La sexualidad, entendida desde una visión integral, es una dimensión fundamental en la vida de las personas, constituye un aspecto de la personalidad de todos los seres humanos e involucra componentes físicos, biológicos, sentimentales, emocionales y sociales. En ese sentido, la educación sexual integral (ESI) tiene un rol central en garantizar una vida segura y plena, y es una herramienta fundamental para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes y la detección y prevención de situaciones de violencia, según señaló a la diaria la socióloga y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau.

Desde 2016 la organización ha desarrollado en Uruguay diferentes iniciativas para difundir y defender los derechos sexuales y reproductivos de la infancia y la adolescencia. “Ha sido un proceso con diferentes etapas y año a año ha cambiado el énfasis de las propuestas”, contó Pérez Chabaneau. Una constante entre las actividades ha sido “generar capacidad y liderazgo juvenil para promover y extender” el conocimiento sobre estos derechos entre niñas, niños y adolescentes y fomentar la ESI “como herramienta para transformar los patrones de género y prevenir situaciones de violencia, abuso y maltrato”.

Una de esas iniciativas es la campaña llamada “ESIgualdad”, liderada por organizaciones de toda la región –entre las que se encuentra Amnistía Internacional–, colectivos y activistas, que busca promover el acceso universal a una ESI de calidad y la construcción de igualdad, equidad, diversidad y respeto dentro y fuera de las aulas. En el marco de esta campaña, se realizó durante 2020 una serie de talleres junto a jóvenes activistas del departamento de Rivera. Esta experiencia devino en la reciente publicación de la Guía introductoria y práctica de talleres de educación sexual integral para jóvenes, que tiene el objetivo de brindar herramientas a niñas, niños y adolescentes para que conozcan y exijan el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y logren “generar sus propios instrumentos para compartir y multiplicar el mensaje”, explicó la socióloga.

“La guía es producto de un proceso que se realizó con jóvenes en Uruguay, pero tiene un correlato regional. Todos los talleres –presenciales y virtuales– contaron con el apoyo de un equipo de profesionales de Amnistía en el contenido y el armado, pero el proceso fue liderado por jóvenes y ese es el gran valor que tiene la guía”, destacó Pérez Chabaneau. Asimismo, sostuvo que el intercambio entre pares permite “romper” con “algunas barreras” que aparecen en el abordaje de la sexualidad, como “el temor a hacer preguntas” y la vergüenza.

Un derecho y una necesidad

La ESI es “un proceso de enseñanza y aprendizaje, integrado en el plan de estudios escolar, sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad”, define la guía. Su propósito es dotar a niñas, niños y adolescentes de “conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para hacer realidad su salud, bienestar y dignidad; gozar de su sexualidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar la forma en que sus decisiones afectan a su bienestar y al de otras personas, y comprender y garantizar la protección de sus derechos a lo largo de su vida”, agrega el documento.

La sexualidad, desde una perspectiva integral y de derechos humanos, deja de ser vista como una “parte pequeña” de la vida relacionada a “las prácticas sexuales” y pasa a incorporar “múltiples dimensiones” de análisis y reflexión, explicó Pérez Chabaneau. Una de ellas es la perspectiva de género, que permite “problematizar cómo nos constituimos [como sujetos], cuestionar los estereotipos y mandatos de género, el lugar que ocupan y cómo se construyen”, sostuvo la socióloga, y agregó que, de la misma forma, la ESI incorpora cuestiones relacionadas con aspectos étnico-raciales, geográficos, generacionales, así como resalta privilegios y posibilidades de los grupos poblacionales.

La socióloga subrayó que acceder a la ESI es “un asunto de derechos humanos” y, además, constituye una “necesidad” para las niñas, niños y adolescentes por ser una herramienta en el combate a la discriminación y “prevención y actuación oportuna” ante situaciones de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género. Afirmó que así lo ha constatado Amnistía Internacional a través de la campaña regional “Niñas, no madres”, que busca visibilizar el impacto de los embarazos en las niñas y adolescentes de 14 años o menos.

“A partir de allí hemos obtenido suficiente evidencia que demuestra que las niñas, niños y adolescentes que reciben una ESI oportuna –adaptada a niveles de desarrollo y capacidades de comprensión según el estado evolutivo en que se encuentren– tienen otras herramientas para poder detectar situaciones que no corresponden y decirlas”, manifestó la directora ejecutiva de la organización.

Al mismo tiempo, el acceso a la ESI permite a las niñas, niños y adolescentes “conocer y opinar sobre su cuerpo” y fomentar la “autonomía en la toma decisiones”, por ejemplo, sobre el momento de inicio de la actividad sexual, la elección de un método anticonceptivo, el consentimiento, las formas en que pueden relacionarse en lo sexual y sexoafectivo y “conocer los límites del relacionamiento con el otro”, dijo Pérez Chabaneau. Añadió que también los habilita a conocer sus derechos en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva y “comprender cabalmente lo que significa tener una hija o un hijo, las implicancias que eso tiene y cómo se conecta con otras dimensiones de la vida como la trayectoria educativa”.

ESIgualdad

La campaña ESIgualdad promueve “el acceso universal a una ESI científica, gratis y de calidad, para construir una región que trate a todas las personas con dignidad, respeto y empatía”, explica el manual. Las niñas, niños y adolescentes han sido los protagonistas de esta iniciativa, como población objetivo y en la difusión de contenidos. “Es un proceso creativo y cooperativo en el que participan jóvenes de diferentes países para profundizar su conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos y desarrollar capacidades para difundir la ESI en sus localidades”, contó la socióloga.

La campaña tiene como principios la promoción de una ESI laica y no sexista para todas las personas; fomentar el protagonismo juvenil; promover la “lucha interseccional, transfeminista, neurodiversa, anticapacitista, antirracista y decolonial”; fomentar el autocuidado; la “no discriminación e igualdad de derechos”; la “celebración de la diversidad dentro y fuera del movimiento”; el “reconocimiento de los privilegios”; hacer “política no partidista” y usar  herramientas digitales para extender la difusión de información.

En la guía se presentan diferentes ejemplos de talleres prácticos que surgieron de la implementación de esta campaña en Uruguay. Cada ficha explica el objetivo del taller, los materiales y recursos necesarios, así como el tiempo estimado de duración y consejos para facilitar el intercambio y garantizar un espacio de encuentro seguro.

Los talleres abordan diferentes temas: sexualidad, género, mitos y verdades sobre la ESI, y violencia en el contexto de las relaciones interpersonales –“formas de ejercer violencia en el noviazgo, reflexionar sobre conductas o actitudes violentas que se han naturalizado o incluso son reconocidas socialmente como una forma de demostrar afecto o expresar el amor romántico”–, dice en el documento. La guía también tiene contenidos para trabajar y cuestionar los estereotipos de género y la desigualdad de género.

ESI en la región y en Uruguay

La Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de 1990 y la Conferencia de Población y Desarrollo de 1994 –a los que Uruguay suscribió– son los principales marcos internacionales para que los países de la región incluyan la salud y los derechos sexuales y reproductivos en su agenda. Sin embargo, Amnistía Internacional asegura que, a pesar de los avances constatados, los países de América Latina y el Caribe “están fallando en su deber de brindar una ESI con enfoque de género a las niñas, niños y adolescentes de la región” y, en su lugar, se observan “currículos educacionales discriminatorios y sexistas, que no se hacen cargo de la diversidad de las personas, perpetuando así los prejuicios, desigualdades y distintas formas de violencia”.

“Tampoco hay respaldo institucional, ya que en la mayoría de los países no existen leyes, políticas, ni programas consolidados para implementar la ESI, y aunque algunos de estos instrumentos existen vagamente en algunos países, hay mucha resistencia a su implementación y no se le destina recursos ni presupuesto necesario para ella”, señala la guía.

En el caso de Uruguay, Pérez Chabaneau señaló que se han concretado “algunos avances” como, por ejemplo, la elaboración de “productos relacionados a guías de ESI” y el hecho de que el tema “se ha incorporado más en la educación formal”. No obstante, manifestó que los cursos de ESI en centros educativos públicos y privados son “intermitentes o inestables”, y “no hay una completa universalización, un aterrizaje en todos los niveles educativos”. Aclaró que la guía “no viene a sustituir ese componente más formal”, sino que es un insumo para esas instancias.

Además de la firma de acuerdos internacionales, en el país se han promulgado leyes que persiguen en mayor o menor medida el mismo objetivo que estas normas, como la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (2008), la Ley General de Educación (2008), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012) y la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (2017), señaló la socióloga. No obstante, afirmó que existe “una distancia entre las normas y la puesta en práctica o implementación de estas”.

En ese sentido, la directora ejecutiva comentó que uno de los planteos de Amnistía Internacional es “no plantar bandera” cuando se aprueba una ley, porque “no es un punto de llegada, sino el inicio de un camino”. “Hay que observar, monitorear y decir lo que no se está cumpliendo”, agregó, y apuntar “a tener los más altos estándares, que no significa solamente tener una norma aprobada, sino que eso se traduzca en el ejercicio de los derechos de las personas y transforme positivamente sus vidas”.

Actuar frente a las resistencias

Amnistía Internacional plantea en la guía que “existe mucho desconocimiento, temor, prejuicios e ideas incorrectas respecto a la ESI y el enfoque de género, como resultado de diversas campañas de desinformación, que afectan el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a recibir educación sexual”.

Al respecto, Chabaneau sostuvo que la ESI, al igual que todos los temas vinculados a la sexualidad, “siempre generan reacciones un poco conservadoras, que en algunos momentos pueden ser más acaloradas. Se pone en juicio la importancia de la ESI o se debate si la educación sexual tiene que ser algo reservado a la privacidad del hogar”, entre otras resistencias. “Frente a esas cosas”, dijo, “el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de sexualidad”, por eso es relevante que la ESI “pueda tener el estatus de política pública”, para que todas las personas puedan acceder a una educación “con contenidos de calidad y apropiados”.

El debate sobre la ESI en Uruguay se reavivó el año pasado cuando un proyecto de ley presentado en 2019 para regular la educación sexual en instituciones educativas según las “convicciones morales y/o religiosas” de los padres fue desarchivado a pedido del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, con la intención de impulsarlo. La propuesta generó la preocupación de educadoras y educadores sexuales, docentes y expertas en violencia de género, que aseguraron que implicaba una “amenaza” contra los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, y que podía invisibilizar situaciones de abuso intrafamiliar.