a insistir con la pena de muerte porque “la homosexulidad no es natural para los ugandeses”. En los últimos tres meses hubo tres asesinatos de personas LGBTI en el país.