La pandemia impactó sobre todos los sectores de la sociedad. Las mujeres, que ya tenían como antecedente la desigualdad estructural, fueron las más afectadas. La pérdida de empleo, la informalidad, la sobrecarga de cuidados y la reducción de la autonomía económica son el reflejo de una crisis que impacta en presente e impactará a futuro.

Para hacer frente a este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dará a Uruguay un apoyo económico de 850.000 dólares que se enfocará en la atención de mujeres y jefas de hogar en situación vulnerada, según informó Búsqueda.

Esto es porque Uruguay es uno de los 70 países que recibirán apoyo del Fondo Fiduciario de Respuesta y Recuperación Covid-19, una propuesta creada por la ONU para este momento, que contará con un monto total de 73 millones de dólares.

El argumento para que Uruguay sea uno de los países beneficiarios fue que “pese al relativo control de la pandemia durante el primer año [la selección se hizo en setiembre de 2020], no escapa a la ‘crisis socioeconómica’ que causó”, informó el semanario, en base a un comunicado del organismo. A su vez, como es histórico para la elegibilidad de las financiaciones de cooperación internacional, nuestro país es “un buen laboratorio de políticas públicas para la región”.

La apuesta de este proyecto es “crear condiciones para que las mujeres puedan reinsertarse en el mercado laboral y [para que] accedan a prestaciones sociales que les permitan encaminar su vida hacia un ‘empoderamiento económico’”.

Las contrapartes nacionales de esta iniciativa son el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, la Administración Nacional de Educación Pública y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.

Las líneas estratégicas de este proyecto son: mejorar los sistemas de información del Estado para fortalecer las prestaciones sociales, contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, apoyar el retorno a las instituciones educativas tras las limitaciones en la presencialidad y fortalecer las políticas de protección social en los departamentos de frontera del norte del país.