Los grupos conservadores que batallan en la Corte Suprema estadounidense para redefinir el futuro del acceso al aborto en ese país han gastado al menos 29 millones de dólares en el resto del mundo entre 2016 y 2019 en campañas contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, reveló una investigación de Opendemocracy. Además, entre 2016 y 2020 recibieron casi 100 millones de dólares de donantes anónimos a través de dos organizaciones benéficas que manejan montos enormes de dinero y son acusadas de financiar “grupos de odio”.

El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos recibió alegatos a favor y en contra de una ley de Misisipi que en 2018 prohibió los abortos después de la semana 15. La ley fue concebida deliberadamente para impugnar –y finalmente derogar– el fallo histórico Roe versus Wade, de 1973, que legalizó el aborto en todo el país y que permite terminar un embarazo hasta la semana 23. La derogación de ese fallo abriría paso a una prohibición del aborto a lo largo de buena parte del país.

Entre las siete organizaciones de derecha que promovieron la legislación de Misisipi –y una ley similar en Texas aprobada este año– y que gastaron decenas de millones de dólares en el resto del mundo están Alliance Defending Freedom (ADF) y Federalist Society, que tuvieron un papel central en la planificación de esta estrategia de largo aliento para poner fin a la protección constitucional del aborto en Estados Unidos. American Center for Law and Justice (ACLJ), Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), Family Research Council, Focus on the Family y Heartbeat International también se involucraron en los casos de Texas y Misisipi con argumentos jurídicos, lobby, campañas y declaraciones.

Todos estos grupos participan desde hace años en esfuerzos para limitar los derechos reproductivos en Europa y América Latina. ADF y Family Research Council están, además, designados como “grupos de odio” por la organización especializada Southern Poverty Law Center. Ambos rechazan esta etiqueta.

Ninguna de estas organizaciones divulga las fuentes de su financiación, pero el examen de la información financiera declarada por los donantes de subvenciones nos permite revelar que dos grandes entidades benéficas, National Christian Foundation (NCF) y Fidelity Charitable, donaron a estos grupos 93 millones de dólares entre 2016 y 2020 y figuran entre sus principales financiadores. NCF y Fidelity Charitable administran enormes cifras de “dinero opaco” –otorgado por donantes anónimos– y son criticadas por financiar a “grupos de odio”.

“Las leyes impositivas estadounidenses permiten medidas de privacidad del donante cuyo servicio al bien público es discutible”, dijo Frederick Clarkson, investigador principal de Political Research Associates, un centro de pensamiento progresista que estudia los movimientos de derecha. Clarkson agregó: “Estas disposiciones se usan a veces para camuflar las fuentes de financiamiento de grupos controvertidos o incluso profundamente intolerantes en Estados Unidos y en todo el mundo. Esto es sin duda cierto para la NCF y Fidelity”.

Gastos en Europa y América Latina

ADF International, la rama mundial de ADF, está involucrada en decenas de casos judiciales contra los derechos reproductivos y el matrimonio igualitario. El análisis de Opendemocracy muestra que este grupo gastó 15,3 millones de dólares en el exterior. Esto incluye el mayor monto declarado hasta ahora en Europa: 4,3 millones de dólares en 2019, comparados con 2,6 millones el año anterior. ADF también registró por primera vez en 2019 gastos en Eurasia.

La BGEA es notoria por sus posturas antiaborto y ha gastado en grande en el exterior, según sus últimas declaraciones financieras (96 millones de dólares entre 2007 y 2014), pero cambió su registro de organización sin fines de lucro a iglesia en 2014 y, desde entonces, ya no tiene que divulgar su gasto internacional.

El año pasado, la BGEA demandó a estadios y alcaldías británicas que cancelaron sus presentaciones debido a los comentarios homófobos e islamófobos de su presidente, Franklin Graham, quien reaccionó afirmando que su organización “no se retirará de la guerra espiritual en Reino Unido”.

ACLJ –dirigido por el exabogado personal de Donald Trump, Jay Sekulow– gastó 5,7 millones, la mayor parte en Europa.

Las oficinas europeas de ACLJ y ADF han intervenido en decenas de casos en tribunales europeos contra los derechos sexuales y reproductivos. El año pasado, la corte constitucional de Polonia decidió prohibir el aborto en casos de graves defectos fetales. El grupo de Sekulow presentó argumentos legales a favor de esa restricción, condenada por el Consejo de Europa como una grave violación de los derechos humanos.

La filial europea de ACLJ intervino, además, por primera vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de El Salvador, que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, fue denunciado por el encarcelamiento y la muerte de una mujer que había tenido en aborto espontáneo. En un fallo histórico anunciado la semana pasada y que crea jurisprudencia en la región, El Salvador fue declarado responsable y sentenciado a pagar compensaciones a la familia de la víctima y a modificar sus políticas y protocolos para evitar la criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

En Colombia, ADF y su socia local Nueva Democracia presentaron informes amicus (o “amigos de la corte”) ante la Corte Constitucional contra una demanda para retirar el aborto del Código Penal. Si la corte aceptara esta demanda, este país sudamericano se alinearía con México, cuya Corte Suprema declaró hace poco que es inconstitucional criminalizar el aborto.

Europa fue el primer destino del gasto internacional reportado por Federalist Society (2,4 millones), un grupo secular conservador de gran influencia en la política judicial estadounidense. Pero esta organización gastó por primera vez dinero en América Latina en 2019: 363.418 dólares.

Focus on the Family –expuesto en la última investigación de Opendemocracy como un promotor transnacional de lo que críticos llaman “terapia de conversión” contra las personas gays– destinó más dinero a América Latina (1,5 millones de dólares) que a cualquier otra región.

En respuesta a los datos sobre el gasto latinoamericano de estos grupos de Estados Unidos, la investigadora feminista Sonia Corrêa, de Sexuality Policy Watch, dijo: “Esta nueva investigación de Opendemocracy, una vez más, demuestra las conexiones orgánicas que, desde hace mucho, existen entre fuerzas antiaborto en Estados Unidos y en América Latina”.

Corrêa observó que “el rol de ADF en la política regional antiaborto es conocido desde hace algún tiempo, [pero] la información sobre la llegada de la Federalist Society es una novedad que requiere investigaciones adicionales”, debido a “su perfil de think tank secular, con un rol distinto al de las redes de corte religioso que prevalecían hasta ahora”. “Mi hipótesis es que esa nueva presencia puede estar vinculada al giro a la derecha de la política regional en años recientes”, agregó.

El año pasado, en la primera revelación sobre la influencia internacional de la derecha cristiana estadounidense, Opendemocracy mostró que 28 grupos habían gastado en todo el mundo al menos 280 millones de dólares entre 2017 y 2018. Las cifras de 2019 (último año con declaraciones financieras disponibles) elevan ese gasto a por lo menos 297 millones, con más de 68 millones gastados entre 2016 y 2019.

El caso crucial de Misisipi en la Corte Suprema

La demanda contra Misisipi es considerada “el caso sobre derecho al aborto más trascendente en varias generaciones” por el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), que inició el litigio a nombre de la Women’s Health Organization de la ciudad de Jackson –el único centro de salud que todavía presta servicios de aborto en ese estado sureño–. Si la Corte Suprema declara que la prohibición del aborto de Misisipi es constitucional, es probable que otros 23 estados prohíban los abortos, entre ellos 12 que cuentan con “prohibiciones gatillo” como la de Misisipi y que entrarían en vigor casi de inmediato, advierte el CDR.

Las últimas cifras disponibles indican que en 2017 se practicaron más de 862.000 abortos en Estados Unidos, según el centro de investigación en salud sexual Guttmacher Institute. Casi la mitad de quienes se practican abortos son pobres; otro 26% tiene ingresos bajos. Las personas blancas (39%), negras (28%) y latinas (25%) conforman la mayoría de quienes requieren estos servicios.

La relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, advirtió hace poco que una derogación del fallo Roe versus Wade “tendría implicaciones catastróficas, y no sólo para Estados Unidos”, porque alentará ataques conservadores a los derechos reproductivos en todo el mundo.

La ley de Misisipi se diseñó con base en un modelo de legislación propuesto por ADF. Este grupo también le pagó al abogado que fue el cerebro de la ley de Texas aprobada en setiembre, que en esencia prohíbe el aborto después de la semana seis. Este abogado, Jonathan Mitchell (que es miembro de la Federalist Society), también presentó informes amicus en el caso de Misisipi a nombre del grupo antiabortista Texas Right to Life. ADF introdujo argumentos legales a favor de la prohibición en Texas, tal como hizo la Federalist Society en Misisipi, pero el aporte más crucial de esta última a la guerra contra los derechos de las personas gestantes vino de su líder, Leonard Leo, que hizo lobby con éxito ante el entonces presidente Trump para nombrar a tres magistrados antiaborto en la Corte Suprema, con lo que aseguró una mayoría conservadora para dirimir estos casos.

ACLJ presentó tres informes amicus en favor de la prohibición del aborto en Misisipi, incluido uno a nombre de su filial, European Centre for Law and Justice, y otro por el grupo antiabortista Elliot Institute. Heartbeat International, que también presentó argumentos legales en Misisipi, es un pionero de los “centros de embarazos en crisis”, que intentan impedir que las mujeres accedan a abortos legales.

BGEA, Family Research Council y Focus on the Family también se sumaron a los casos de Texas y Misisipi, ya sea con amicus o con pronunciamientos.

Heartbeat International dijo en su respuesta a Opendemocracy que su amicus a favor de Misisipi argumenta que el fallo Roe versus Wade “debe derogarse porque la prevalencia de organizaciones de ayuda al embarazo hace que ese precedente legal sea irrelevante”. El grupo agregó: “Las mujeres tienen lo necesario para superar situaciones difíciles y cumplir sus sueños [...] acompañadas por la asistencia de organizaciones de ayuda al embarazo, [lo que] vuelve anticuado el argumento de que ‘el aborto es una necesidad legítima’”.

ACLJ, ADF, BGEA, Family Research Council, Federalist Society y Focus on the Family no contestaron nuestros pedidos de comentarios.

National Christian Foundation y Fidelity Charitable

Buena parte del dinero de estos grupos conservadores viene de la National Christian Foundation (NCF), una entidad evangélica de derecha que les donó un total de 85 millones de dólares entre 2016 y 2020. La principal beneficiaria fue ADF (48,9 millones). A su vez, 73% de las donaciones recibidas por ADF vinieron de NCF. También suministró 54% de las donaciones de Focus on the Family (23 millones), 54% de Family Research Council (10,6 millones), 2% de ACLJ (1,6 millones), 2% de Federalist Society (629.350 dólares) y montos menores para los demás. NCF es un fondo designado por los donantes, que permite a estos elegir qué organizaciones son beneficiarias y mantenerse en el anonimato. Es considerada la “mayor fuente de dinero [para] movimientos provida y anti LGBT de los últimos 15 años”.

En una respuesta escrita a nuestros datos, NCF dijo servir a “más de 25.000 donantes [...] para que apoye individualmente sus causas y organizaciones filantrópicas favoritas” y que ha “enviado más de 14.000 millones de dólares en donaciones a más de 70.000 entidades de beneficencia que suministran agua potable a los sedientos, rescatan víctimas de trata [y] traducen la Biblia a nuevos idiomas”. “NCF no desarrolla ni implementa estrategias respecto de cuáles causas o entidades apoyar”, dijo el grupo. “Todas las donaciones se inician por recomendación de nuestros donantes”.

Fidelity Charitable (la mayor entidad benéfica de Estados Unidos, según sus ingresos en 2016) es la financiadora principal de varios de estos grupos conservadores en términos de montos y de cantidad de donaciones. Ha donado un total de 7,9 millones de dólares desde 2016, la mayor parte a Focus on the Family (tres millones), ADF (dos millones) y Federalist Society (1,7 millones).

Fidelity Charitable, el brazo filantrópico del gigante financiero Fidelity Investments, es criticado por ayudar a sus clientes a financiar varias plataformas de extrema derecha. Por ejemplo, la New Century Foundation, un grupo supremacista que fabricó la tesis de que las personas negras son más proclives a la violencia que las blancas, y VDARE Foundation, cuyo líder dijo que “los hispanos se especializan en la violación sexual, en especial de niños”.

La organización dijo en una respuesta escrita que es “una entidad filantrópica neutra respecto de las causas [...] completamente independiente de Fidelity Investments, y sus donaciones no reflejan los puntos de vista ni constituyen una aprobación de Fidelity Charitable o Fidelity Investments”. Fidelity “respalda un programa de donaciones recomendadas por donantes individuales que tienen cuentas de fondos designados por el donante”, agregó. El año pasado, Fidelity “distribuyó más de dos millones de donaciones recomendadas por los donantes a más de 170.000 organizaciones [...] entre ellas [el grupo de salud sexual y reproductiva] Planned Parenthood”, concluyó.

Los hallazgos de Opendemocracy “demuestran una vez más la tendencia creciente de los extremistas religiosos a forjar alianzas transfronterizas para promover [...] argumentos seudolegales e involucrarse en procesos judiciales para deshacer la red de protección de los derechos humanos”, dijo Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Sophie in ‘t Veld, diputada neerlandesa del Parlamento Europeo, dijo: “Los europeos somos demasiado ingenuos si creemos que los logros en derechos para las mujeres y en derechos sexuales y reproductivos son irreversibles”. “El movimiento antiabortista no sólo tiene mucho dinero, también tiene un plan y determinación”, dijo In ‘t Veld. “Europa debe despertar, y debe hacerlo ya”.

Tatev Hovhannisyan, Nandini Archer, Zeynep Sentek y Aaron White contribuyeron a este artículo, que fue publicado originalmente en Opendemocracy.