Uruguay alardea por estos días de su exitosa respuesta a la covid-19. Desde que estalló la pandemia, registra apenas algo más de 800 casos y 23 muertes. Pero en este mismo país las mujeres son sistemáticamente golpeadas y asesinadas. El historial de Uruguay en lo que se ha dado en llamar “pandemia oculta” –la violencia machista exacerbada por los confinamientos impuestos por el coronavirus– no deja lugar para ningún orgullo.

El último fin de semana de mayo, dos mujeres fueron asesinadas y otras dos heridas de gravedad en diferentes incidentes con parejas y familiares varones, mientras que dos niños murieron a manos de su padre, que acto seguido se suicidó y a quien la madre había denunciado por violencia.

Fue un fin de semana particularmente sangriento. Tres infantes de marina también fueron asesinados, aparentemente por un delincuente que buscaba robarles sus armas. La respuesta oficial a estas muertes no se hizo esperar. El presidente declaró dos días de duelo nacional, envió sus condolencias a las familias de los infantes de marina y asistió a sus funerales. Los ministros del Interior y de Defensa Nacional visitaron la escena del crimen, y se organizaron ruedas de prensa para informar de los operativos para hacer justicia y prevenir futuros crímenes como este.

Ni el presidente ni sus ministros dijeron una palabra sobre las mujeres y los niños asesinados; no hubo condolencias para las familias destrozadas; no hubo promesas de impedir más femicidios e infanticidios.

Mientras estos hechos ocurrían, un puñado de hombres influyentes (empresarios, profesionales, profesores, un ex juez de menores y políticos de segundo rango) eran investigados a raíz de un círculo de explotación sexual de adolescentes que derivó en la muerte de una chica de 17 años en marzo. Y la semana pasada, el presidente de la cámara baja interrumpió e intentó silenciar a la diputada Verónica Mato, quien denunciaba la violencia de género.

Estadísticas escandalosas

Uruguay fue bautizado en el siglo XX como “la Suiza de América”, en parte debido a sus laxos controles financieros, pero también por su estabilidad institucional y sus niveles de desarrollo humano relativamente altos comparados con otros países de la región.

Este país de 3,4 millones de habitantes, rodeado de dos gigantes, fue elogiado en los últimos 15 años por adoptar una variedad de políticas progresistas. Para mencionar unas pocas: la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y del comercio de marihuana, además de una ley para proteger los derechos humanos de las personas trans.

Pero nada relevante se hizo para enfrentar la violencia contra las mujeres. Según un estudio de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas, Uruguay tiene la segunda mayor tasa de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en América Latina.

En 2017 se aprobó una ley contra la violencia de género, pero resultó escasamente aplicada y no se le asignaron los recursos necesarios para prevenir esa violencia y asistir a las sobrevivientes.

El nuevo gobierno que asumió en marzo prometió movilizar todos los recursos necesarios para cambiar esta realidad. Pero entonces la pandemia encerró a la población en su casa, un lugar muy peligroso para demasiadas mujeres de Uruguay y del mundo.

En las últimas semanas, Uruguay llegó otra vez a las noticias internacionales por su respuesta al coronavirus, triunfando aparentemente donde fracasan países más grandes y con mayores recursos. El vecino Brasil tenía a inicios de junio un brote fuera de control y casi 700.000 casos. Buena parte de estas noticias internacionales sobre Uruguay elogian la “cuarentena voluntaria” que adoptó el gobierno, su sólido y universal sistema de salud y el papel protagónico otorgado a prestigiosos científicos en la planificación de las políticas contra la covid-19.

Según las autoridades, las denuncias policiales de violencia contra las mujeres cayeron 8% en los primeros 45 días de confinamiento en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, las consultas y pedidos de ayuda a la línea telefónica sobre violencia de género aumentaron de forma drástica, en 80%.

Desde enero se cometieron 11 femicidios y 13 intentos de femicidio, según la base de datos más amplia sobre estos crímenes, compilada por organizaciones feministas. El último tuvo lugar el lunes pasado en el departamento de Rivera.

El costo humano de la violencia de género en este país es enorme. Se trata del segundo delito más denunciado, después del hurto. Sólo el año pasado hubo 40.000 denuncias.

Una encuesta gubernamental realizada en 2019 y publicada en abril resulta desoladora: 76,7% de las mujeres dijeron haber experimentado violencia de género a lo largo de su vida, y 47% dijeron haberla sufrido de sus parejas o ex parejas.

Esta “pandemia oculta” es gigantesca, y no hay nada de qué alardear.

˃ Esta es una versión editada/traducida de un artículo publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.