En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Ballet Nacional del SODRE realizaron una actividad para informar sobre la temática y sensibilizar a la población acerca de la situación en Uruguay. La sala Hugo Balzo fue el escenario elegido para un conversatorio en el que autoridades y especialistas expusieron sobre los avances y desafíos en la prevención y sanción de este delito, así como en la atención a las víctimas. Los dos paneles estuvieron encabezados por la directora del Inmujeres, Mónica Bottero, con la moderación de la periodista María Gomensoro.
“Para combatir la trata y para dar una respuesta que sea mínimamente eficiente, lo primero que tenemos que considerar es la interinstitucionalidad”, dijo Bottero al inicio de la actividad. “Sin un Estado con participación y articulación entre sus diversos actores, no va a ser posible combatir este crimen horrible, que tiene muchas formas y que tiene entre su población más vulnerable a las más pobres, a las migrantes, y a las niñas, niños y adolescentes”, aseguró. En ese sentido, la directora recordó que la ley de trata aprobada en 2018 creó el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, que está presidido por el Inmujeres y que, entre sus mandatos, tiene justamente el de articular entre los organismos del Estado que de alguna forma están involucrados en el tema.
Bottero se detuvo especialmente en la atención a las víctimas y dijo que, en ese terreno, es también fundamental la articulación del Estado con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los territorios.
En el primer panel participaron el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y la subdirectora de Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cecilia Lima. Díaz habló sobre el trabajo de la Fiscalía en la persecución de la trata, que definió como “un delito de lesa humanidad”. El fiscal dijo que una de las principales dificultades para la investigación de casos de trata es que es un delito que está “invisibilizado” y, “concomitantemente con eso, es difícil de investigar porque las víctimas o no se sienten víctimas o tienen mucho miedo, por lo que muchas veces difícilmente puedan prestar su consentimiento para que la Fiscalía pueda desarrollar una investigación”.
Sobre las potencialidades de la institución en este tema, Díaz mencionó la creación de más fiscalías especializadas en delitos sexuales y trata de personas, el énfasis que se puso en la capacitación del funcionariado y la labor que realiza la Unidad de Víctimas y Testigos.
Por su parte, Lima explicó cómo actúa la cancillería tanto en los casos de trata internacional –cuando se identifican víctimas uruguayas en el extranjero– como de trata interna –cuando las víctimas son migrantes que viven en Uruguay–. Cuando una persona uruguaya está en situación de trata en otro país, el rol principal lo adopta el consulado de ese país, que tiene como tarea “identificarla y protegerla”. En lo que refiere a la protección, aseguró la funcionaria, el desafío es sobre todo poder articular con las autoridades locales para “rescatar a la víctima, protegerla y lograr que acceda a la Justicia”. Una vez que termina ese proceso, el Instituto del Repatrio de Cancillería interviene para trasladar a la persona de nuevo a Uruguay.
Cuando la víctima de trata es una persona extranjera que está en territorio uruguayo, la atención es la misma que funciona para las uruguayas, pero además se activa el contacto con el consulado de Uruguay en el país de procedencia de esa persona, que será el encargado de articular con los organismos locales para repatriarla.
El segundo panel empezó con las reflexiones del presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, Luis Purtscher, quien aseguró que la sociedad “siempre puede hacer algo” para contribuir a la prevención de este tipo de delitos. La tarea del comité que él dirige, dijo, “es sensibilizar, capacitar y romper las estructuras de pensamiento que ocultan, naturalizan, invisibilizan estas prácticas, o muchas veces colocan en las víctimas la responsabilidad de ser explotadas”.
Purtscher celebró los avances que hubo en los últimos años en materia de trata, pero dijo que todavía queda por hacer, especialmente en la atención a víctimas. “Esta es una discusión que también es política y que tiene que ver con cómo nos paramos frente a la vulneración de derechos”, puntualizó.
La directora de la División de Violencia Basada en Género del Inmujeres, Karina Ruiz, se centró justamente en la asistencia al explicar cómo funciona el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual que gestiona el instituto junto con la asociación civil El Paso. En líneas generales, aseguró que –conforme a la normativa– se trabaja desde una perspectiva de derechos humanos y de género, “donde el centro de la atención es la víctima”, en términos de su seguridad, protección y contención. Además, insistió en que la respuesta tiene que ser “integral, interinstitucional e interdisciplinaria”, porque la trata es un problema “multicausal, multidimensional y que claramente no puede abordarse sólo desde servicios de atención psicosociales y legales del Inmujeres”. Destacó entonces, al igual que Bottero, la importancia del abordaje articulado con otros organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
El arte: otra vía para la reflexión
El Ballet Nacional del SODRE estuvo a cargo de la apertura y el cierre del evento, con dos números artísticos que buscaron sensibilizar a la audiencia acerca de la trata de personas. No fue el único aporte cultural al evento, ya que, entre panel y panel, se presentó por primera vez el documental testimonial Luciérnaga, producido por Gretha Media y Carpincho Contento, que narra la historia de una víctima de trata sexual en Uruguay. El audiovisual fue creado a partir de fragmentos de testimonios de las mujeres atendidas en el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual del Inmujeres.