Las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes representan 50% de la fuerza formal de producción de alimentos en el mundo, según datos de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, siguen sin acceder al derecho y control sobre la tierra que trabajan a diario. Así lo refleja el informe regional Ellas alimentan el mundo, elaborado por la organización We Effect y el medio de comunicación feminista Latfem. De acuerdo con los datos presentados, siete de cada diez mujeres acceden a la tierra para producir alimentos, pero sólo tres de cada diez tienen ese territorio a su nombre.

El documento, presentado de forma virtual el 6 de diciembre, aborda las realidades de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Tiene tres grandes ejes: el acceso a la tierra, el derecho a la alimentación y las situaciones de violencia a las que se enfrentan estas mujeres. El estudio fue realizado durante 2021, por lo que cada una de las temáticas analizadas está atravesada por los impactos de la pandemia.

Para la recopilación de datos se desarrolló una encuesta de preguntas cerradas de múltiple opción a la que respondieron 1.994 mujeres mayores de 18 años (394 en Bolivia, 447 en Colombia, 407 en El Salvador, 397 en Guatemala y 349 en Honduras). Además, para ahondar en aspectos centrales del estudio se hicieron diez entrevistas en profundidad a mujeres rurales, académicas, especialistas y técnicas de We Effect, a la vez que se coordinaron cuatro grupos focales.

Acceso a la tierra

La mayoría de las mujeres consultadas (57%) se dedica a la producción en pequeña escala y para el autoconsumo familiar y comunitario, en tanto 36% produce, además, para la venta. “Estas prácticas no sólo han permitido históricamente garantizar la subsistencia para las mujeres campesinas y sus familias, sino que han impulsado el desarrollo de la agroecología para producir alimentos sanos y seguros, abonando a la construcción de la soberanía alimentaria”, señala el texto.

En los cinco países estudiados, la mayoría de las mujeres accede a la tierra para la producción de alimentos. En El Salvador, 93% de las encuestadas dijo estar en esa situación. Las cifras son de 78% y 77% en Bolivia y Honduras, respectivamente, mientras que disminuyen a 54% en el caso de Guatemala y 43% en Colombia.

Que los porcentajes de acceso a la tierra sean altos “no es sinónimo de titularidad”, aclara el documento, y afirma que las mujeres rurales “siguen expuestas a situaciones de precariedad laboral y otras vulneraciones en sus derechos”. De hecho, 27% de las consultadas aseguró que la falta de acceso a tierra, insumos y asistencia técnica son los “principales conflictos vinculados a la tierra y a la alimentación que tienen en sus países”. Sólo 26% de las mujeres afirmó tener el título de la tierra a su nombre, mientras que la amplia mayoría (73%) únicamente tiene acceso “a menos de una hectárea para producir”, resalta el documento.

Por otra parte, 23% de las consultadas manifestó acceder a la tierra a través de una herencia, el mecanismo de acceso más común entre quienes son dueñas de parcelas de producción. En Bolivia esta cifra alcanzó el 38%, en Guatemala descendió a 24% y en El Salvador a 23%. Las realidades más complejas se registraron en Colombia y Honduras, donde las mujeres que son dueñas de las tierras por herencia alcanzaron el 16% y 14%, respectivamente. El resto de las mujeres –siete de cada diez– debe encontrar otros mecanismos para acceder a la tierra, como alquileres, concesiones, préstamos o compra, entre otros.

La brecha de género en el acceso, control y titularidad de la tierra “impacta directamente en el ejercicio del derecho a la alimentación, la autonomía económica y otros derechos sociales y culturales de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes, cuya labor en la producción de alimentos suele ser invisibilizada al ser considerada como parte de los trabajos de cuidados y reproductivos no remunerados”, apunta el informe.

La falta de titularidad también incide en las posibilidades de las mujeres para obtener créditos y servicios financieros, por no contar con las garantías requeridas, y genera limitaciones en el acceso a mercados nacionales.

Derecho a la alimentación

La pandemia destapó una enorme crisis alimentaria en la región y dejó en evidencia que las grandes empresas multinacionales no garantizan la seguridad alimentaria de todas las personas. En este contexto, las mujeres y niñas fueron de los grupos poblacionales más afectados.

El informe revela que 57% de las mujeres rurales consultadas tuvo dificultades en el acceso a alimentos como consecuencia de la crisis sanitaria. Entre ellas, sólo 7% acudió a autoridades locales o nacionales para solicitar apoyo y 17% aún no pudo resolver la falta de alimento. El resto –la gran mayoría– logró encontrar soluciones por su cuenta o junto a su comunidad, lo que muestra la importancia que tienen las redes de solidaridad en estos contextos.

Bolivia fue el país con un mayor porcentaje de mujeres rurales que expresaron haber tenido estas dificultades en el acceso a alimentos en el marco de la pandemia (22%). Le siguen El Salvador (21%), Colombia (20%), Guatemala (19%) y Honduras (18%).

La falta de recursos económicos propios también representa un obstáculo en el acceso a alimentos. Casi la mitad (44%) de las encuestadas manifestó no contar con ingresos económicos propios y, además, 26% aseguró que no tiene decisión sobre el dinero que obtiene su familia. Entre las mujeres que sí poseen ingresos propios (56%), el gasto en alimentos alcanza el 8%.

El informe también destaca que 68% de las mujeres consultadas considera que “no son tomadas en cuenta como destinatarias de políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación ni el acceso a la tierra”. “Esta situación deja en claro la importancia de que los estados promuevan la soberanía alimentaria y se hagan eco de las propuestas que impulsan las organizaciones campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes en la región”, agrega el documento.

Violencias

En otro de los apartados, el estudio aborda las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres en estos contextos. En ese sentido, asegura que “por su rol como defensoras de la tierra y de los territorios, en muchas ocasiones las mujeres se ven expuestas a amenazas, hostigamientos, criminalización y desplazamientos forzados, entre una larga serie de violencias, incluida la violencia sexual, lo que convierte su activismo socioambiental en luchas de alto riesgo”.

Casi un tercio de las mujeres consultadas en los cinco países (30%) denunció haber sufrido algún tipo de violencia por su rol como defensora de la tierra y los territorios. Entre quienes atravesaron situaciones de violencia o amenazas, 50% manifestó haber percibido “diferencias” en el tipo de violencia ejercida “por ser mujer”.

Más de la mitad (58%) de quienes se enfrentaron a estas situaciones no realizó ninguna denuncia formal y, entre las mujeres que sí lo hicieron, 83% sintió que la denuncia no fue tomada en cuenta. Sólo dos mujeres, en el total de encuestadas, recurrieron a medios de comunicación para hacer pública la situación.

“La falta de denuncia supone un doble conflicto: por un lado, no permite tener la dimensión real de las violencias a las que están expuestas las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes en estos países por su rol como defensoras de la tierra y los territorios y, al mismo tiempo, no permite conocer los motivos por los que las mujeres no denuncian y cómo es su vínculo con el Estado”, sostiene el informe.

El nivel más alto de violencia se registró en Colombia, donde 60% de las encuestadas afirmó haber vivido algún tipo de violencia por su rol como defensoras de la tierra. En el resto de los países, las cifras no alcanzan el 30%: Guatemala (29%), Honduras (27%), Bolivia (26%) y El Salvador (8%).

Historias de lucha

Además de datos estadísticos concretos, el informe recoge los testimonios de mujeres de los distintos países, algunos de los cuales fueron compartidos durante la presentación. Entre ellos, está el de Irma Lidia Granda, integrante de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales del Caribe Colombiano. “La tierra es vida, armonía, tranquilidad, esperanza y sueño, al mismo tiempo que es el medio para producir la alimentación y apostar a la soberanía alimentaria”, comentó la activista. “Es el trabajo colectivo, el tejido social, la estabilidad emocional para las familias; es el arraigo y conservación de la cultura y del ambiente”, agregó.

Desde Honduras, Guadalupe Silva, de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa, manifestó que el acceso a la tierra es un derecho de las mujeres porque son quienes producen y aseguran el alimento para sus familias y comunidades. “Es importante también para el desarrollo de las propias mujeres y del país”, señaló; “la tierra nos da todo lo que necesitamos, nos permite ver nuestro futuro y dejar a nuestras hijas e hijos ese legado”.

Durante la presentación del documento, la periodista Azul Cordo entrevistó a Berta Zúñiga, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) e hija de la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016, y a Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia.

Entre otros aspectos, las activistas hablaron sobre las luchas por el acceso a la tierra que lideran sus organizaciones. En ese sentido, Mendoza dijo que, si bien “la lucha de mujeres y hombres por el reconocimiento de nuestro territorio ancestral ha sido muy larga”, en Bolivia este proceso es “visible” desde 1990. A la vez, resaltó que “las acciones por los derechos de las mujeres en estos espacios son constantes”. “En algunas naciones se ha entendido que debe haber equidad e igualdad, pero en otras hay que seguir trabajando”, enfatizó.

Por su parte, Zúñiga planteó que lograr el acceso a la tierra y el “derecho de posesión” es una de las razones por las que surgió la organización que integra. En esa línea, señaló que el Copinh trabaja en “desafiar el colonialismo instalado y denunciar las invasiones a los pueblos”. Desde sus inicios, en la década de 1990, el organismo planteó las desigualdades que atraviesan los pueblos indígenas en Honduras, pero en especial las mujeres, que “reciben el impacto de esas inequidades de formas más fuertes, no sólo desde las invasiones y agresiones externas”, sino también “internamente en las comunidades”, dijo Zúñiga.

Por su parte, Mendoza aseguró que en Bolivia “se han incrementado los femicidios y situaciones de violencia sexual” en el campo. La activista dijo que, “si bien existe una normativa específica, lastimosamente la Justicia no está de nuestro lado. Frente a estas circunstancias, las mujeres tenemos que seguir empoderándonos, informándonos y apropiarnos de nuestros derechos”.

Sobre este mismo tema, Zúñiga planteó que “frente a las violencias y adversidades” que atraviesan las mujeres, es necesario “trabajar en nuestras espiritualidades para protegernos y abrazarnos, y reivindicar la memoria de nuestras mártires”. “Sabemos que las luchas del movimiento feminista son, a veces, las más complejas y avanzan más lento”, señaló, “pero no estamos en el mismo lugar que cuando empezamos este proceso. Hemos avanzado”.