Hoy se celebra en Uruguay el Día de la Trabajadora Doméstica y es feriado no laborable para el sector. Esto significa que las trabajadoras tienen derecho a no realizar sus tareas laborales y que, en caso de hacerlo, deben cobrar el doble.

Hablamos de “trabajadoras”, en femenino, porque el servicio doméstico es una de las ocupaciones más feminizadas en el país. Según el informe Trabajo doméstico remunerado en Uruguay, elaborado en 2019 por la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS), las mujeres representan 99% del total de personas que trabajan en el sector.

Hasta diciembre de 2019 había 77.130 trabajadoras domésticas afiliadas al BPS, de acuerdo con la última actualización de la institución, a la que accedió la diaria. El número representa un aumento de 0,6% respecto del año anterior. Pese a esto, la informalidad se mantiene como uno de los principales problemas del sector. El Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) estima, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, que hay en total más de 120.000 empleadas a lo largo y ancho del país. Esto significa que más de 30% de las trabajadoras hoy en día está en la informalidad y, por lo tanto, tiene limitadas las posibilidades de acceder a prestaciones como subsidios de maternidad, enfermedad o desempleo, o a una jubilación digna en la vejez.

77.130 trabajadoras domésticas estaban afiliadas al BPS hasta diciembre de 2019

Por otra parte, las trabajadoras domésticas representan 12,3% de las mujeres ocupadas y 5,6% del total de personas ocupadas, según la Encuesta Continua de Hogares de 2019. Otro dato que muestra ese estudio es que 8,5% de los hogares uruguayos contratan trabajadoras domésticas, la enorme mayoría (97%) mediante la modalidad “con retiro” –es decir, sin que tengan que dormir en la casa del empleador–.

Este año, el Día de la Trabajadora Doméstica se celebra en un contexto complicado para el sector. En estas horas, el SUTD negocia el aumento salarial retroactivo al 1° de julio para las trabajadoras domésticas que todavía no se pagó, según reclama el gremio. El aumento, en total, debería ser cercano a 8% porque el convenio colectivo firmado en abril de 2019 para el sector de trabajo doméstico establece que a partir de julio de 2020 todos los salarios tienen que ajustarse 3,5%, a lo que debe sumarse el correctivo por inflación correspondiente a los últimos 18 meses, que es de aproximadamente 4,3%.

Sin embargo, la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios –que representa al sector patronal en el Consejo de Salarios– comunicó en las últimas semanas la dificultad que tienen los empleadores para hacer efectivo ese pago, debido a la crisis económica que generó la pandemia y que significó para muchos de ellos el seguro de paro parcial o total, la reducción de horas de trabajo o directamente la pérdida de la fuente laboral. La Liga de Amas de Casa propuso entonces una contrapropuesta que no implique para ninguna de las partes un “golpe tan fuerte”, según dijo su presidenta, Mabel Lorenzo, a El Observador.

“No estamos dispuestas a que siempre seamos las trabajadoras las que pagamos las crisis”. Lucía Gándara, presidenta del SUTD.

Para el SUTD, la oferta no cierra. “No se acerca ni a la mitad del aumento salarial que tendríamos que tener, entonces seguiremos intentando llegar a un acuerdo”, aseguró la presidenta del sindicato, Lucía Gándara, consultada por la diaria. El próximo encuentro entre las partes para continuar la negociación será mañana. Se espera que allí haya una resolución.

“Nosotras siempre tratamos de llegar a un buen puerto, el tema es que estamos cansadas de que seamos nosotras siempre las que tenemos que ceder [...] No estamos dispuestas a que siempre seamos las trabajadoras las que pagamos las crisis tanto económicas como, en este caso, la sanitaria”, dijo Gándara.

99% del total de personas que trabajan en el servicio doméstico son mujeres (BPS)

La dirigente sindical aseguró, además, que el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ha dicho en varias ocasiones que los convenios firmados tienen que respetarse. “Nos estamos basando en su palabra y en el convenio que ya está firmado”, puntualizó. “Si no, ¿para qué se firman los convenios?”.

El golpe de la crisis

Además de reivindicar el aumento salarial, las trabajadoras domésticas intentan amortiguar el impacto de la pandemia en su sector, que provocó 1.427 despidos en todo el país, según informó Gándara con base en datos del BPS presentados el sábado durante el Tercer Seminario Nacional de Trabajadoras Domésticas. Muchos de esos despidos fueron “abusivos”, dijo la dirigente: “Porque las trabajadoras también teníamos derecho a decidir si queríamos hacer el aislamiento que nos recomendó el gobierno o no, y hubo compañeras que cuando prefirieron cuidarse y quedarse en casa fueron despedidas”. De hecho, en su opinión, muchos empleadores “aprovecharon” el coronavirus “para hacer despidos abusivos”.

En otros casos, los propios empleadores pidieron a las trabajadoras que por razones sanitarias no se presentaran a trabajar, pero no les pagaron. Al tomar esa decisión, recordó Gándara, no respetaron el convenio colectivo de 2010 que, entre otras cosas, estableció la obligación del empleador de pagar el salario completo a la trabajadora cuando no se la convoque a realizar la tarea en los días acordados.

Desde que empezó la emergencia sanitaria no hubo sólo despidos: también se registró una reducción de jornadas para 353 trabajadoras y 8.805 fueron suspendidas. La presidenta del SUTD aclaró que dentro de esas suspensiones hay casos de trabajadoras que tienen multiempleo y quedaron sin amparo cuando fueron suspendidas en alguna de las casas en las que trabajaban, y situaciones de aquellas que no llegaron a cubrir los jornales suficientes para percibir el seguro de paro.

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Otra modalidad utilizada en los últimos meses fue la de hacer “cambios en el contrato de trabajo”, dijo Gándara, “en el sentido de que a muchas compañeras no las dejan entrar a los hogares y las hacen limpiar todo lo que es por fuera, como patios o barbacoas”. “Cambiar el contrato de trabajo también sería un despido indirecto”, advirtió la dirigente. Recordó que representantes de las trabajadoras domésticas, el sector empleador y el Ministerio de Trabajo firmaron el 15 de mayo un acuerdo que contempla distintas garantías para el trabajo doméstico durante la emergencia sanitaria, incluida la protección de la salud de quienes lo ejercen. Y alentó a sus compañeras: “Vayan a la página del Ministerio de Trabajo y se informan ahí”.

La carrera por más derechos

Durante mucho tiempo el trabajo doméstico remunerado fue invisibilizado en el país, al igual que el no remunerado, “asignado a las mujeres como responsabilidad propia de su género como resultado de la división sexual del trabajo”, dice el informe Trabajo doméstico remunerado en Uruguay. Esto se debe, entre otras cosas, a que es un trabajo que se realiza al interior de los hogares, lo que lleva a que se “desdibuje la relación laboral” y, en consecuencia, los derechos y los deberes que derivan de ella. Esto demuestra, en parte, por qué la regulación de esta ocupación fue tan tardía tanto en el país como a nivel mundial.

En los últimos años, Uruguay aprobó distintas normativas e implementó políticas públicas que promovieron mejoras en las condiciones en las que se realiza este trabajo. La Ley 18.065, aprobada en 2006, marcó un antes y un después en ese sentido, al definir las características del trabajo doméstico, regular las relaciones laborales y establecer que los derechos de la seguridad social también deben aplicarse a las trabajadoras del sector. Esto significa que las trabajadoras domésticas obtuvieron derecho –por ley– a beneficios como los subsidios por maternidad, enfermedad y desempleo, el salario vacacional, las asignaciones familiares y la jubilación hace tan sólo 14 años.

La ley de 2006 también limita la jornada laboral a un máximo de ocho horas diarias y de 44 horas semanales –lo cual conlleva automáticamente que se puedan aplicar las disposiciones relativas a las horas extras–, establece el descanso intermedio, semanal y nocturno, y fija la obligatoriedad de la indemnización por despido –incluida en los casos de despido durante el embarazo o posparto–, entre otras cosas.

En su momento, la ley de trabajo doméstico también “representó un progreso en el ejercicio de la ciudadanía y el empoderamiento de las trabajadoras del sector, al habilitar el fortalecimiento del movimiento sindical y la negociación colectiva”, dice el informe de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS.

El grupo 21 de los Consejos de Salarios, correspondiente al trabajo doméstico, se reunió por primera vez el 19 de agosto de 2008. Desde entonces, los acuerdos que han surgido de las negociaciones han incidido de manera positiva en el incremento del salario real del sector, entre otros avances. La evolución comparada de los salarios doméstico y nacional muestra que el salario mínimo doméstico pasa a tener un incremento mayor que el salario mínimo nacional a partir del año 2010 y mantiene la tendencia al día de hoy. De acuerdo con los datos actualizados del BPS, hasta diciembre de 2019 el salario mínimo doméstico se ubicaba en los 19.012 pesos, es decir 4.000 pesos por encima del salario mínimo nacional.

¿Qué desafíos enfrentan hoy las trabajadoras domésticas en Uruguay? “El principal desafío es que se mantengan todos los derechos adquiridos y conquistados en los Consejos de Salarios, que las trabajadoras se empoderen y vean que todos estos derechos han sido conquistados por nosotras mismas, y que salgan a acompañar a las que estamos en el sindicato”, resumió Gándara. El próximo paso en ese proceso, una vez que “vuelva la normalidad”, será recorrer el interior del país para justamente “concientizar a las trabajadoras sobre sus derechos y empoderarlas”.